El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, advirtió este jueves sobre un nuevo intento de golpe de Estado, presuntamente promovido por sectores judiciales que calificó como “corruptos” y encabezados por la fiscal general María Consuelo Porras, quien enfrenta sanciones internacionales por supuestos actos de corrupción.

Desde el Palacio Nacional de la Cultura, Arévalo aseguró que su Gobierno sigue siendo blanco de ataques sistemáticos para socavar el orden constitucional. El mandatario celebró la reciente resolución de la Corte de Constitucionalidad, que anuló una resolución del juez penal Fredy Orellana, la cual pretendía declarar vacante la presidencia de la República. El tribunal también advirtió al juez sobre posibles actos de prevaricato, respaldando así la legitimidad del Ejecutivo.

Arévalo insistió en que los procesos legales en su contra son “espurios” y forman parte de una estrategia de desestabilización del Gobierno. “Hay una articulación de intereses oscuros que buscan entorpecer las acciones del Gobierno”, afirmó.

Asimismo, confirmó que la Corte Suprema de Justicia ya tramita un proceso para evaluar la posible destitución del juez Orellana, medida que el presidente considera procedente, argumentando que “las pruebas son claras”.

Al menos 77 personas consideradas opositoras o críticas del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillopermanecen detenidas en Nicaragua, incluidas 22 personas adultas mayores, según el último informe del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.

De acuerdo con el reporte, 36 de los 77 detenidos están en condición de desaparición forzada, lo que significa que sus familiares desconocen su paradero o situación legal. La información es respaldada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Entre los detenidos hay 12 mujeres y 65 hombres, incluyendo 10 arrestados antes de la crisis social de 2018, que marcó el inicio de la actual situación política en el país. La lista incluye al excomandante sandinista Henry Ruiz, de 81 años, quien permanece bajo arresto domiciliario desde el 8 de marzo, y al general en retiro Álvaro Baltodano Cantarero, exasesor de Ortega.

Otros casos destacados son los líderes indígenas Brooklyn Rivera Bryan, Steadman Fagoth Müller y Nancy Elizabeth Henríquez, así como militares retirados como Carlos Brenes, Víctor Boitano, Aníbal Rivas Reed y Eddie Moisés González Valdivia, además de los periodistas Fabiola Tercero y Leo Cárcamo.

El Mecanismo alertó que la cifra real podría ser mayor, ya que muchas familias temen denunciar por represalias del régimen. Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se intensificó tras las elecciones generales de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, con la mayoría de sus principales opositores encarcelados, expulsados del país o despojados de la nacionalidad por supuestos cargos de “golpismo” y “traición a la patria”.

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CEL

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, denunció este miércoles que sectores de la oposición estarían conspirando para llevar a cabo un golpe electoral de cara a las elecciones del 30 de noviembre, aumentando la tensión en la campaña política.

El fiscal general, Johel Zelaya, cercano al gobierno de izquierda, presentó audios en los que supuestamente la consejera del órgano electoral, Cossette López, el diputado Tomás Zambrano —ambos de la oposición— y un militar no identificado, discuten cómo «alterar el proceso electoral» para perjudicar al partido gobernante Libre.

Castro afirmó en su cuenta de X: «Condeno con absoluta firmeza esta conspiración criminal destinada a provocar un golpe electoral. He instruido a las Fuerzas Armadas a investigar de inmediato la participación de cualquier militar activo». La mandataria también relacionó esta presunta conspiración con los grupos que provocaron el golpe de Estado de 2009 contra su esposo, el expresidente Manuel Zelaya.

En reacción, López y Zambrano calificaron los audios como falsos y manipulados con inteligencia artificial, y rechazaron cualquier intento de vinculación con la supuesta conspiración. Los audios fueron entregados al fiscal por otro integrante del Consejo Nacional Electoral, Marlon Ochoa, representante del partido Libre.

La controversia se suma a la campaña electoral, marcada por un empate técnico entre la candidata oficialista Rixi Moncada (Libre) y los opositores Nasry Asfura (Partido Nacional) y Salvador Nasralla (Partido Liberal). La OEA hizo un llamado a todos los actores políticos para garantizar elecciones pacíficas y transparentes.

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CEL

Unos seis millones de hondureños están convocados a votar el 30 de noviembre, fecha en la que se elegirá presidente, 128 diputados, 298 alcaldes y 20 miembros del Parlamento Centroamericano, sin segunda vuelta presidencial.