Centroamérica
Gobierno propone reformas que endurecen penas hasta 30 años para delincuentes que se trasladan entre municipios

Las reformas propuestas al Código Penal por el Ejecutivo buscan imponer penas de hasta 30 años de prisión para quienes participen en la migración criminal, un fenómeno en el que delincuentes se trasladan entre departamentos para evitar ser identificados y capturados por las autoridades.
El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, explicó que estas reformas están diseñadas para abordar de manera más efectiva la movilidad criminal que durante décadas ha permitido a los delincuentes operar con impunidad al cambiar de ubicación para cometer delitos. La intención es dificultar que los delincuentes cometan hurtos y robos en áreas distintas a las de su residencia para eludir el reconocimiento y la persecución.
El proyecto de reforma estipula que cometer un delito patrimonial en un domicilio diferente al de residencia del delincuente agravará la pena. Además, se impondrá una pena más severa si el delito ocurre en espacios públicos o en unidades de transporte colectivo. Villatoro subrayó que el Gobierno no tolerará la delincuencia en espacios abiertos y medios de transporte.
Las reformas abarcan cambios significativos tanto en el Código Penal como en el Código Procesal Penal, especialmente en lo que respecta a los delitos patrimoniales. Además del aumento en las penas, se introducirán medidas para combatir tácticas dilatorias utilizadas por defensores legales desde 1998, que han prolongado el proceso judicial con el fin de evitar la ejecución de sentencias. Estas tácticas han incluido la presentación de apelaciones o casaciones justo antes de que las sentencias se hicieran firmes, lo que frecuentemente resultaba en la liberación de los condenados debido a plazos procesales no cumplidos.
Con las reformas, el Ejecutivo busca reducir la impunidad permitida por las lagunas en los códigos actuales y asegurar que los delincuentes enfrenten las consecuencias de sus acciones sin demoras indebidas.
Centroamérica
El Salvador suma 17 días consecutivos sin homicidios en agosto

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó que el martes 19 de agosto de 2025 se cerró la jornada sin homicidios en todo el país, acumulando 17 días consecutivos de cero muertes violentas en el mes de agosto.
Estos resultados se suman a los 29 días sin homicidios reportados en julio, así como a las 25 jornadas de junio y mayo, 22 en marzo, 26 en febrero y 25 en enero, alcanzando un total de 193 días sin homicidios en lo que va de 2025.
El logro se atribuye al Plan Control Territorial y al régimen de excepción, vigente desde el 27 de marzo de 2022, mediante el cual más de 86,000 pandilleros y colaboradores han sido capturados y procesados por agrupaciones ilícitas.
La tasa de homicidios en El Salvador ha tenido una drástica disminución, pasando de 106.3 por cada 100,000 habitantes en 2015 a 1.9 al cierre de 2024. Las proyecciones para 2025 apuntan a cerrar con menos de un homicidio por cada 100,000 habitantes.
Centroamérica
El Salvador suma 16 días sin homicidios en agosto y alcanza 192 en 2025

El Salvador continúa acumulando jornadas sin homicidios en el mes de agosto de 2025, de acuerdo con los registros publicados por la Policía Nacional Civil (PNC) durante la madrugada de este martes.
Según la institución, el lunes 18 de agosto cerró con cero homicidios a nivel nacional, lo que eleva a 16 el número de días sin muertes violentas en lo que va del mes.
Estos resultados se suman a los 29 días sin homicidios reportados en julio, los 25 registrados en junio, mayo y abril, los 22 en marzo, así como las 26 jornadas de febrero y 25 de enero, alcanzando un total de 192 en lo que va de 2025.
Asimismo, la PNC detalló que, durante la gestión del presidente Nayib Bukele, el país acumula 986 días sin homicidios, de los cuales 876 corresponden al periodo en que se mantiene vigente el régimen de excepción.
Centroamérica
Gobierno dará apoyo financiero a afectados de Tutunichapa 1 mientras avanzan obras de mitigación

El director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, anunció la restricción de uso habitacional en la comunidad Tutunichapa 1, tras los daños ocasionados por las intensas lluvias registradas entre la noche del 15 de agosto y la madrugada del 16.
La emergencia afectó a 130 viviendas, principalmente en su sistema eléctrico, según informó la ministra de Vivienda, Michelle Sol. Amaya subrayó que la medida preventiva busca resguardar la vida de las familias y evitar que permanezcan en una zona de alto riesgo.
Además, explicó que la declaratoria permitirá al Ministerio de Obras Públicas realizar estudios para determinar el nivel de vulnerabilidad de la comunidad y ejecutar obras de mitigación. Estas incluyen el reforzamiento de muros de contención, la construcción de emplantillado en el cauce de la quebrada y su ensanchamiento, con el objetivo de mejorar la capacidad hidráulica en el área.
La ministra Sol detalló que el plan contempla el desalojo temporal de las familias y que el Gobierno, a través del presidente Nayib Bukele, otorgará un subsidio de $300 mensuales por 12 meses, prorrogables según la duración de los trabajos.
“Las familias pueden decidir cómo utilizar el apoyo: ya sea para alquilar una vivienda o compartir gastos con parientes que los reciban”, precisó Sol, quien exhortó a los habitantes a desalojar la zona para permitir la ejecución de las obras que buscan garantizar la seguridad de la comunidad.
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