La Fiscalía General de Costa Rica presentó este lunes una acusación formal contra el presidente del país, Rodrigo Chaves, por presunta concusión, un delito relacionado con el abuso de sus funciones públicas. El caso involucra contrataciones de servicios de comunicación para el Gobierno mediante fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Este delito se sanciona con penas de 2 a 8 años de prisión y se aplica a funcionarios públicos que, en abuso de su poder, obliguen o induzcan a alguien a dar o prometer indebidamente bienes o beneficios patrimoniales para sí mismos o para un tercero, explicó la Fiscalía en un comunicado.

La acusación fue presentada ante la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia por el fiscal general, Carlo Díaz, quien detalló que la Corte deberá evaluar si remite el caso al Congreso para considerar el levantamiento de la inmunidad del mandatario. El Congreso decidirá si se procede con una posible investigación.

La Fiscalía precisó que la investigación se refiere a la contratación de la empresa RMC La Productora S.A., que aparentemente fue elegida a medida para proporcionar servicios de comunicación, mercadeo, consultoría estratégica y producción de mensajes para la Presidencia de la República durante el período 2022-2026.

El presidente Nayib Bukele anunció la llegada de los primeros 238 miembros de la organización criminal venezolana Tren de Aragua al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), como parte de un acuerdo con Estados Unidos.

A través de sus redes sociales, Bukele detalló que estos reclusos permanecerán en el país por un año, con posibilidad de renovación. Asimismo, señaló que el gobierno estadounidense pagará una tarifa por su reclusión, la cual, según el mandatario, es baja para EE.UU. pero alta para El Salvador.

El presidente también destacó que esta medida contribuirá a la autosostenibilidad del sistema penitenciario salvadoreño, sumándose a los esfuerzos del programa Ocio Cero, en el que más de 40,000 reclusos participan en talleres y labores productivas. Actualmente, el mantenimiento del sistema carcelario tiene un costo anual de $200 millones.

Además, Bukele informó que Estados Unidos ha deportado a 23 miembros de la MS-13 que eran buscados por la justicia salvadoreña, incluyendo a dos cabecillas. Uno de ellos pertenece a la cúpula más alta de la estructura criminal.

«Esto nos permitirá fortalecer la inteligencia y desmantelar los últimos remanentes de la MS-13, incluyendo a sus miembros activos, bienes, armas, drogas, escondites y colaboradores», afirmó el mandatario. También subrayó que esta acción no solo refuerza la lucha contra el crimen organizado, sino que ayuda a los aliados de El Salvador, garantiza la autosuficiencia penitenciaria y proporciona información clave para continuar mejorando la seguridad en el país.

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CEL

Por su parte, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, confirmó la deportación de los pandilleros y la transferencia de los miembros del Tren de Aragua, asegurando que El Salvador «se comprometió a mantenerlos en sus excelentes cárceles a un precio justo».

La diputada de ARENA, Marcela Villatoro, lanzó un enérgico mensaje a su colega del partido VAMOS, Claudia Ortiz, en respuesta a unas declaraciones hechas por esta última en un programa televisivo. Ortiz había indicado que, en la Asamblea Legislativa, ella se enfrentaba sola a 59 diputados, incluidos dos de su mismo partido.

Villatoro cuestionó esa postura, calificándola de errónea y señalando que «es el peor error que alguien puede cometer», refiriéndose a que nadie puede autoproclamarse como la salvadora de la oposición. Según Villatoro, la oposición no se limita a una sola persona, sino que está conformada por diversos líderes comunales, de la sociedad civil y de gremiales, quienes también se oponen al Gobierno.

Desde el inicio del actual período legislativo, los partidos ARENA y VAMOS, los únicos en la oposición, han seguido caminos diferentes en cuanto a argumentación y votación durante las sesiones plenarias.

Villatoro enfatizó que la oposición no debe ser percibida como una fuerza que se opone a todo por sistema, sino que debe actuar de manera constructiva. Es importante destacar que ARENA y VAMOS no han apoyado las estrategias de seguridad del Ejecutivo, a pesar de que estas han demostrado ser exitosas según sus defensores.