Internacionales
A tres años de la toma de Kabul, Afganistán sufre bajo el dominio talibán
Tres años después de que los talibanes tomaran el control de Kabul, Afganistán sigue siendo un país asediado, atrapado en una situación de inseguridad y represión. Aunque los fundamentalistas prometieron traer paz tras dos décadas de conflicto, el país continúa sufriendo violaciones de derechos humanos, especialmente contra las mujeres, en medio de denuncias de tortura y ejecuciones.
«La guerra terminó en términos de enfrentamientos entre los talibanes y las fuerzas estadounidenses y afganas, pero eso no significa que se haya alcanzado la seguridad ni la paz», explicó a EFE el analista político Azizullah Marij.
Los talibanes entraron en la capital afgana el 15 de agosto de 2021, poniendo fin a veinte años de guerra con el antiguo Gobierno respaldado por Estados Unidos, bajo la promesa de que su llegada traería estabilidad al país. Sin embargo, la realidad ha sido muy diferente.
Ejecuciones Extrajudiciales y Torturas Persisten
Desde la toma de poder, Afganistán ha sido testigo de una serie de abusos, incluidas ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones en nombre de la seguridad, sin que exista un mecanismo legal para presentar quejas. Este clima de terror ha generado un ambiente de miedo, especialmente entre los funcionarios del antiguo gobierno, que temen las represalias de los talibanes.
En los últimos tres años, la misión de la ONU en Afganistán (UNAMA) ha documentado más de 800 casos de ejecuciones extrajudiciales, arrestos y detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas contra individuos vinculados al antiguo régimen.
Además, el gobierno talibán ha retomado las ejecuciones públicas, una práctica común durante su primer régimen entre 1996 y 2001. Estos actos, realizados en estadios frente a multitudes, se justifican bajo una interpretación estricta de la Sharia, la ley islámica, y buscan imponer el miedo y el control sobre la población.
Afganistán: Un País en Rehén
El analista político Ahmad Sayeed Saeedi señaló que los talibanes han «tomado como rehenes al pueblo afgano» y han instaurado un régimen de miedo y desilusión en la nación. Su interpretación extrema de la Sharia ha resultado en medidas draconianas, como la prohibición a las mujeres de estudiar, trabajar o salir sin un acompañante masculino, recordando las duras restricciones de su primer mandato.
El ascenso al poder de los talibanes también llevó a la retirada de todo el personal diplomático extranjero de Kabul y a la suspensión de la ayuda económica internacional, agravando la crisis humanitaria y económica del país. La población afgana vive sumida en la pobreza y el desempleo, sin un plan claro de cómo el gobierno talibán pretende ganar el reconocimiento internacional o aliviar las penurias de sus ciudadanos.
Represión y Cierre de Medios de Comunicación
El régimen talibán también ha impuesto estrictas restricciones a la libertad de prensa, lo que ha resultado en el cierre de la mayoría de los medios de comunicación que operaban antes de su llegada al poder. Los periodistas que siguen trabajando en Afganistán lo hacen bajo una vigilancia constante, enfrentando amenazas de arresto o desaparición si no se adhieren a las líneas dictadas por el gobierno.
El analista militar Ahmad Andar advierte que la represión talibana podría causar un retroceso en la seguridad del país si no se gestiona adecuadamente. «La falta de una gobernanza legítima alineada con los requisitos de la nación, la ausencia de la Loya Jirga (asamblea de líderes tribales), y la falta de inclusión y compromiso con la comunidad internacional ponen en peligro el futuro de Afganistán», declaró a EFE.
A pesar de la represión interna, los talibanes han visto signos de respaldo internacional en los últimos meses. China nombró a un embajador en Kabul en diciembre, y en junio, Rusia expresó su apoyo al reconocimiento del régimen talibán, un paso que podría legitimar su gobierno en la escena global.
Internacionales
Violencia en México repunta: sube la tasa de homicidios tras tres años de descensos
La tasa de homicidios en México cerró 2024 en 25,6 por cada 100.000 habitantes, rompiendo una racha de tres años consecutivos de descensos y marcando los últimos nueve meses del mandato de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), según datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El índice fue superior al de 24 por cada 100.000 reportado en 2023, aunque se mantuvo por debajo de las cifras de 2022 (26), 2021 (28) y de los años 2018, 2019 y 2020, cuando alcanzó 29 homicidios por cada 100.000 habitantes, el nivel más alto registrado en la historia reciente del país.
El Inegi reportó además un aumento anual del 6,7 % en el número absoluto de asesinatos, con 33.241 casos en 2024, frente a los 31.062 del año anterior. Sin embargo, esta cifra sigue siendo ligeramente inferior a los 33.287 homicidios de 2022 y está por debajo de los picos registrados en 2020 (36.773), 2019 (36.661) y 2018 (36.685).
En total, México acumuló 206.724 homicidios en los últimos seis años, la mayoría durante el sexenio de López Obrador, quien asumió la presidencia el 1 de diciembre de 2018 y dejó el cargo el 1 de octubre de 2024, cuando fue sucedida por Claudia Sheinbaum.
A diferencia de los datos del Gobierno, que se basan en carpetas de investigación de las fiscalías, las estadísticas del Inegi provienen de registros administrativos de defunciones de los estados, incluyendo 321 oficialías del Registro Civil, 105 servicios médicos forenses y 236 agencias del Ministerio Público.
Internacionales
Trump concede a México 90 días más antes de la nueva subida arancelaria
México obtuvo un respiro luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara un aplazamiento de 90 días en la subida de aranceles, a pocas horas de que venciera el plazo para negociar acuerdos comerciales con Washington.
Mientras economías como Brasil e India no lograron pactar con la Casa Blanca para evitar los nuevos gravámenes, Trump optó por dar un margen a México tras lo que calificó como una “conversación telefónica muy exitosa” con su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum.
“Hemos acordado extender por 90 días exactamente el mismo acuerdo, con miras a firmar un trato dentro de ese plazo, o incluso más”, escribió el mandatario en su red Truth Social.
Pese a la prórroga, México continuará pagando el 25 % de arancel que Trump impuso como medida de presión para combatir el tráfico de fentanilo, así como el 25 % a los automóviles y autopartes que no se produzcan en EE. UU., el 50 % al acero y aluminio y, a partir de este viernes, un 50 % al cobre.
Trump, de 79 años, advirtió que la nueva fecha límite, el 1.º de agosto, será “inaplazable”, aunque dejó abierta la posibilidad de un acuerdo “dentro o incluso después” de los 90 días, con la mira puesta en imponer un “nuevo orden comercial mundial”.
Centroamérica
Cancillería firma acuerdo con Labormex para ampliar empleos temporales en EE. UU.
La canciller de El Salvador, Alexandra Hill Tinoco, firmó un acuerdo con la reclutadora estadounidense Labormex para ampliar las oportunidades laborales de los salvadoreños en el exterior a través del programa de Movilidad Laboral, que impulsa el Gobierno salvadoreño en colaboración con Estados Unidos.
Con esta alianza, la empresa seleccionará a personas con diferentes talentos y experiencias registradas en el programa, de acuerdo con la demanda de compañías estadounidenses que visiten el país en busca de trabajadores calificados.
El vicepresidente de Relaciones Gubernamentales y Asocio Estratégico de Labormex, Brian Gannon, destacó que la iniciativa es “un avance enorme en la forma en que los gobiernos pueden apoyar a sus ciudadanos y, al mismo tiempo, resolver los desafíos laborales para los empleadores internacionales”.
Por su parte, la ministra Hill Tinoco afirmó que este esfuerzo refuerza el compromiso de El Salvador con una migración segura, ordenada y regular, en beneficio de la población.
Desde su creación en 2021, el programa de Movilidad Laboral ha permitido la contratación temporal en Estados Unidos de más de 17,500 salvadoreños en sectores como pesca, construcción, hostelería, servicios al cliente y agricultura.
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