Internacionales
Investigación sobre violencia estatal en México podría llegar a la Corte Penal Internacional

El libro Permiso para matar documenta 1.850 asesinatos y desapariciones forzadas cometidas por fuerzas de seguridad mexicanas contra civiles desde el inicio de la ‘Guerra contra el narco’ en 2006. Los autores de la obra, Daniel Moreno, Paris Martínez y Jacobo Dayán, buscan llevar esta evidencia a la Corte Penal Internacional (CPI), según declararon en una entrevista con EFE.
“Que el libro llegue a la Corte Penal Internacional es para nosotros la mejor forma de culminar la investigación. Creemos que contiene la información necesaria para que la CPI agilice el análisis del caso mexicano y examine lo que tres gobiernos han hecho en contra de la población civil”, señaló Moreno.
Atropellos en México
La investigación se centra en las víctimas de la violencia estatal desde que el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) inició la ‘Guerra contra el narco’, y continúa hasta la actual administración de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), donde los abusos persisten.
Moreno destacó que la motivación para publicar esta investigación proviene de la necesidad de recuperar la memoria en un país donde la violencia estatal ha dejado cicatrices profundas. Además, los autores buscan ofrecer acompañamiento a los familiares de las víctimas, brindándoles información sobre el destino de sus seres queridos, muchos de los cuales siguen desaparecidos o muertos sin que se conozca la verdad.
Tres gobiernos, una misma política
Según Moreno, los tres últimos gobiernos mexicanos han mantenido esencialmente la misma estrategia de seguridad, permitiendo la impunidad de los mandos responsables de asesinatos y desapariciones de inocentes. Aunque reconoce diferencias menores entre las administraciones, como el impulso de la Policía Federal bajo Enrique Peña Nieto (2012-2018) y la creación de la Guardia Nacional por López Obrador, el experto subraya la continuidad de la impunidad.
Por su parte, Martínez advirtió sobre las diversas formas de violencia en la actualidad, incluyendo la complicidad entre el Estado y el crimen organizado, lo que ha llevado a la entrega de territorios al narcotráfico a cambio de mantener la calma y reducir las cifras oficiales de homicidios, que ya superan los 170.000 bajo el mandato de López Obrador.
Estado de excepción
Martínez describió la situación en México como un “Estado de excepción”, en el que las autoridades han decidido conscientemente ignorar su obligación de respetar los derechos constitucionales. Citó ejemplos en Guerrero y Chiapas, donde el Estado mexicano tiene poca o ninguna presencia, y los líderes del narcotráfico ejercen el control.
El libro revela que los 1.850 casos de desapariciones forzadas y homicidios documentados son parte de una estrategia sistémica que las autoridades han implementado, no solo en favor de sus intereses, sino también en beneficio de intereses criminales. Esta es la realidad que los autores esperan que la CPI reconozca.
Asesinatos con impunidad en México
Moreno denunció que la impunidad sigue siendo la norma en México, con nueve de cada diez homicidios quedando sin resolver. En el último sexenio, no ha habido una estrategia efectiva para frenar esta tendencia.
Los autores también criticaron la manipulación de las informaciones oficiales, que a menudo minimizan o distorsionan los enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y civiles que resultan en muertes.
“En muchos casos, solo se emiten comunicados breves que afirman que un grupo de policías se enfrentó con delincuentes y se desató un tiroteo”, comentó Moreno, cuestionando irónicamente la eficiencia del Ejército, ya que las bajas siempre parecen estar de un solo lado.
Los escritores reconocieron que su investigación probablemente se quede corta en cuanto a las cifras documentadas, en un país donde en 18 años se han registrado al menos 400.000 asesinatos.
Internacionales
Muere jefe de inteligencia iraní en ataque israelí, según medios estatales

Mohammad Kazemi, jefe de inteligencia de los Guardianes de la Revolución —el poderoso brazo armado ideológico de la República Islámica de Irán—, murió este domingo durante un bombardeo israelí, según informó la agencia estatal IRNA.
Junto a Kazemi, también perdieron la vida otros dos altos oficiales: Hasan Mohaghegh y Mohsen Bagheri. “Tres generales de inteligencia, Mohammad Kazemi, Hasan Mohaghegh y Mohsen Bagheri fueron asesinados y cayeron como mártires”, indicó un comunicado de los Guardianes de la Revolución citado por IRNA.
La muerte de Kazemi representa un golpe significativo para la estructura de inteligencia iraní en medio de la creciente escalada militar con Israel, que ya entra en su tercer día consecutivo de enfrentamientos.
Internacionales
Netanyahu amenaza a Irán tras ataque mortal: “Pagará un precio muy alto”

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, lanzó este domingo una dura advertencia a Irán, asegurando que su país responderá con contundencia por el ataque con misiles que dejó al menos 10 civiles muertos en territorio israelí.
«Irán pagará un precio muy alto por el asesinato premeditado de civiles, mujeres y niños», afirmó Netanyahu durante una visita a Bat Yam, al sur de Tel Aviv, una de las zonas afectadas por el bombardeo. El mensaje fue difundido en video por su oficina oficial.
En respuesta, el ejército israelí intensificó sus operaciones con nuevos bombardeos sobre instalaciones militares y nucleares en territorio iraní, además de atacar depósitos de combustible en varias ciudades del país persa. Estos ataques marcan el tercer día consecutivo de un conflicto sin precedentes entre ambos rivales históricos.
La ofensiva israelí se produce tras la ofensiva nocturna de Irán, que lanzó una lluvia de misiles sobre suelo israelí, provocando la muerte de al menos 10 personas, según reportes oficiales. La tensión en Oriente Medio escala rápidamente en medio de crecientes temores internacionales por una guerra regional abierta.
Centroamérica
Costa Rica y Ecuador replican el modelo Cecot ante el auge del crimen organizado

Costa Rica y Ecuador avanzan en la construcción de nuevas cárceles con capacidad para albergar hasta 5,000 reclusos, inspiradas en el modelo salvadoreño del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel impulsada por el gobierno del presidente Nayib Bukele como parte de su estrategia de combate a las pandillas.
El Cecot, inaugurado como parte del Plan Control Territorial y reforzado con el régimen de excepción desde marzo de 2022, tiene capacidad para 40,000 internos y actualmente aloja a más de 15,000 pandilleros de alta peligrosidad pertenecientes a diversas estructuras criminales.
La decisión de replicar este modelo responde al aumento sostenido de la violencia en ambos países. En el caso de Costa Rica, el 2024 cerró con 880 homicidios, una cifra sin precedentes en su historia reciente y una tasa de 16.6 por cada 100,000 habitantes, según datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
El informe detalla que el 70 % de estos asesinatos se relacionan con ajustes de cuentas entre bandas dedicadas al narcotráfico. Además, el 41 % de las víctimas eran personas menores de 30 años, entre ellos 38 menores de edad. Las provincias costeras del Caribe y el Pacífico han sido señaladas como las zonas más afectadas, debido al ingreso de cargamentos de droga provenientes del sur del continente.
Frente a este escenario, tanto el gobierno costarricense como el ecuatoriano han enviado delegaciones a El Salvador para conocer de cerca la experiencia salvadoreña en materia de seguridad y control penitenciario, con el objetivo de implementar medidas similares que permitan contener la escalada de criminalidad.
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