La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, declaró este lunes como «secreto de Estado» la información relacionada con las entidades responsables de la seguridad pública, argumentando que existe un riesgo creciente de infiltración por parte del crimen organizado y un aumento de la violencia en el país.

La medida se adopta en medio de una creciente tensión entre el Poder Ejecutivo y el Judicial, así como tras la filtración de un documento interno de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional que identificó a 116 policías presuntamente vinculados con organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, trata de migrantes y contrabando de alcohol.

Fernández, quien asumió la Presidencia en mayo, también impulsa una reforma del sistema de justicia, al que acusa de no responder de manera efectiva al avance de la violencia asociada con el crimen organizado.

El decreto, publicado en el diario oficial La Gaceta, establece como «secretos de Estado» la información, documentos y archivos del Consejo Nacional de Seguridad Pública, la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional y el grupo interinstitucional denominado «Fuerza Élite».

La disposición también incluye cualquier otra coordinación relacionada con la seguridad y defensa del Estado que sea dirigida por la Presidencia de la República.

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Entre la información protegida se encuentran datos relacionados con operaciones contra la delincuencia organizada, estrategias policiales de prospección y despliegue, capacidades operativas, procedimientos especiales y recursos tecnológicos, entre otros aspectos.

El Gobierno argumenta que la restricción busca proteger la estrategia nacional de seguridad y evitar que información sensible llegue a manos de organizaciones criminales.

Según el decreto, la divulgación de estos datos «puede comprometer operaciones en curso o futuras», por lo que las autoridades consideran necesario limitar su acceso público.

La decisión ocurre en un contexto de creciente preocupación por la penetración del crimen organizado en instituciones públicas y mientras el Gobierno busca fortalecer sus mecanismos de seguridad frente al aumento de la violencia.

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La comisión política de la Asamblea Legislativa inició el proceso de entrevistas a los candidatos que aspiran a ocupar la presidencia y las magistraturas primera y segunda de la Corte de Cuentas de la República (CCR).

Los diputados deberán seleccionar a los tres funcionarios de un listado compuesto por 18 profesionales que buscan ocupar los cargos de elección de segundo grado.

Durante la primera jornada de entrevistas fueron evaluados Édgar Eliseo Alvarenga Funes, Walter Salvador Sosa Funes, actual presidente de la CCR; Karla Gabriela Siliézar Liévano; Julio Guillermo Bendek Panameño, actual primer magistrado de la institución; y Sigfredo Alexis Ventura Bonilla.

La comisión política ha programado cuatro jornadas de entrevistas para conocer los perfiles y propuestas de los aspirantes. Los nuevos funcionarios deberán ser electos a más tardar el 27 de agosto de 2026.

El periodo de funciones de los nuevos magistrados se extenderá del 28 de agosto de 2026 al 27 de agosto de 2029.

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Los funcionarios permanecerán tres años en sus cargos una vez rindan la protesta de ley ante la Asamblea Legislativa. Para concretar los nombramientos se requiere el respaldo de al menos 31 diputados.

La comisión política tiene la responsabilidad de desarrollar un proceso que, de acuerdo con los lineamientos establecidos, debe ser «serio, transparente y objetivo», mediante la evaluación de los perfiles de los candidatos y la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Constitución de la República.

La Corte de Cuentas es el organismo encargado de fiscalizar la administración de los recursos públicos, por lo que la elección de sus principales autoridades constituye uno de los procesos de segundo grado que corresponde realizar a la Asamblea Legislativa.

Las reservas internacionales netas de El Salvador alcanzaron los $5,097.83 millones al cierre de julio de 2026, según datos del Banco Central de Reserva (BCR).

El saldo representa un incremento de 13.6 % respecto a diciembre de 2025, cuando las reservas se situaron en $4,484.49 millones. En términos absolutos, el aumento acumulado durante los primeros siete meses de 2026 fue de $613.34 millones.

¿Qué son las reservas internacionales?

De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), las reservas internacionales están constituidas por activos externos que se encuentran a disposición inmediata y bajo el control de las autoridades monetarias.

Estos activos pueden utilizarse para atender necesidades de financiamiento de la balanza de pagos, intervenir en los mercados cambiarios para influir sobre el tipo de cambio y responder a otras necesidades financieras de las autoridades.

Así se comportaron las reservas durante 2026

Los datos del BCR muestran variaciones en el nivel de las reservas durante los primeros siete meses del año.

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En enero se registró una reducción de $2.48 millones. En febrero, las reservas aumentaron $50.07 millones, mientras que en marzo el incremento fue de $99.48 millones.

El mayor aumento mensual del período se produjo en abril, cuando las reservas crecieron $474.57 millones. En mayo, sin embargo, registraron una disminución de $87.17 millones.

Durante junio se produjo nuevamente un incremento, esta vez de $148.47 millones, mientras que en julio las reservas disminuyeron $69.6 millones.

Pese a estas variaciones mensuales, el saldo acumulado pasó de $4,484.49 millones al cierre de 2025 a $5,097.83 millones al finalizar julio de 2026.

¿Qué incluyen las reservas?

Según los datos del Banco Central, $5,206.14 millones corresponden a reservas de moneda extranjera, mientras que el componente de oro asciende a $271.40 millones.

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El nivel de las reservas internacionales también forma parte de los compromisos contemplados en el acuerdo alcanzado entre El Salvador y el Fondo Monetario Internacional.

El programa, por un monto de $1,400 millones, incluye medidas orientadas al fortalecimiento de las reservas. Según el FMI, uno de los objetivos del acuerdo es «reforzar la sostenibilidad fiscal y externa» mediante un plan de consolidación fiscal y medidas destinadas a fortalecer las reservas.

De esta manera, entre diciembre de 2025 y julio de 2026, las reservas internacionales netas de El Salvador aumentaron $613.34 millones, equivalente a un crecimiento acumulado de 13.6 %, de acuerdo con las cifras oficiales.