El Gobierno del presidente Nayib Bukele invertirá $195 millones para continuar con la modernización del Aeropuerto Internacional de El Salvador Óscar Arnulfo Romero (AIES), tras la aprobación en la Asamblea Legislativa de un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La iniciativa fue avalada con 57 votos, sin el acompañamiento de los partidos ARENA y VAMOS, y forma parte de la estrategia gubernamental orientada a fortalecer la infraestructura aeronáutica del país y a impulsar el desarrollo económico.

De acuerdo con el decreto aprobado, los recursos permitirán mejorar la calidad de los servicios aeroportuarios, así como reforzar la capacidad institucional para la planificación, operación y gestión del transporte aéreo de pasajeros. El Ejecutivo señaló que estas acciones contribuirán a incrementar la conectividad del país y a dinamizar el sector turístico.

El turismo se ha consolidado como una de las actividades económicas con mayor crecimiento en los últimos años, y las autoridades prevén que el país cierre el año con un nuevo aumento en la llegada de turistas internacionales.

El contrato de préstamo con el BID establece un plazo de hasta 23 años para su pago, con un período de gracia de 90 meses antes de iniciar la amortización. Los fondos estarán destinados exclusivamente a financiar las obras y acciones contempladas en el programa de modernización del AIES.

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El financiamiento fue autorizado luego de que la comisión de Hacienda emitiera dictamen favorable, conocido por el pleno legislativo durante la sesión de ayer.

Esta inversión se suma a otros esfuerzos del Ejecutivo para fortalecer la infraestructura aeroportuaria. El pasado martes, el presidente Bukele participó junto a empresarios privados en la colocación de la primera piedra de AirCity, proyecto que se desarrollará en el AIES y que se convertirá en la primera zona franca aeroportuaria de Centroamérica.

La Asamblea Legislativa aprobó este martes, sin los votos de los partidos ARENA y VAMOS, la Ley del Presupuesto General del Estado y Presupuestos Especiales, así como la Ley de Salarios correspondientes al Ejercicio Fiscal 2026. La votación confirma la estrategia del Gobierno del presidente Nayib Bukele de priorizar la inversión social y fortalecer el crecimiento y el desarrollo económico del país.

El plan de gastos asciende a $10,555.5 millones, con ingresos corrientes estimados en $8,950.6 millones, y fue respaldado por los diputados de Nuevas Ideas, PCN y PDC. El monto aprobado representa un incremento de $892.6 millones en comparación con el presupuesto vigente para 2025.

El Ministerio de Educación contará con $1,683.4 millones, lo que supone un aumento del 9.3 % respecto al año anterior. De ese total, $170.5 millones se destinarán al programa Crecer y Aprender Juntos: Desarrollo Integral de la Primera Infancia, enfocado en la formación continua de docentes de educación inicial y parvularia, la entrega de materiales pedagógicos y la mejora de la infraestructura educativa a nivel nacional.

Asimismo, la cartera de Educación ejecutará $100 millones para la construcción y remodelación de centros escolares a través del programa presidencial Dos Escuelas por Día. Recientemente, el presidente Bukele inauguró de forma simultánea 70 centros educativos como parte de esta iniciativa.

Por su parte, el Ministerio de Salud tendrá asignados $1,345.5 millones, con un incremento del 14.1 % frente al presupuesto actual. Entre los principales destinos de estos recursos figuran $262.5 millones para la adquisición de medicamentos, insumos médicos y vacunas en la red hospitalaria pública, así como $106.9 millones para el fortalecimiento del Sistema de Telemedicina, mediante la plataforma DoctorSV.

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En los ramos de Seguridad y Defensa, el presupuesto aprobado es de $1,037.2 millones, lo que representa un aumento del 14.8 % en relación con 2025. Estos fondos permitirán continuar con la consolidación del Plan Control Territorial, incluyendo la dotación de uniformes, equipamiento, flota vehicular, mejoras en infraestructura policial y el otorgamiento de bonos mensuales y trimestrales al personal operativo y administrativo.

El presupuesto también contempla $238.7 millones para subsidios dirigidos a la población. De ese monto, $114.6 millones serán para el subsidio al gas licuado de petróleo, $60 millones para el transporte público y $64.1 millones para el subsidio de energía eléctrica.

En el área agropecuaria, se asignaron $52 millones para la entrega del bono agrícola y $60.9 millones para dar continuidad al programa de agromercados a escala nacional.

El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, recientemente indultado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mientras cumplía una condena por narcotráfico en ese país, negó este martes que tenga planes de regresar a territorio hondureño.

La presidenta saliente, Xiomara Castro, denunció a través de la red social X que Hernández estaría «planificando su ingreso al país para proclamar al ganador de las elecciones» presidenciales celebradas el pasado 30 de noviembre, cuyos resultados definitivos permanecen en suspenso debido a la revisión de actas con presuntas inconsistencias.

Ante estas acusaciones, Hernández respondió en la misma plataforma que «no existe ningún plan de ingreso al país». El exmandatario cumplía una pena de 45 años de prisión por tráfico de cocaína hacia Estados Unidos antes de recibir el indulto.

En el actual proceso electoral, el candidato Nasry Asfura, del mismo partido político que Hernández y respaldado por Trump, encabeza el conteo con una ventaja inferior a dos puntos porcentuales sobre su rival, el también derechista Salvador Nasralla.

Castro advirtió que «está en marcha una agresión orientada a romper el orden constitucional y democrático mediante un golpe» contra su gobierno. Desde hace varios días, la mandataria denuncia un supuesto “golpe electoral”, atribuido a la «injerencia» del presidente estadounidense y a la «manipulación» de los resultados.

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Hernández, quien gobernó Honduras entre 2014 y 2022, reiteró que no tiene «intención de regresar a Honduras en este momento», al considerar que su seguridad y la de su familia «estarían en grave riesgo» debido a lo que calificó como una «persecución política» y una «instrumentalización de la justicia».