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Centroamérica

Acuerdo pone fin a huelga docente en Panamá después de meses de tensión

Acuerdo pone fin a huelga docente en Panamá después de meses de tensión
Foto: EFE

4 de diciembre | Redacción |

Tras más de un mes de tensiones que afectaron a unos 800.000 alumnos en Panamá, los gremios de docentes del sector público llegaron a un acuerdo con el Ministerio de Educación (Meduca) el pasado sábado para poner fin a la huelga que se inició el 23 de octubre de 2023. La medida de presión tenía como objetivo expresar el rechazo al contrato ley entre el Estado y Minera Panamá, filial de First Quantum Minerals (FQM).

El convenio, alcanzado en la madrugada del sábado, establece el fin de la huelga desde la fecha de la firma del acuerdo. Según el documento, los docentes deberán regresar a los centros educativos para reiniciar las clases. Aquellos que laboran en áreas de difícil acceso volverán gradualmente el 4 de diciembre, con el objetivo de concluir el ciclo escolar el 29 de diciembre.

El acuerdo también incluye la devolución íntegra de los salarios retenidos a los educadores, una medida que las autoridades panameñas habían adoptado como una táctica de presión para incentivar el retorno a las aulas. Además, los gremios docentes serán incorporados como observadores en el proceso de cierre ordenado de la mina.

La Corte Suprema de Justicia declaró la semana pasada inconstitucional el contrato ley que renovó la concesión para la explotación de Cobre Panamá, operada por Minera Panamá, por 20 años prorrogables. El fallo, que se emitió el lunes y se dio a conocer el martes, señaló que el acuerdo infringía 25 artículos de la Constitución del país.

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La decisión de la Corte Suprema puso fin de manera casi inmediata a la crisis generada por la aprobación exprés del contrato ley por parte del Parlamento y el Gobierno. First Quantum Minerals y su filial Minera Panamá informaron el viernes que iniciaron un proceso ante la Corte Internacional de Arbitraje tras la declaración de inconstitucionalidad.

La situación también ha tenido repercusiones políticas, ya que el ministro de Comercio e Industria, Federico Alfaro, quien negoció el contrato declarado inconstitucional, renunció al cargo esta semana. Se espera que las repercusiones del conflicto minero continúen siendo objeto de atención, ya que Panamá enfrenta posibles demandas por parte de las empresas por montos significativos, según las declaraciones previas del ministro renunciante.

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Centroamérica

Expertos de la ONU denuncian que la represión en Nicaragua se ha intensificado

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua denunció ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua no solo continúan, sino que se han intensificado y diversificado, incluso más allá de sus fronteras.

Durante una presentación en Ginebra, el presidente del grupo, Jan-Michael Simon, afirmó que las investigaciones han documentado una conexión entre estructuras del Estado, el partido gobernante y el uso irregular de recursos públicos para sostener la represión.

“Hemos documentado la conexión funcional entre la estructura paralela del partido Sandinista en el Estado, el desvío de fondos públicos, su encubrimiento contable y las graves violaciones de los derechos humanos en Nicaragua”, declaró el experto.

Según el informe, la corrupción habría sido utilizada como un mecanismo para financiar acciones represivas contra sectores de la población. Entre las pruebas recopiladas figuran registros presupuestarios, comprobantes de pago y correos electrónicos que respaldarían estas conclusiones.

El grupo señaló que su trabajo busca dar voz a las víctimas de abusos en el país, que en muchos casos han quedado fuera del foco mediático internacional debido a otras crisis globales.

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Asimismo, los expertos advirtieron que la persecución estatal ha ampliado el perfil de las víctimas. Entre los afectados mencionaron a estudiantes, defensores de derechos humanos, feministas, periodistas, abogados, líderes y activistas políticos, así como campesinos, indígenas, afrodescendientes y miembros de la Iglesia Católica y otras iglesias cristianas.

El mecanismo de expertos también ha señalado que el aparato estatal nicaragüense habría extendido la vigilancia y la persecución política a opositores que viven en el exilio, mediante una red transnacional de inteligencia y monitoreo.

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Centroamérica

El Salvador suma tres días consecutivos sin homicidios

La Policía Nacional Civil informó que el domingo 15 de marzo cerró sin homicidios en todo el territorio nacional.

Con esta cifra, el país suma tres días consecutivos sin registrar asesinatos, de acuerdo con los datos oficiales divulgados por la corporación policial.

Durante marzo, los días que han finalizado con cero homicidios son el 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14 y 15, lo que representa un total de diez jornadas sin muertes violentas en lo que va del mes.

Las autoridades atribuyen estos resultados a las estrategias de seguridad impulsadas por el Gobierno, entre ellas el Plan Control Territorial y el régimen de excepción, implementados para combatir a las estructuras criminales.

De acuerdo con el Gobierno de El Salvador, estas medidas han contribuido a la reducción de los índices de violencia y a posicionar al país como un referente internacional en materia de seguridad.

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Centroamérica

Bukele cuestiona informe presentado ante CIDH y ONU sobre detenidos del régimen de excepción

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, reaccionó nuevamente a las exigencias de un grupo de expertos internacionales que, mediante un informe presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas, plantean la liberación de personas detenidas durante el régimen de excepción.

Según el mandatario, diversos “periodistas”, activistas y representantes de organizaciones no gubernamentales han sostenido que el informe no exige la liberación de todos los pandilleros capturados desde que inició la medida extraordinaria; sin embargo, Bukele aseguró que el documento sí lo plantea en varias ocasiones.

“Los ‘periodistas’, activistas y personeros de ONG pagadas por Open Society tienen ya dos días afirmando que el informe de ‘los expertos y expertas de derechos humanos’ sobre El Salvador no exige la liberación de todos los pandilleros detenidos desde que inició el régimen de excepción, pero sí lo exigen, y múltiples veces”, afirmó el gobernante.

El presidente también citó uno de los argumentos del informe, en el que se señala que “nadie, y menos alguien que dice ser defensor de derechos humanos, puede argumentar que es legal mantener en prisión a una persona detenida arbitrariamente”. Al respecto, Bukele sostuvo que calificar una detención como arbitraria implica exigir la liberación inmediata del detenido.

Asimismo, el mandatario cuestionó otra de las observaciones contenidas en el documento, según la cual encarcelar a una persona por su pertenencia a una pandilla y no por delitos específicos constituiría una violación a los derechos humanos.

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Bukele interpretó este planteamiento como una exigencia de que las autoridades deban probar delitos concretos más allá de la pertenencia a estructuras criminales para proceder con una detención.

Las declaraciones del presidente se producen en medio del debate internacional sobre el régimen de excepción implementado en el país para combatir a las pandillas.

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