Centroamérica
Estancada en la Asamblea Nacional la reforma al recurso de casación penal en Panamá

15 de agosto | Redacción |
La iniciativa legislativa presentada en 2022 por la Corte Suprema de Justicia de Panamá para reformar el recurso extraordinario de casación penal se encuentra en un punto muerto en la Asamblea Nacional, generando preocupaciones sobre la eficiencia y agilidad del sistema de justicia penal en el país.
El recurso extraordinario de casación penal es conocido por ser un proceso complejo y formalista en la justicia penal. Sin embargo, su diseño ha resultado en una prolongación innecesaria de casos penales, retrasando las sentencias finales. Para abordar esta cuestión, la Corte Suprema presentó el proyecto de ley 802 a la Asamblea Nacional el 4 de abril de 2022, con la intención de reformar el recurso de casación en el fondo en casos iniciados antes de la vigencia del Código Procesal Penal, es decir, antes del 2 de septiembre de 2016.
La reforma propuesta busca agilizar el proceso de casación penal y corregir algunos de los desafíos que actualmente enfrenta el sistema judicial. Para ello, se han propuesto modificaciones a la Ley 4 de 17 de febrero de 2017, que introdujo medidas para evitar el hacinamiento en centros penitenciarios y realizó cambios en los códigos judicial, penal y procesal penal.
Las modificaciones propuestas incluyen:
- Mayor requisito mínimo para casación: El proyecto de ley busca elevar el requisito mínimo para la presentación de un recurso de casación penal en el fondo. En lugar de interponerse contra sentencias condenatorias de dos años o más de prisión, se propone elevar este umbral a cinco años de prisión efectiva.
- Ampliación del plazo para respuesta: El Ministerio Público tendría un plazo extendido de diez días para responder al recurso de casación, en comparación con los cinco días actuales. Además, se introduce un mecanismo para agilizar la toma de decisiones al omitir la audiencia si las partes no la solicitan.
- Reducción del tiempo en audiencias: Se propone reducir el tiempo asignado a las partes para presentar argumentos y responder a los de la contraparte en las audiencias de casación. Esto incluye la reducción del tiempo en el primer turno de una hora a media hora.
- Aclaración de términos para el magistrado sustanciador: Se establece que el término de veinte días hábiles para que el magistrado o magistrada que sustancia el recurso prepare la sentencia es aplicable cuando las partes no soliciten audiencia y presenten únicamente sus escritos de alegato.
Aunque estas modificaciones buscan mejorar la eficiencia del proceso y acelerar la toma de decisiones en casos de casación penal, la propuesta ha sido devuelta a primer debate en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional mediante la Resolución 17 de 18 de enero de 2023. La reforma ha generado debates sobre su implementación y efectividad, así como su impacto en el sistema judicial y en la vida de las personas privadas de libertad.
La comunidad espera que esta reforma no quede atrapada en cuestiones políticas o en temores judiciales, y que se encuentre una solución que mejore la agilidad y eficiencia del sistema de justicia penal en Panamá, garantizando el debido proceso y el acceso a una sentencia definitiva para aquellos que están involucrados en casos penales.
Centroamérica
Panamá: docentes en paro indefinido pierden salario y enfrentan auditorías

El contralor general de Panamá, Anel Flores, informó que más de 30,000 docentes del sistema público no recibirán su salario en la próxima quincena debido a su participación en un paro indefinido iniciado el pasado 23 de abril, en rechazo a la reforma a la seguridad social ya en vigor.
Actualmente, la planta docente pública del país suma unos 54,000 maestros, lo que significa que más de la mitad se encuentra en huelga, afectando el desarrollo del calendario escolar.
“El que no trabaja, no cobra”
Flores explicó en declaraciones al diario La Prensa que la medida no representa un descuento salarial, sino una ausencia de pago justificada bajo la Ley de Contraloría. “El que no trabaja, no cobra. La ley prohíbe el derroche de recursos públicos”, sostuvo el contralor.
Durante esta quincena, ya fueron excluidos del pago más de 17,000 maestros, y se prevé que la cifra supere los 30,000 en la siguiente.
Auditoría nacional a escuelas públicas
El contralor también indicó que su despacho realiza auditorías presenciales en más de 3,000 centros escolares del país, con el fin de verificar la asistencia real del personal docente. Aseguró que los reportes del Ministerio de Educación (Meduca) no son confiables, ya que algunos directores están encubriendo a maestros ausentes.
Incluso reveló que hay casos de maestros que admitieron haber cobrado sin haber trabajado, lo que constituiría el delito de peculado. “Y eso tendrá consecuencias”, advirtió.
Reacciones y advertencias
Los gremios docentes, por su parte, defienden su derecho constitucional a la huelga y han presentado recursos legales contra la suspensión de sus pagos, alegando que se trata de una medida arbitraria.
Mientras tanto, el Ministerio de Educación hace llamados constantes al retorno a clases, y su titular, Lucy Molinar, desmiente que existan planes de sanción o despidos, como se ha informado “de forma maliciosa”, según dijo.
Diversos sectores educativos y asociaciones de padres han alertado sobre el daño irreparable a los estudiantes del sistema público, quienes ya acumulan una importante pérdida de clases, acentuando la brecha con la educación privada, que ha continuado su ciclo académico sin interrupciones.
Centroamérica
Presidente Mulino sanciona ley especial para trabajadores bananeros tras semanas de protestas

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, sancionó este lunes la nueva ley especial que otorga mayores beneficios y protecciones laborales a los trabajadores del sector bananero, una normativa impulsada tras semanas de protestas en la provincia de Bocas del Toro, fronteriza con Costa Rica.
«Acabo de sancionar ley bananera. De una vez a gaceta», publicó el mandatario en su cuenta de X, confirmando que la legislación ya fue oficializada mediante su publicación en la Gaceta Oficial.
Régimen especial para trabajadores y productores
La ley establece un régimen especial para los jornaleros y productores independientes del sector bananero, y fue aprobada de forma expedita el pasado viernes por la Asamblea Nacional. Esto ocurrió luego de reuniones entre diputados y líderes sindicales del sector, quienes habían convocado a un paro laboral acompañado de bloqueos viales en la zona caribeña del país.
Fin parcial de bloqueos, pero continúan protestas
Tras el compromiso del Parlamento, los trabajadores bananeros levantaron los bloqueos ese mismo día. No obstante, otros sectores —principalmente docentes y grupos de la sociedad civil— han mantenido puntos de obstrucción activaen las carreteras que conectan Bocas del Toro con el resto del país.
Estos grupos protestan contra una reforma al sistema de Seguridad Social, la cual, según denuncian los bananeros, ponía en riesgo los beneficios otorgados por una ley vigente desde 2017 y motivó su adhesión a las manifestaciones desde abril.
Centroamérica
Guatemala busca inversión global en energía con foco en proyectos de GNL

El gobierno de Guatemala ha lanzado una licitación internacional para contratar 1,500 megavatios (MW) de nueva capacidad de generación eléctrica, como parte de su estrategia para atender el incremento en la demanda energética del país.
Del total, al menos 700 MW serán adjudicados a proyectos que utilicen gas natural licuado (GNL), según informó el ministro de Energía y Minas, Víctor Hugo Ventura, durante una entrevista con Reuters en el marco de una conferencia del sector en Londres.
“Guatemala espera contratar al menos 700 MW de potencia firme, en una o dos instalaciones que estarán ubicadas en las costas del Atlántico o Pacífico, y que recibirán buques de GNL”, detalló el funcionario.
Ventura agregó que el gas natural será un pilar clave para el desarrollo económico de Centroamérica, destacando su eficiencia y su rol en la transición hacia una economía con menores emisiones de carbono.
La licitación, que cerrará en noviembre, está abierta a empresas nacionales e internacionales interesadas en participar en el desarrollo de infraestructura energética sostenible.
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