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Panamá: expresidente Martinelli es juzgado por presunto blanqueo de capitales y corrupción

24 de mayo | Redacción |
Este martes, inició el juicio contra el expresidente de Panamá Ricardo Martinelli por presunto blanqueo de capitales, en uno de los varios procesos abiertos por posible corrupción en su contra.
Martinelli presentó un certificado de incapacidad médica debido a una operación en la espalda para no llegar al juicio, lo que no impidió que la jueza del caso, Baloisa Marquínez, ordenara el inicio de la audiencia por el llamado caso «New Business» y que se desarrolla en el Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales, en Ciudad de Panamá.
Otras 19 involucrados son juzgados por el mismo caso, abierto por el Ministerio Público en 2017, el cual consiste en que mediante un complejo esquema de transferencias bancarias se giraron fondos ilícitos a una sociedad por la suma de 43 millones de dólares para la compra de una editorial.
De acuerdo con la investigación de la fiscalía, los imputados utilizaron un complejo esquema de sociedades anónimas donde distintas empresas habrían depositado un total de 43,9 millones de dólares provenientes de comisiones por contratos con el Estado para obras de infraestructura durante el gobierno de Martinelli (2009-2014).
Por su parte, el Ministerio Público ha señalado que la empresa “New Business” era una firma “canasta” que recibía dinero de empresas que habían ganado contratos con el Estado durante el gobierno de Martinelli, mayormente a través del Ministerio de Obras Públicas.
Martinelli enfrenta un delito que podría pagar con una pena de entre cinco y 12 años de prisión. Además, enfrentará entre agosto y octubre próximos, junto a sus dos hijos y al también expresidente, Juan Carlos Varela (2014-2019), otro juicio por sobornos de la consultora brasileña Odebrecht.
Martinelli, de 71 años, aspira a retornar el poder en las elecciones del próximo año ya que, según autoridades electorales, los juicios que enfrenta no impiden que el exgobernante y magnate de los supermercados continúe con sus aspiraciones presidenciales y siga en campaña bajo el principio de inocencia. Sólo una sentencia de cinco años o más lo inhabilitaría.
Martinelli sostiene que los procesos que enfrenta tienen motivaciones políticas y buscan truncar su aspiración de regresar al poder.
Centroamérica
TSE ajustará procesos tras reformas constitucionales para elecciones de 2027

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunció que, tras las recientes reformas constitucionales en materia electoral, llevará a cabo los ajustes necesarios para garantizar el correcto desarrollo de las elecciones previstas para el 28 de febrero de 2027.
A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la institución explicó que estas adecuaciones responden a los cambios aprobados y ratificados por la Asamblea Legislativa, los cuales reducen de forma excepcional el período electoral a tres años, lo que obliga a celebrar elecciones presidenciales en 2027.
La reforma también establece la ampliación del mandato presidencial a seis años y elimina la posibilidad de una segunda vuelta en los comicios presidenciales.
El TSE reiteró su compromiso con el respeto a la legalidad, la transparencia, la modernización institucional y el uso eficiente de los recursos públicos en la organización de los próximos procesos electorales.
Centroamérica
El Salvador: período presidencial será de seis años y se elimina segunda vuelta

La Asamblea Legislativa aprobó y ratificó, con 57 votos, una serie de reformas a la Constitución de la República, con el objetivo de actualizar el sistema electoral, optimizar recursos públicos y “fortalecer la democracia”, según lo expresado en la sesión plenaria.
Las modificaciones, propuestas por la diputada de Nuevas Ideas, Ana Figueroa, permiten la reelección indefinida del presidente de la República, extienden el período presidencial de cinco a seis años y eliminan la segunda vuelta electoral.
Además, los legisladores aprobaron una medida transitoria para homologar el ciclo electoral, lo que permitirá realizar una única elección presidencial, legislativa y municipal. Esto implica que el mandato del presidente Nayib Bukele se acortará en dos años, pasando de 2029 a 2027.
La aprobación se dio durante la sesión plenaria ordinaria 66, y fue ratificada en la sesión plenaria ordinaria 67.
El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, aseguró que los cambios “no significan la creación de una nueva Constitución, sino reformas a la vigente de 1983”, recordando que esta ya ha sido modificada “no menos de 25 veces”, muchas de ellas entre 1992 y 1993 tras la firma de los Acuerdos de Paz.
“Una de las ventajas para el pueblo es que cuando el pueblo elija a un presidente va a tener la oportunidad de premiar o castigar el trabajo que está haciendo el Ejecutivo hasta ese momento”, afirmó Castro.
El legislador también aclaró que las reformas no alteran el proceso de elección de diputados ni de concejos municipales.
Centroamérica
Adelantan elecciones presidenciales a 2027 en El Salvador

Los salvadoreños acudirán a las urnas en 2027 para elegir al próximo presidente de la República, dos años antes de lo previsto en el calendario electoral, luego de que la Asamblea Legislativa ratificara una reforma constitucionalimpulsada por la bancada de Nuevas Ideas, que modifica varios artículos de la Carta Magna para ordenar los ciclos electorales.
La propuesta, presentada por la diputada Ana Figueroa, fue aprobada con 57 votos en la sesión plenaria 66 y ratificada en la plenaria 67, sin el respaldo de los tres diputados de oposición de ARENA y VAMOS.
El decreto establece que, a partir de 2027, el período presidencial será de seis años, pero el actual mandato se reducirá a tres años para homologar los comicios presidenciales con los municipales y legislativos, de modo que las elecciones generales se realicen cada seis años.
Entre los cambios más relevantes, se incluye la posibilidad de reelección presidencial indefinida, siempre que la ciudadanía lo respalde en las urnas, y la eliminación de la segunda vuelta electoral, medida que —según Figueroa— generará un ahorro de 50 millones de dólares al Estado.
“El poder total reside en la población… usted, salvadoreño, es quien mejor puede juzgar si un funcionario está haciendo bien su trabajo”, afirmó la legisladora.
Figueroa también argumentó que la idea de que la Constitución “no podía reformarse” fue un “candado” impuesto por los partidos tradicionales para mantener privilegios.
“El pueblo siempre tiene el derecho de revisar y cambiar su Constitución, y una generación no puede comprometer con sus leyes a generaciones futuras. Nos han atado a leyes del pasado que ya no responden a nuestro entorno actual”, señaló.
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