La Fiscalía General de Costa Rica presentó este lunes una acusación formal contra el presidente del país, Rodrigo Chaves, por presunta concusión, un delito relacionado con el abuso de sus funciones públicas. El caso involucra contrataciones de servicios de comunicación para el Gobierno mediante fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Este delito se sanciona con penas de 2 a 8 años de prisión y se aplica a funcionarios públicos que, en abuso de su poder, obliguen o induzcan a alguien a dar o prometer indebidamente bienes o beneficios patrimoniales para sí mismos o para un tercero, explicó la Fiscalía en un comunicado.

La acusación fue presentada ante la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia por el fiscal general, Carlo Díaz, quien detalló que la Corte deberá evaluar si remite el caso al Congreso para considerar el levantamiento de la inmunidad del mandatario. El Congreso decidirá si se procede con una posible investigación.

La Fiscalía precisó que la investigación se refiere a la contratación de la empresa RMC La Productora S.A., que aparentemente fue elegida a medida para proporcionar servicios de comunicación, mercadeo, consultoría estratégica y producción de mensajes para la Presidencia de la República durante el período 2022-2026.

El presidente Nayib Bukele anunció la llegada de los primeros 238 miembros de la organización criminal venezolana Tren de Aragua al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), como parte de un acuerdo con Estados Unidos.

A través de sus redes sociales, Bukele detalló que estos reclusos permanecerán en el país por un año, con posibilidad de renovación. Asimismo, señaló que el gobierno estadounidense pagará una tarifa por su reclusión, la cual, según el mandatario, es baja para EE.UU. pero alta para El Salvador.

El presidente también destacó que esta medida contribuirá a la autosostenibilidad del sistema penitenciario salvadoreño, sumándose a los esfuerzos del programa Ocio Cero, en el que más de 40,000 reclusos participan en talleres y labores productivas. Actualmente, el mantenimiento del sistema carcelario tiene un costo anual de $200 millones.

Además, Bukele informó que Estados Unidos ha deportado a 23 miembros de la MS-13 que eran buscados por la justicia salvadoreña, incluyendo a dos cabecillas. Uno de ellos pertenece a la cúpula más alta de la estructura criminal.

«Esto nos permitirá fortalecer la inteligencia y desmantelar los últimos remanentes de la MS-13, incluyendo a sus miembros activos, bienes, armas, drogas, escondites y colaboradores», afirmó el mandatario. También subrayó que esta acción no solo refuerza la lucha contra el crimen organizado, sino que ayuda a los aliados de El Salvador, garantiza la autosuficiencia penitenciaria y proporciona información clave para continuar mejorando la seguridad en el país.

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CEL

Por su parte, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, confirmó la deportación de los pandilleros y la transferencia de los miembros del Tren de Aragua, asegurando que El Salvador «se comprometió a mantenerlos en sus excelentes cárceles a un precio justo».

El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, informó sobre la captura de tres pandilleros en el departamento de La Libertad, uno de los cuales es menor de edad. Los detenidos estaban involucrados en actividades delictivas, incluyendo el intento de reclutar jóvenes para su organización criminal.

«Estos tres terroristas creen que pueden seguir engañando a jóvenes para que se unan a su organización. Esos tiempos se acabaron. Ahora, los jóvenes continuarán con sus vidas y saldrán adelante. Para ustedes, ya se terminó», declaró el ministro Villatoro.

El funcionario aseguró que las autoridades están comprometidas en evitar que las pandillas se reorganicen y continúen causando daño a la población. «Nos vamos a encargar de que no vuelvan a nuestras comunidades a causar daño. No supieron leer los tiempos», publicó Villatoro en sus redes sociales.

Los detenidos fueron identificados como Christopher Alexander Urbina Salazar, Jaime Williams Reinosa Menjívar y el menor de edad Rafael A. Según el ministro, estos individuos serán procesados por el delito de agrupaciones ilícitas. «La Guerra Contra Pandillas seguirá hasta sacar de las calles al último remanente de estas estructuras criminales», agregó Villatoro.

Desde que comenzó el régimen de excepción, más de 81,000 pandilleros y colaboradores han sido arrestados en todo el país.