Centroamérica
Guatemala abre disputa diplomática al acusar a ministro colombiano
19 de enero | Por AFP | Edgar Calderon |
La cuestionada persecución judicial en Guatemala contra exfiscales y exfuncionarios anticorrupción abrió una disputa diplomática con Colombia y la ONU, que se suma a otra con Estados Unidos por la misma causa.
El conflicto estalló el lunes cuando el fiscal Rafael Curruchiche anunció un proceso contra el ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, por supuestas acciones ilegales mientras dirigía la CICIG, una comisión antimafias de la ONU en Guatemala, de 2013 a 2019.
De inmediato, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, llamó a consultas a su embajadora Victoria González y «en reciprocidad» Guatemala hizo lo mismo al día siguiente con su representante en Bogotá, Reagan Vega.
Velásquez «demostró luchar contra la corrupción y no permitiremos que la corrupción lo persiga», tuiteó el mandatario colombiano.
En respuesta, el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, de gira en España, calificó como «un error de guerrillero» la reacción del gobernante izquierdista colombiano, pero Estados Unidos y la ONU también condenaron la acusación contra Velásquez.
Asimismo, el secretario general de la ONU, António Guterres, expresó «una vez más su preocupación por los numerosos informes que sugieren que se está ejerciendo la persecución penal contra quienes buscaron esclarecer casos de corrupción y trabajaron para fortalecer el sistema de justicia en Guatemala», según su portavoz, Farhan Haq.
«Resulta dramático, dada la historia de Guatemala, que quienes luchan para la rendición de cuentas por graves violaciones de derechos humanos, sean los que están siendo perseguidos y procesados», dijo el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, en un comunicado.
«Ninguna prueba»
La acusación contra el exjefe de la CICIG (Comisión la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que operó de 2007 a 2019) se suma a una seguidilla de arrestos de exfuncionarios de esta misión internacional y de fiscales guatemaltecos anticorrupción.
«Tales acciones debilitan el Estado de Derecho y la confianza en el sistema de justicia de Guatemala», escribió en Twitter el martes el jefe de la diplomacia estadounidense para América Latina, Brian Nichols.
La fiscalía guatemalteca acusa a Velásquez de haber avalado, presuntamente de manera irregular, los acuerdos de «colaborador eficaz» de tres exdirectivos brasileños en el caso de sobornos de la constructora Odebrecht en Guatemala.
Pero Edie Cux, director de Acción Ciudadana, capítulo local de Transparencia Internacional, estima que el caso contra Velásquez «es espurio», pues «realmente se basa en ninguna prueba».
«El Ministerio Público [Fiscalía] ha perdido totalmente el camino, el mandato legal por el que ha sido creado. Lejos de perseguir los delitos se han vuelto prácticamente un bufete de defensa pública para las personas que han sido señaladas de corrupción», afirmó Cux a la AFP.
La CICIG, cerrada por el gobierno guatemalteco en 2019, junto a la fiscalía local develó varios escándalos de corrupción en el país centroamericano.
El caso de mayor impacto involucró al entonces presidente Otto Pérez (2012-2015), acusado de encabezar una estructura de defraudación en aduanas y condenado a 16 años de prisión en diciembre pasado.
En 2021, luego de que comenzara la cruzada contra los fiscales anticorrupción en Guatemala, Washington sancionó a la fiscal general guatemalteca, Consuelo Porras, a quien incluyó en su listado de «corruptos y antidemocráticos» y le prohibió el ingreso a Estados Unidos.
La fiscalía guatemalteca afirmó que «es una institución autónoma e independiente» y que las críticas internacionales son un intento «de incidir en su labor de investigación, la cual se fundamenta en la Constitución y las leyes guatemaltecas».
Pero sus argumentos no convencen a la directora de la ONG ProJusticia, Carmen Aída Ibarra, quien asegura que la acusación contra Velásquez debilita la lucha contra la corrupción.
Además, destaca que esta causa «no tiene ningún sentido», porque Velásquez «goza de inmunidad a perpetuidad por sus acciones, opiniones y criterios expresados en el desempeño de sus cargos», según una ley aprobada por el Parlamento.
El portavoz de Guterres también recordó que la inmunidad de los exfuncionarios de la CICIG «continúa a pesar de que ya no se encuentran en sus cargos».
«Acá hay una articulación de parte de las fuerzas que están en contra de la lucha contra la corrupción tanto en Guatemala como en Colombia», expresó Ibarra a la AFP.
Explicó que la cruzada contra la CICIG comenzó en 2017 bajo el gobierno del presidente Jimmy Morales (2016-2020), pero Giammattei «prosiguió y profundizó la línea».
Centroamérica
Maduro exige liberación de venezolanos detenidos en El Salvador y ataca política de Bukele
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, arremetió nuevamente contra la política de seguridad del mandatario salvadoreño Nayib Bukele y exigió la liberación de los venezolanos detenidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), acusados de pertenecer a la organización criminal transnacional Tren de Aragua.
«Debería hacer un gesto que lo libere de tanta culpa y liberar a todos los venezolanos que tiene secuestrados en los campos de concentración», expresó Maduro, según recogió el medio digital Venezuela News.
A mediados de marzo, el presidente Bukele informó que Estados Unidos deportó a 238 presuntos miembros del Tren de Aragua, quienes fueron recluidos en el Cecot como parte de un acuerdo de cooperación carcelaria entre El Salvador y el gobierno del republicano Donald Trump. Esta alianza ha sido criticada tanto por el régimen venezolano como por sectores del FMLN.
Actualmente, se reporta que hay 252 venezolanos detenidos en el Cecot. El presidente Bukele ofreció, como gesto humanitario, canjear a estos reos por un número equivalente de presos políticos en Venezuela. No obstante, la propuesta fue rechazada por Maduro.
«Bukele, por mal asesorado y malintencionado, se metió en un berenjenal. Vamos a ver cómo sale de él», expresó el mandatario venezolano en su programa Con Maduro +, de acuerdo con Venezuela News.
Centroamérica
Bukele propone aumentar umbral para exonerar pago de impuesto de la renta
El Gobierno envió este lunes a la Asamblea Legislativa una propuesta para reformar la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR), con el objetivo de aumentar el umbral de exoneración hasta los $550 mensuales. Esta medida busca aliviar la carga tributaria de miles de familias salvadoreñas como parte de la estrategia económica impulsada por la administración del presidente Nayib Bukele.
El anuncio fue realizado a través de la red social X, donde el mandatario detalló: «Este día he enviado a la Asamblea Legislativa una propuesta para ampliar la exoneración del impuesto sobre la renta a todos los salarios de hasta $550. Esta medida beneficiará directamente a más de 100,000 familias salvadoreñas».
Asimismo, señaló que esta modificación incentivará los incrementos salariales en los niveles más bajos, incluso aquellos que ya superan el salario mínimo. Esta declaración hace referencia a una propuesta enviada la semana pasada al Consejo Nacional del Salario Mínimo para aumentar en un 12 % los sueldos de los sectores de maquila, industria, agro, comercio y servicios, a partir de junio de este año.
Actualmente, la Ley del ISR exime del impuesto a quienes devengan hasta $472 mensuales (tramo I). Con la reforma, este límite se ampliaría en $78, permitiendo que más personas queden exentas del pago. Los ingresos superiores a $472.01 (tramo II) ya están obligados a presentar declaración de renta, umbral que pasaría a ser $550 una vez aprobada la propuesta.
El director general de Impuestos Internos, Marvin Sorto, recordó ayer que este martes vence el plazo legal para presentar la declaración de renta correspondiente, obligación que aplica a quienes perciben ingresos mensuales iguales o superiores a $472.01.
Esta iniciativa se suma a otras medidas económicas impulsadas por el Ejecutivo con el objetivo de proteger la economía de las familias salvadoreñas.
Centroamérica
El Salvador suma 98 días sin homicidios en 2025 y refuerza su tendencia a la baja
El martes 29 de abril finalizó sin registrar homicidios en todo el territorio salvadoreño, según los datos oficiales divulgados esta madrugada por la Policía Nacional Civil (PNC).
Con este nuevo registro, abril acumula 24 días sin muertes violentas, mientras que en lo que va de 2025 ya se contabilizan 98 jornadas sin homicidios. Estos resultados se atribuyen a la implementación de estrategias de seguridad como el Plan Control Territorial y el régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022.
Desde el inicio de la actual administración en 2019, El Salvador ha alcanzado un total de 895 días sin homicidios, de los cuales 791 han ocurrido bajo el régimen de excepción. En ese período, más de 85,500 pandilleros y colaboradores han sido capturados por delitos relacionados con agrupaciones ilícitas, los cuales se sancionan con penas de entre 20 y 30 años de prisión. Además, algunos han sido acusados de otros delitos como extorsión agravada, homicidio, lavado de dinero, tráfico de armas, restricciones a la libre circulación y tráfico de drogas.
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