Centroamérica
Guatemala abre disputa diplomática al acusar a ministro colombiano
19 de enero | Por AFP | Edgar Calderon |
La cuestionada persecución judicial en Guatemala contra exfiscales y exfuncionarios anticorrupción abrió una disputa diplomática con Colombia y la ONU, que se suma a otra con Estados Unidos por la misma causa.
El conflicto estalló el lunes cuando el fiscal Rafael Curruchiche anunció un proceso contra el ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, por supuestas acciones ilegales mientras dirigía la CICIG, una comisión antimafias de la ONU en Guatemala, de 2013 a 2019.
De inmediato, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, llamó a consultas a su embajadora Victoria González y «en reciprocidad» Guatemala hizo lo mismo al día siguiente con su representante en Bogotá, Reagan Vega.
Velásquez «demostró luchar contra la corrupción y no permitiremos que la corrupción lo persiga», tuiteó el mandatario colombiano.
En respuesta, el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, de gira en España, calificó como «un error de guerrillero» la reacción del gobernante izquierdista colombiano, pero Estados Unidos y la ONU también condenaron la acusación contra Velásquez.
Asimismo, el secretario general de la ONU, António Guterres, expresó «una vez más su preocupación por los numerosos informes que sugieren que se está ejerciendo la persecución penal contra quienes buscaron esclarecer casos de corrupción y trabajaron para fortalecer el sistema de justicia en Guatemala», según su portavoz, Farhan Haq.
«Resulta dramático, dada la historia de Guatemala, que quienes luchan para la rendición de cuentas por graves violaciones de derechos humanos, sean los que están siendo perseguidos y procesados», dijo el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, en un comunicado.
«Ninguna prueba»
La acusación contra el exjefe de la CICIG (Comisión la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que operó de 2007 a 2019) se suma a una seguidilla de arrestos de exfuncionarios de esta misión internacional y de fiscales guatemaltecos anticorrupción.
«Tales acciones debilitan el Estado de Derecho y la confianza en el sistema de justicia de Guatemala», escribió en Twitter el martes el jefe de la diplomacia estadounidense para América Latina, Brian Nichols.
La fiscalía guatemalteca acusa a Velásquez de haber avalado, presuntamente de manera irregular, los acuerdos de «colaborador eficaz» de tres exdirectivos brasileños en el caso de sobornos de la constructora Odebrecht en Guatemala.
Pero Edie Cux, director de Acción Ciudadana, capítulo local de Transparencia Internacional, estima que el caso contra Velásquez «es espurio», pues «realmente se basa en ninguna prueba».
«El Ministerio Público [Fiscalía] ha perdido totalmente el camino, el mandato legal por el que ha sido creado. Lejos de perseguir los delitos se han vuelto prácticamente un bufete de defensa pública para las personas que han sido señaladas de corrupción», afirmó Cux a la AFP.
La CICIG, cerrada por el gobierno guatemalteco en 2019, junto a la fiscalía local develó varios escándalos de corrupción en el país centroamericano.
El caso de mayor impacto involucró al entonces presidente Otto Pérez (2012-2015), acusado de encabezar una estructura de defraudación en aduanas y condenado a 16 años de prisión en diciembre pasado.
En 2021, luego de que comenzara la cruzada contra los fiscales anticorrupción en Guatemala, Washington sancionó a la fiscal general guatemalteca, Consuelo Porras, a quien incluyó en su listado de «corruptos y antidemocráticos» y le prohibió el ingreso a Estados Unidos.
La fiscalía guatemalteca afirmó que «es una institución autónoma e independiente» y que las críticas internacionales son un intento «de incidir en su labor de investigación, la cual se fundamenta en la Constitución y las leyes guatemaltecas».
Pero sus argumentos no convencen a la directora de la ONG ProJusticia, Carmen Aída Ibarra, quien asegura que la acusación contra Velásquez debilita la lucha contra la corrupción.
Además, destaca que esta causa «no tiene ningún sentido», porque Velásquez «goza de inmunidad a perpetuidad por sus acciones, opiniones y criterios expresados en el desempeño de sus cargos», según una ley aprobada por el Parlamento.
El portavoz de Guterres también recordó que la inmunidad de los exfuncionarios de la CICIG «continúa a pesar de que ya no se encuentran en sus cargos».
«Acá hay una articulación de parte de las fuerzas que están en contra de la lucha contra la corrupción tanto en Guatemala como en Colombia», expresó Ibarra a la AFP.
Explicó que la cruzada contra la CICIG comenzó en 2017 bajo el gobierno del presidente Jimmy Morales (2016-2020), pero Giammattei «prosiguió y profundizó la línea».
Centroamérica
Temblor sacude la zona oriental de El Salvador y se percibe en Honduras y Nicaragua
Un sismo se registró la noche del sábado frente a las costas de El Salvador, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).
El movimiento telúrico ocurrió a las 23:00 hora local (05:00 GMT del domingo) a una profundidad de 55,9 kilómetros y a 67,7 kilómetros al noreste del municipio de Chirilagua, de acuerdo con los datos del organismo estadounidense.
Tras el evento, la Dirección General de Protección Civil de El Salvador informó a través de la red social X que mantiene un monitoreo preventivo luego del sismo percibido en distintas zonas del país. Hasta el momento, las autoridades no reportan víctimas ni daños materiales.
Por su parte, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador (MARN) descartó riesgo de tsunami e indicó que el temblor también fue percibido en algunas localidades de Honduras y Nicaragua, donde tampoco se han reportado afectaciones.
Centroamérica registra con frecuencia movimientos sísmicos debido a la convergencia de las placas tectónicas Placa del Caribe y Placa de Cocos en la zona del océano Pacífico.
Centroamérica
Informe internacional critica detenciones bajo el régimen de excepción en El Salvador
El Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del Estado de Excepción en El Salvador (Gipes) afirmó en un informe presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Geneva, Switzerland, que la pertenencia a una pandilla, por sí sola, no debería constituir un delito que justifique el encarcelamiento.
Según el documento, el delito de “agrupaciones ilícitas”, tal como está tipificado en los decretos legislativos aprobados durante el Régimen de Excepción en El Salvador, pone el énfasis en la pertenencia a una organización criminal sin requerir que se demuestren hechos delictivos específicos cometidos por los implicados ni su participación directa en ellos.
“El delito de agrupaciones ilícitas y la forma en que está tipificado […] ponen el acento en la sola pertenencia a la organización sin requerir que se demuestren los hechos delictivos perpetrados por esta ni la conexión de los implicados con su perpetración”, señala el informe en su página 110.
El grupo también sostiene que la tipificación de este delito resulta imprecisa y considera que ha sido utilizada para justificar detenciones que califican como arbitrarias de más de 90,000 personas en el marco del régimen de excepción. En el mismo informe, los expertos piden la liberación de personas detenidas durante esta medida de seguridad.
Por su parte, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha reiterado recientemente que su Gobierno prioriza los derechos de los ciudadanos honrados frente a los de quienes considera criminales. El mandatario también ha cuestionado a algunas organizaciones nacionales e internacionales que, según afirmó, defienden a miembros de estructuras delictivas bajo el argumento de la protección de los derechos humanos.
Centroamérica
Vicepresidente Félix Ulloa se reúne con salvadoreños en Chile para destacar avances del país
El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, sostuvo un encuentro con la comunidad salvadoreña residente en Chile, donde expuso los principales cambios y proyectos impulsados en el país en los últimos años.
Durante la reunión, el funcionario invitó a los compatriotas a visitar El Salvador para conocer de primera mano los avances en áreas como seguridad, vivienda y salud.
De acuerdo con información difundida por la Vicepresidencia de El Salvador en su cuenta oficial de la red social X, Ulloa destacó el papel de la diáspora salvadoreña como un puente entre naciones.
Según el vicegobernante, los salvadoreños en el exterior contribuyen a fortalecer los vínculos humanos, culturales y económicos entre ambos países, además de promover el comercio, la inversión y el intercambio de experiencias.
Durante el encuentro, Ulloa también se refirió al liderazgo del presidente Nayib Bukele, cuya administración —señaló— ha impulsado un proceso de transformación en el país, con avances en seguridad pública y programas orientados a mejorar la calidad de vida de la población.
Entre las iniciativas mencionadas destacó la aplicación móvil DoctorSV, una herramienta digital que busca facilitar el acceso a servicios de salud.
El vicepresidente afirmó que la mejor forma de conocer el nuevo momento que vive El Salvador es visitarlo y experimentar personalmente las condiciones actuales del país.
Según la vicepresidencia, la reunión permitió generar un espacio de diálogo y cercanía con los salvadoreños residentes en Chile, fortaleciendo su conexión con la realidad política y social de la nación centroamericana.
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