Centroamérica
Guatemala abre disputa diplomática al acusar a ministro colombiano
19 de enero | Por AFP | Edgar Calderon |
La cuestionada persecución judicial en Guatemala contra exfiscales y exfuncionarios anticorrupción abrió una disputa diplomática con Colombia y la ONU, que se suma a otra con Estados Unidos por la misma causa.
El conflicto estalló el lunes cuando el fiscal Rafael Curruchiche anunció un proceso contra el ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, por supuestas acciones ilegales mientras dirigía la CICIG, una comisión antimafias de la ONU en Guatemala, de 2013 a 2019.
De inmediato, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, llamó a consultas a su embajadora Victoria González y «en reciprocidad» Guatemala hizo lo mismo al día siguiente con su representante en Bogotá, Reagan Vega.
Velásquez «demostró luchar contra la corrupción y no permitiremos que la corrupción lo persiga», tuiteó el mandatario colombiano.
En respuesta, el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, de gira en España, calificó como «un error de guerrillero» la reacción del gobernante izquierdista colombiano, pero Estados Unidos y la ONU también condenaron la acusación contra Velásquez.
Asimismo, el secretario general de la ONU, António Guterres, expresó «una vez más su preocupación por los numerosos informes que sugieren que se está ejerciendo la persecución penal contra quienes buscaron esclarecer casos de corrupción y trabajaron para fortalecer el sistema de justicia en Guatemala», según su portavoz, Farhan Haq.
«Resulta dramático, dada la historia de Guatemala, que quienes luchan para la rendición de cuentas por graves violaciones de derechos humanos, sean los que están siendo perseguidos y procesados», dijo el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, en un comunicado.
«Ninguna prueba»
La acusación contra el exjefe de la CICIG (Comisión la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que operó de 2007 a 2019) se suma a una seguidilla de arrestos de exfuncionarios de esta misión internacional y de fiscales guatemaltecos anticorrupción.
«Tales acciones debilitan el Estado de Derecho y la confianza en el sistema de justicia de Guatemala», escribió en Twitter el martes el jefe de la diplomacia estadounidense para América Latina, Brian Nichols.
La fiscalía guatemalteca acusa a Velásquez de haber avalado, presuntamente de manera irregular, los acuerdos de «colaborador eficaz» de tres exdirectivos brasileños en el caso de sobornos de la constructora Odebrecht en Guatemala.
Pero Edie Cux, director de Acción Ciudadana, capítulo local de Transparencia Internacional, estima que el caso contra Velásquez «es espurio», pues «realmente se basa en ninguna prueba».
«El Ministerio Público [Fiscalía] ha perdido totalmente el camino, el mandato legal por el que ha sido creado. Lejos de perseguir los delitos se han vuelto prácticamente un bufete de defensa pública para las personas que han sido señaladas de corrupción», afirmó Cux a la AFP.
La CICIG, cerrada por el gobierno guatemalteco en 2019, junto a la fiscalía local develó varios escándalos de corrupción en el país centroamericano.
El caso de mayor impacto involucró al entonces presidente Otto Pérez (2012-2015), acusado de encabezar una estructura de defraudación en aduanas y condenado a 16 años de prisión en diciembre pasado.
En 2021, luego de que comenzara la cruzada contra los fiscales anticorrupción en Guatemala, Washington sancionó a la fiscal general guatemalteca, Consuelo Porras, a quien incluyó en su listado de «corruptos y antidemocráticos» y le prohibió el ingreso a Estados Unidos.
La fiscalía guatemalteca afirmó que «es una institución autónoma e independiente» y que las críticas internacionales son un intento «de incidir en su labor de investigación, la cual se fundamenta en la Constitución y las leyes guatemaltecas».
Pero sus argumentos no convencen a la directora de la ONG ProJusticia, Carmen Aída Ibarra, quien asegura que la acusación contra Velásquez debilita la lucha contra la corrupción.
Además, destaca que esta causa «no tiene ningún sentido», porque Velásquez «goza de inmunidad a perpetuidad por sus acciones, opiniones y criterios expresados en el desempeño de sus cargos», según una ley aprobada por el Parlamento.
El portavoz de Guterres también recordó que la inmunidad de los exfuncionarios de la CICIG «continúa a pesar de que ya no se encuentran en sus cargos».
«Acá hay una articulación de parte de las fuerzas que están en contra de la lucha contra la corrupción tanto en Guatemala como en Colombia», expresó Ibarra a la AFP.
Explicó que la cruzada contra la CICIG comenzó en 2017 bajo el gobierno del presidente Jimmy Morales (2016-2020), pero Giammattei «prosiguió y profundizó la línea».
Centroamérica
San Salvador Este e INABVE fortalecen apoyo a veteranos y excombatientes adultos mayores
La alcaldía de San Salvador Este, en coordinación con el Instituto Administrador de los Beneficios de los Veteranos y Excombatientes (INABVE), continúa desarrollando diversas actividades y proyectos dirigidos a los adultos mayores afiliados al instituto.
Durante la entrega de créditos a veteranos y excombatientes provenientes de varios departamentos, el alcalde Elías Aragón destacó la importancia de brindar asistencia a este sector poblacional. Además, reafirmó el compromiso de la municipalidad de apoyar a los afiliados que residen en los distritos de Ilopango, Soyapango, San Martín y Tonacatepeque.
«Estamos trabajando de la mano con el presidente del INABVE porque ustedes son parte fundamental del sector adulto mayor. Ponen a disposición espacios municipales, como el rancho junto al lago, para que disfruten de momentos de sano esparcimiento», expresó el edil.
Por su parte, el presidente del INABVE, Juan Ortiz, agradeció el respaldo de la alcaldía, asegurando que cuentan con un aliado comprometido para seguir promoviendo el bienestar de veteranos y excombatientes.
En mayo pasado, ambas instituciones firmaron un convenio para fortalecer la atención al sector adulto mayor, iniciando la creación de estrategias conjuntas orientadas a promover la inclusión, el respeto y el bienestar de quienes han contribuido a la historia del país.
Centroamérica
TSE comenzará simulacros de transmisión de resultados en julio para elecciones de 2027
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) iniciará el próximo 14 de julio los simulacros de transmisión, procesamiento y divulgación de resultados preliminares, como parte de la preparación para las elecciones legislativas y municipales del 28 de febrero de 2027.
Según el calendario electoral publicado por el organismo, los ensayos se realizarán durante un periodo de 19 meses, con el objetivo de evaluar y optimizar el sistema que se usará el día de los comicios. Esta fase incluirá pruebas del sistema de registro y transmisión de datos desde las Juntas Receptoras de Votos (JRV), las cuales se desarrollarán hasta el 7 de octubre de 2026.
Además, se contempla la simulación del proceso de escrutinio final, que concluirá el 12 de febrero de 2027, unos 15 días antes de las elecciones.
Para el voto en el exterior, el TSE ha programado pruebas desde el 27 de julio de 2026 hasta el mismo 12 de febrero de 2027, lo que permitirá evaluar el sistema en su totalidad tanto dentro como fuera del país.
“De acuerdo con el artículo 63, literal b) del Código Electoral, es parte de nuestras obligaciones convocar, organizar, dirigir y vigilar estas elecciones de funcionarios públicos”, recordó el tribunal, haciendo referencia también a los procesos celebrados en 2024.
El TSE detalló que recientemente concluyó el análisis de los 46 programas que conforman el Plan General de Elecciones (PLAGEL) 2027, de los cuales 24 están destinados al voto nacional y 22 al sufragio en el extranjero. Este plan se suma al Plan Estratégico Institucional y al calendario electoral, que contempla 190 actividades para el voto nacional y 105 para el exterior.
Centroamérica
Gobierno y Banco Mundial acuerdan reconstrucción de mercados en Santa Ana y San Miguel
El Gobierno de El Salvador, a través del Ministerio de Obras Públicas (MOP), firmó un convenio con el Banco Mundial para financiar la construcción de los nuevos mercados municipales de Santa Ana Centro y San Miguel Centro, los cuales fueron destruidos por incendios en años anteriores.
La firma del contrato estuvo encabezada por el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez Herrera, y representantes del organismo internacional, bajo el marco del Proyecto de Desarrollo Económico Local Resiliente (Pdelr).
“Ambas obras serán financiadas con el apoyo del Banco Mundial, y fortalecerán la economía de Santa Ana y San Miguel, brindando espacios más seguros, modernos y dignos para todos”, detalló el MOP.
Tras el anuncio, el alcalde de Santa Ana Centro, Gustavo Acevedo, convocó a una asamblea general con los comerciantes que actualmente se ubican en las aceras cercanas al mercado siniestrado, para abordar su reubicación temporal como parte de las medidas de seguridad requeridas para iniciar la obra.
“Ya solo falta reubicar a los vendedores de las calles aledañas para cerrar el radio de impacto de la obra y no arriesgar vidas humanas. Nos adelantaremos con esos detalles para salvaguardar a los vendedores y sus clientes”, afirmó Acevedo. Se prevé que este proceso inicie el fin de semana.
De igual manera, la alcaldía de San Miguel Centro sostiene reuniones con los comerciantes locales para coordinar el inicio de las obras, que se esperan arranquen en las próximas semanas y que contemplan estructuras más amplias y con mejores condiciones para usuarios y vendedores.
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