Centroamérica
Calvario de migrantes nicaragüenses arranca en control fronterizo de Honduras
| Por AFP |
Para muchos nicaragüenses que se marchan hacia Estados Unidos para dejar atrás las complicaciones políticas y económicas bajo el gobierno de Daniel Ortega, la odisea comienza apenas ponen un pie en la vecina Honduras.
Después de dejar a sus familias, malvender sus pertenencias o endeudarse, decenas parten cada día, asfixiados por la falta de trabajo o míseros salarios.
Yesica Centeno, una administradora de empresas de 42 años, eso uno de los pasajeros de un autobús que acaba de llegar al puesto fronterizo hondureño El Guasaule, después de tres horas de viaje desde Managua.
«Es posible que algunos de ustedes tengan problemas con sus tarjetas de vacunación o con sus documentos. Si eso ocurre no peleen con la ‘migra’ hondureña. Me buscan a mí para ayudarles. Pero ya saben que todo se soluciona con dinero», les dice el auxiliar del autobús.
El vehículo, en el que viajan 36 personas, casi todos nicaragüenses que buscan migrar, cubre en dos días este trayecto de casi 800 kilómetros hasta Ciudad de Guatemala, pasando por Honduras y El Salvador.
En efecto, una vez en el control migratorio Yesica es informada de que no puede entrar a Honduras por un supuesto problema con su certificado de vacuna anticovid.
«Cuando llegamos a la frontera con Honduras sentí que nos maltrataron», pues «todo es dinero, te ponen peros, te dicen que por una letra o por un número un documento no está bien y que no puedes continuar viajando», relata a la AFP.
«La única opción que te dan es ‘arreglémoslo’ [con dinero], se aprovechan» de la desesperación de los migrantes, agrega la mujer, que viaja con sus dos hijos adolescentes para reencontrarse con su esposo, que migró hace un año a Estados Unidos.
Miles de dólares
Veinte de los ocupantes del autobús terminan pagando 40 dólares cada uno en El Guasaule para que los dejen continuar por territorio hondureño, constata un periodista de la AFP.
Otros se ven obligados a entregar 100 y hasta 250 dólares por supuestos problemas con sus documentos.
Las cifras, en algunos casos, representan un parte significativa del dinero que llevan.
«Casi a la mayoría nos quitaron 40 dólares y eso no es justo para nosotros», dice a la AFP Eriselda Soza, una campesina nicaragüense de 32 años que también busca llegar a Estados Unidos.
«A los pasajeros que no llevaban la tarjeta de vacunación, la migración hondureña les aplicó una multa de 250 dólares» a cada uno para que pudieran pasar, se queja otro viajero que pidió no ser identificado.
En total, los migrantes desembolsaron 1.300 dólares en sobornos en el paso de El Guasaule. En todos los casos, la negociación la hizo el auxiliar del autobús, quien recogió el dinero y lo llevó a los funcionarios hondureños.
Otros 16 autobuses cargados de migrantes llegaron casi a esa misma hora al puesto de El Guasaule.
Mas de 164.000 nicaragüenses han sido interceptados por entrar de manera irregular a Estados Unidos en el año fiscal 2022, tres veces más que el periodo anterior, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.
Sin pruebas
Las autoridades de Honduras dicen ignorar que ocurren irregularidades en el puesto fronterizo con Nicaragua.
«El Instituto Nacional de Migración no cobra por el ingreso al país, estamos en contra de cualquier cobro ilegal», dice a la AFP el portavoz de esta entidad, Wilsón Gómez.
«De comprobar que existen cobros el Instituto remitirá los casos al Ministerio Público para su investigación», agrega.
La directora de Salud de la zona sur de Honduras, fronteriza con Nicaragua, Merary Avilés, expresó que había recibido «reportes» sobre procedimientos de esta naturaleza.
«Pero no hemos tenido las pruebas», sentencia.
Los nicaragüenses están migrando masivamente debido a la crisis política y social que vive su país desde las protestas que estallaron en 2018 contra el gobierno de Ortega, en el poder desde 2007 y que ha estrechado el cerco sobre los opositores.
En su ruta, deben cruzar Honduras, El Salvador, Guatemala y luego México, desde donde buscar ingresar a Estados Unidos, la mayoría de las veces ilegalmente.
La corrupción es uno de los grandes problemas que padece Honduras.
La presidenta izquierdista Xiomara Castro suscribió este mes en Nueva York un acuerdo con la ONU para formar una comisión que investigue actos de corrupción en el país centroamericano.
Centroamérica
Presidenta del TSE acusa a Chaves de amenazar la paz política de Costa Rica
La presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de Costa Rica, Eugenia Zamora, acusó este jueves al presidente Rodrigo Chaves de amenazar la paz y la estabilidad política con sus constantes críticas a la institución y sus magistrados en el marco de la campaña rumbo a los comicios del 1 de febrero de 2026.
En un pronunciamiento enviado a los medios, Zamora señaló que las acusaciones de Chaves sobre un presunto sesgo partidario en sus actuaciones y en las de sus colegas son falsas y constituyen un ataque directo a la credibilidad del tribunal, al proceso electoral y a los resultados que el TSE certificará. “Cuando usted, faltando a la verdad, acusa un sesgo partidario en mis actuaciones y en las de mis compañeras y compañeros, está atacando la credibilidad de la institución que dirigimos y del proceso electoral que se avecina”, afirmó.
Zamora indicó que las declaraciones del mandatario representan una amenaza a la paz y la estabilidad política del país, algo que el tribunal no puede permitir. Durante los últimos meses, Chaves ha denunciado que el TSE le aplicó una “mordaza” en la campaña, ha hablado de un supuesto “golpe de Estado” mediante una solicitud de desafuero y ha cuestionado la imparcialidad de los magistrados, señalando además que Zamora trabajó anteriormente en un Gobierno del Partido Liberación Nacional, principal fuerza de oposición.
La presidenta del TSE reiteró que el tribunal no está sesgado y recordó que, en 2022, protegieron los votos a favor de Chaves, certificando la elección conforme a la voluntad mayoritaria expresada en las urnas.
Centroamérica
Arévalo denuncia intento de golpe de Estado impulsado por sectores judiciales en Guatemala
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, advirtió este jueves sobre un nuevo intento de golpe de Estado, presuntamente promovido por sectores judiciales que calificó como “corruptos” y encabezados por la fiscal general María Consuelo Porras, quien enfrenta sanciones internacionales por supuestos actos de corrupción.
Desde el Palacio Nacional de la Cultura, Arévalo aseguró que su Gobierno sigue siendo blanco de ataques sistemáticos para socavar el orden constitucional. El mandatario celebró la reciente resolución de la Corte de Constitucionalidad, que anuló una resolución del juez penal Fredy Orellana, la cual pretendía declarar vacante la presidencia de la República. El tribunal también advirtió al juez sobre posibles actos de prevaricato, respaldando así la legitimidad del Ejecutivo.
Arévalo insistió en que los procesos legales en su contra son “espurios” y forman parte de una estrategia de desestabilización del Gobierno. “Hay una articulación de intereses oscuros que buscan entorpecer las acciones del Gobierno”, afirmó.
Asimismo, confirmó que la Corte Suprema de Justicia ya tramita un proceso para evaluar la posible destitución del juez Orellana, medida que el presidente considera procedente, argumentando que “las pruebas son claras”.
Centroamérica
CIDH respalda denuncia sobre desapariciones forzadas en Nicaragua bajo régimen de Ortega
Al menos 77 personas consideradas opositoras o críticas del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillopermanecen detenidas en Nicaragua, incluidas 22 personas adultas mayores, según el último informe del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.
De acuerdo con el reporte, 36 de los 77 detenidos están en condición de desaparición forzada, lo que significa que sus familiares desconocen su paradero o situación legal. La información es respaldada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Entre los detenidos hay 12 mujeres y 65 hombres, incluyendo 10 arrestados antes de la crisis social de 2018, que marcó el inicio de la actual situación política en el país. La lista incluye al excomandante sandinista Henry Ruiz, de 81 años, quien permanece bajo arresto domiciliario desde el 8 de marzo, y al general en retiro Álvaro Baltodano Cantarero, exasesor de Ortega.
Otros casos destacados son los líderes indígenas Brooklyn Rivera Bryan, Steadman Fagoth Müller y Nancy Elizabeth Henríquez, así como militares retirados como Carlos Brenes, Víctor Boitano, Aníbal Rivas Reed y Eddie Moisés González Valdivia, además de los periodistas Fabiola Tercero y Leo Cárcamo.
El Mecanismo alertó que la cifra real podría ser mayor, ya que muchas familias temen denunciar por represalias del régimen. Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se intensificó tras las elecciones generales de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, con la mayoría de sus principales opositores encarcelados, expulsados del país o despojados de la nacionalidad por supuestos cargos de “golpismo” y “traición a la patria”.
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