Centroamérica
Panamá ordena cese de operaciones de minera canadiense
| Por AFP | Francisco Jara |
El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, ordenó este jueves la paralización de las operaciones del gigante canadiense del cobre First Quantum Minerals que explota la mayor mina de América Central en el Caribe panameño.
«He decidido […] instruir al ministro de Comercio para que se ejecute un plan de preservación y gestión segura, es decir, [solo] cuidado y mantenimiento en el proyecto Cobre Panamá», dijo Cortizo en un mensaje por televisión.
La decisión del mandatario, respaldada por su Consejo de Ministros, implica la suspensión de las operaciones en el país de una compañía que aporta el 75% de las exportaciones y el 4% del PIB de Panamá.
Cortizo afirmó que Minera Panamá, la filial de First Quantum, «no ha cumplido los compromisos» de suscribir a más tardar este miércoles un nuevo contrato de concesión que elevaría a 375 millones de dólares anuales el monto de las regalías, 10 veces más que en el convenio anterior.
«Eso no es aceptable para mí como presidente, tampoco para el gobierno ni para el pueblo panameño», añadió el presidente socialdemócrata.
La empresa ha invertido en Panamá más de 10.000 millones de dólares en movimientos de tierra, construcción de edificios para alojar a sus 7.200 empleados, compra de maquinaria pesada, una central eléctrica, un puerto para buques mercantes de gran calado, caminos de acceso, reforestación y programas de ayuda a las comunidades.
La mina, descubierta en 1968, se encuentra en la costa del Caribe, a 240 km por carretera de la capital y una hora en helicóptero. Desde febrero de 2019 produce unas 300.000 toneladas de concentrado de cobre al año, que se exportan desde el Puerto Punta Rincón, contiguo al yacimiento.
El gerente de la compañía en Panamá, el británico Keith Green, no reaccionó de inmediato al anuncio del presidente.
Green había dicho a la AFP hace una semana que su compañía tenía «la intención de llegar a un acuerdo» con el gobierno panameño. Sin embargo, admitió en esa oportunidad que «la negociación está un poco trabada».
Recurso legal
First Quantum, que cotiza en la Bosta de Toronto, tiene además operaciones en España, Turquía, Finlandia, Australia, Zambia y Mauritania.
La compañía canadiense comenzó a tener dificultades en Panamá luego de que el 21 de diciembre de 2017 la Corte Suprema panameña declarara inconstitucional el contrato de explotación de esta mina, la más grande de América Central.
El tribunal tomó esta decisión tras un recurso de inconstitucionalidad contra el contrato presentado por los abogados Juan Ramón Sevillano y Aracelly Serracín, esta última en representación de la ONG Centro de Incidencia Ambiental (CIAM).
«Contrato justo»
«Las acciones tomadas hoy por nuestro gobierno garantizan el principio establecido en nuestra constitución: los recursos minerales de Panamá pertenecen al pueblo panameño», dijo Cortizo en su mensaje este jueves.
«Tengan la certeza que el gobierno nacional buscará las mejores opciones para garantizar el funcionamiento sostenido de la mina a través de un contrato justo» con otra empresa, añadió.
El pasado 18 de enero, el mandatario había anunciado que endurecería las condiciones de la concesión y que con el nuevo contrato la minera debería pagar como «mínimo» 375 millones de dólares anuales al Estado panameño, 10 veces más que antes.
«Panamá tiene el derecho irrenunciable de recibir ingresos justos por la extracción de sus recursos minerales, porque el cobre es panameño», argumentó Cortizo.
A pesar de estas advertencias, la empresa canadiense siguió trabajando e invirtiendo con normalidad. Incluso hace ocho días puso en operación una enorme perforadora de 200 toneladas, fabricada por la empresa sueca Epiroc en Estados Unidos, que costó más de seis millones de dólares.
América Central carece de tradición minera y esta actividad productiva es ilegal en Costa Rica y El Salvador.
Centroamérica
Gobierno panameño y Hutchison Holdings en conversaciones por concesión portuaria
La subsidiaria de la compañía hongkonesa Hutchison Holdings informó que dialogará con el gobierno de Panamá sobre el futuro de los puertos que administra en el Canal de Panamá, actualmente en proceso de negociación para su venta.
El anuncio se dio a conocer luego de que la Contraloría panameña presentara el miércoles dos demandas ante la Corte Suprema, con el objetivo de anular el contrato de concesión que desde 1997 permite a Panama Ports —filial de Hutchison Holdings— operar los puertos de Balboa y Cristóbal.
Las acciones legales, respaldadas por el presidente panameño José Raúl Mulino, ocurren mientras la compañía mantiene conversaciones para vender gran parte de su negocio a nivel mundial, lo que incluye los puertos panameños cuya concesión fue renovada en 2021 por un período de 25 años.
Centroamérica
TSE ajustará procesos tras reformas constitucionales para elecciones de 2027
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunció que, tras las recientes reformas constitucionales en materia electoral, llevará a cabo los ajustes necesarios para garantizar el correcto desarrollo de las elecciones previstas para el 28 de febrero de 2027.
A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la institución explicó que estas adecuaciones responden a los cambios aprobados y ratificados por la Asamblea Legislativa, los cuales reducen de forma excepcional el período electoral a tres años, lo que obliga a celebrar elecciones presidenciales en 2027.
La reforma también establece la ampliación del mandato presidencial a seis años y elimina la posibilidad de una segunda vuelta en los comicios presidenciales.
El TSE reiteró su compromiso con el respeto a la legalidad, la transparencia, la modernización institucional y el uso eficiente de los recursos públicos en la organización de los próximos procesos electorales.
Centroamérica
El Salvador: período presidencial será de seis años y se elimina segunda vuelta
La Asamblea Legislativa aprobó y ratificó, con 57 votos, una serie de reformas a la Constitución de la República, con el objetivo de actualizar el sistema electoral, optimizar recursos públicos y “fortalecer la democracia”, según lo expresado en la sesión plenaria.
Las modificaciones, propuestas por la diputada de Nuevas Ideas, Ana Figueroa, permiten la reelección indefinida del presidente de la República, extienden el período presidencial de cinco a seis años y eliminan la segunda vuelta electoral.
Además, los legisladores aprobaron una medida transitoria para homologar el ciclo electoral, lo que permitirá realizar una única elección presidencial, legislativa y municipal. Esto implica que el mandato del presidente Nayib Bukele se acortará en dos años, pasando de 2029 a 2027.
La aprobación se dio durante la sesión plenaria ordinaria 66, y fue ratificada en la sesión plenaria ordinaria 67.
El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, aseguró que los cambios “no significan la creación de una nueva Constitución, sino reformas a la vigente de 1983”, recordando que esta ya ha sido modificada “no menos de 25 veces”, muchas de ellas entre 1992 y 1993 tras la firma de los Acuerdos de Paz.
“Una de las ventajas para el pueblo es que cuando el pueblo elija a un presidente va a tener la oportunidad de premiar o castigar el trabajo que está haciendo el Ejecutivo hasta ese momento”, afirmó Castro.
El legislador también aclaró que las reformas no alteran el proceso de elección de diputados ni de concejos municipales.
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