Centroamérica
Comerciantes salvadoreños vencen el temor a las pandillas y buscan abrirse camino
| Por AFP | Oscar Batres |
Las pandillas obligaron a Susana Avilés a cerrar su negocio de venta de ropa a principios de 2021. Pero, a pesar del miedo, esta salvadoreña reabrió en abril pasado, esperando un mejor futuro.
Esta madre soltera de 36 años vive en La Campanera, un barrio bravo de Soyapango, ciudad de la periferia de San Salvador que desde el sábado está cercada por miles de militares y policías por orden del presidente, Nayib Bukele, para acabar con las pandillas que dominan una parte importante del país.
«Da cierto temor hablar de lo que le ha pasado a uno con esa gente», dice Avilés a la AFP, quien a comienzos del año pasado se vio forzada a cerrar el humilde negocio con el que mantenía a su hijo de 12 años.
Lo hizo luego de recibir amenazas de la pandilla ‘Barrio 18’: le advirtieron que la matarían si no les pagaba 100 dólares cada mes.
«Uno nunca sabe si van a volver un día, pero la verdad es que hay que quitarnos el miedo y pensar en nuestro futuro», agrega la mujer en tono suave.
«No tenía para pagar, era eso o cerrar el negocio y, si no lo hacía, peligraba mi vida y la de mi hijo. Mejor cerré», relata Avilés mientras ve pasar un piquete de policías que patrullan su barrio.
A pesar del temor, reabrió su pequeño negocio en abril de este año en un estrecho local alquilado en pleno corazón de Soyapango, la ciudad que desde el sábado está cercada por 8.500 soldados y 1.500 policías.
«Sin mareros no pagamos extorsión»
Bukele lanzó en marzo una guerra contra las pandillas que por entonces operaban a sus anchas por las ciudades salvadoreñas.
Lo hizo al amparo de un polémico estado de excepción que ha llevado a prisión a 58 800 presuntos pandilleros y que ha sido criticado por organismos humanitarios.
Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han criticado el régimen de excepción por considerar que se cometen violaciones a derechos humanos y abusos en contra de personas detenidas bajo ese régimen.
«Hoy que se tiene más seguridad, me animé a volver con mi emprendimiento», sostiene Avilés, que estudió dos años de administración de empresas.
Según las autoridades salvadoreñas, las pandillas se financian con el cobro de extorsiones y la venta de droga.
En una calle del bullicioso centro de Soyapango, plagado de comercios y ventas callejeras, una pareja atiende en un pequeño camión su negocio ambulante de venta de frutas y verduras.
Joel Ascencio y su esposa Marta, de 43 y 40 años respectivamente, perdieron sus empleos en un banco a mediados de 2020, durante el tiempo más duro de la pandemia de covid-19.
«Sin trabajo nos vimos en la necesidad de ver de qué comíamos», explica Ascencio a la AFP, quien junto a su familia viven en el barrio San José de Soyapango, donde la ‘Mara Salvatrucha’ (MS-13) tiene una fuerte presencia.
«A cada colonia que íbamos, los pandilleros nos exigían renta para dejarnos vender, fue duro porque no veíamos las ganancias. Hoy es distinto, sin los mareros no pagamos extorsión por trabajar», asegura Ascencio.
Cuentas por acciones en seguridad
Un vendedor de sorbetes artesanales, Santos Rivera, de 62 años, se abre paso con su carretón entre un retén de militares que detiene aleatoriamente a los carros que circulan en el centro de Soyapango para registrarlos y pedirle a sus conductores su identificación.
«Hoy se trabaja más tranquilo, sin el miedo que lo jodan (lo molesten) a uno. No es chiste (fácil) ganarse los centavitos para la comida y que otros se los quiten, ¡que se los acaben (a los pandilleros)!», dice en voz alta Rivera a la AFP mientras observa a los militares.
Para el analista Eduardo Escobar, director ejecutivo de la organización Acción Ciudadana, el gobierno de Bukele «debe dar cuentas de cuánto está invirtiendo» tanto en el régimen de excepción como en el operativo de cercar Soyapango en busca de pandilleros.
«El gobierno debe transparentar cuánto dinero se está invirtiendo en el régimen de excepción y en ese despliegue del cerco, ver de dónde se toma recursos», sostuvo el director ejecutivo de Acción Ciudadana dedicada al combate a la corrupción.
Centroamérica
El Salvador suma 178 días sin homicidios en 2025 y alcanza 976 en la gestión Bukele
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que el pasado sábado 2 de agosto El Salvador cerró una nueva jornada sin homicidios, sumando así 178 días en 2025 sin crímenes contra la vida, un resultado atribuido a los planes de seguridad impulsados por el gobierno.
De acuerdo con las estadísticas oficiales, durante la administración del presidente Nayib Bukele ya se contabilizan 976 días sin asesinatos, de los cuales 862 han ocurrido en el marco del régimen de excepción, herramienta que las autoridades consideran clave para frenar la violencia provocada por las pandillas.
Los primeros siete meses de 2025 destacan por cifras históricas en cuanto a días sin homicidios, siendo julio el mes más sobresaliente con 29 jornadas libres de muertes violentas y un periodo consecutivo de hasta 24 días sin asesinatos. Este récord supera los registros de julio de 2024, que cerró con 22 días sin homicidios; los 23 de 2023 y los 21 de 2022.
El contraste con años anteriores es evidente: en julio de 2015, durante el segundo gobierno del FMLN bajo la gestión de Salvador Sánchez Cerén, se registraron 470 asesinatos, con un promedio de 15 homicidios diarios.
La guerra contra las pandillas ha sido, según el gobierno, una de las principales estrategias para garantizar la seguridad ciudadana y proteger la vida de millones de salvadoreños.
El presidente Bukele ha reiterado en diversas ocasiones que, gracias a estos resultados históricos, El Salvador se posiciona como “la nación más segura del hemisferio occidental”, un ejemplo que —afirma— ya observan países como Estados Unidos, Argentina y República Dominicana.
Centroamérica
Banco Mundial respalda a El Salvador con financiamiento para estabilidad económica y combate al cambio climático
El Banco Mundial anunció que su directorio ejecutivo aprobó un préstamo destinado a apoyar los esfuerzos de El Salvador para fortalecer la sostenibilidad fiscal y mejorar su capacidad de respuesta frente a los riesgos asociados a desastres naturales y cambio climático.
Según un comunicado de la institución, el financiamiento forma parte del programa “Políticas de Desarrollo de la Sostenibilidad Fiscal y la Resiliencia con Opción de Desembolso Diferido por Catástrofe (Cat DDO)”, el primero de una serie de tres operaciones programáticas.
El monto total asciende a US$350 millones, de los cuales US$100 millones están asignados a la Cat DDO, un fondo que podrá activarse tras una declaración oficial de emergencia por desastres naturales o sanitarios.
Carine Clert, gerente de País del Banco Mundial para El Salvador y Costa Rica, reafirmó el compromiso de la institución con los objetivos de este financiamiento: “Nuestro compromiso es apoyar la sostenibilidad fiscal mediante una gestión pública más eficiente y la atracción de inversión privada para generar empleos de calidad y servicios más eficaces”, señaló.
Añadió que también buscan fortalecer la resiliencia del país “mediante acciones que fomenten la expansión de espacios verdes, procesos de construcción más sostenibles y una mejor capacidad de respuesta ante emergencias”.
Por su parte, el ministro de Hacienda, Jerson Posada, subrayó los avances del gobierno en materia de estabilidad económica: “El Salvador ha tomado medidas decisivas para estabilizar su economía, fortalecer la sostenibilidad de las finanzas públicas y mejorar la confianza del mercado. Este financiamiento respalda nuestro compromiso con una gestión fiscal responsable, así como con la protección de la población ante el aumento de los riesgos climáticos”, afirmó.
Centroamérica
Gobierno panameño y Hutchison Holdings en conversaciones por concesión portuaria
La subsidiaria de la compañía hongkonesa Hutchison Holdings informó que dialogará con el gobierno de Panamá sobre el futuro de los puertos que administra en el Canal de Panamá, actualmente en proceso de negociación para su venta.
El anuncio se dio a conocer luego de que la Contraloría panameña presentara el miércoles dos demandas ante la Corte Suprema, con el objetivo de anular el contrato de concesión que desde 1997 permite a Panama Ports —filial de Hutchison Holdings— operar los puertos de Balboa y Cristóbal.
Las acciones legales, respaldadas por el presidente panameño José Raúl Mulino, ocurren mientras la compañía mantiene conversaciones para vender gran parte de su negocio a nivel mundial, lo que incluye los puertos panameños cuya concesión fue renovada en 2021 por un período de 25 años.
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