Centroamérica
Una fiscal anticorrupción enfrenta un polémico juicio en Guatemala
| Por AFP | Edgar Calderon y Johan Ordonez |
Un tribunal de Guatemala inició este lunes un polémico juicio contra la fiscal anticorrupción Virginia Laparra, en medio de protestas de activistas que denuncian un proceso «arbitrario» y críticas de Estados Unidos.
Mientras la jueza Oly González abría la primera audiencia del proceso, activistas de organizaciones de mujeres e indígenas se manifestaban afuera del tribunal para exigir la liberación de Laparra, a quien la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) considera una «presa de conciencia».
«Han sido momentos difíciles, pero mi conciencia está tranquila», dijo Laparra a los reporteros, tratando de contener las lágrimas, al ingresar esposada a la sala del tribunal.
La fiscal de 42 años, detenida el 23 de febrero, enfrenta cargos por supuesto «falso testimonio, abuso de autoridad y usurpación de funciones». Su eventual inocencia o culpabilidad será decidida por un panel de tres jueces en un proceso que puede demorar meses e incluso años.
Ella era jefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango (oeste). Fue arrestada y separada en el marco de una ola represiva contra fiscales anticorrupción, y arriesga una condena de nueve años y cuatro meses de prisión.
Laparra «es una presa de conciencia que ha estado encarcelada injustamente desde hace más de nueve meses como consecuencia de su labor de investigación sobre casos de corrupción en Guatemala», afirmó Erika Guevara, directora para las Américas de AI.
«Después de una minuciosa revisión del expediente penal, hemos constatado que la acusación contra la exfiscal presenta serias deficiencias», agregó Guevara en un comunicado.
«No más persecución»
Los activistas colgaron un lienzo con el retrato de Laparra en la reja de la fachada del tribunal y portaban carteles que decían: «No más persecución contra ex fiscales».
El arresto de Laparra y otros cinco fiscales fue ordenado por el Ministerio Público, entidad que dirige Consuelo Porras, a quien Washington incluyó en la llamada «Lista Engel» de personas del Triángulo Norte de Centroamérica implicadas en actos de corrupción o que socavan la democracia. Además, le prohibió ingresar a Estados Unidos.
Washington afirma que Porras lleva adelante una campaña de persecución contra fiscales de la FECI y antiguos investigadores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ente adscrito a la ONU que indagó prominentes casos de corrupción en el país entre 2008 y 2019.
Pese a los cuestionamientos a Porras en el país y el exterior, el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, la ratificó en mayo para otros cuatro años como fiscal general.
Tras esta polémica decisión, el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, declaró: «Porras obstruyó y socavó reiteradamente las investigaciones anticorrupción en Guatemala para proteger a sus aliados políticos y obtener favores políticos indebidos».
En febrero también fueron arrestados cinco funcionarios de la FECI y la CICIG bajo cargos similares. Unos 25 fiscales, exfiscales y jueces están en prisión o fuera del país, pero Laparra es la primera en ser llevada a juicio.
Una de las acciones que motivó la sanción de Washington a Porras fue la destitución del entonces jefe nacional de la FECI, Juan Francisco Sandoval.
Estados Unidos consideraba como un «campeón anticorrupción» a Sandoval, quien se exilió en ese país tras ser separado de su cargo.
«Persona non grata»
Los activistas aseguran que la campaña contra los fiscales anticorrupción comenzó en Guatemala en el anterior gobierno del presidente Jimmy Morales, quien se negó a renovar el mandato de la CICIG en 2019.
Meses antes, Morales había declarado «persona non grata» al jefe de la CICIG, el jurista colombiano Iván Velásquez, mientras éste se encontraba en Nueva York. Esto le impidió volver a Guatemala.
Velásquez había llevado a prisión a una veintena de prominentes políticos y empresarios, entre ellos el entonces presidente guatemalteco Otto Pérez y a su vicepresidenta, Roxana Baldetti, en 2015. Ambos siguen presos mientras avanza el juicio en su contra.
«Estamos en solidaridad con la fiscal Virginia Laparra, que hoy está iniciando un juicio totalmente arbitrario en su contra», dijo a la prensa Brizna Caixa, de la organización Impunity Watch, con sede en La Haya.
«Ella está siendo criminalizada como castigo por el trabajo que ella realizaba en la FECI en Quetzaltenango, investigando casos de corrupción y crimen organizado», agregó Caixa.
Centroamérica
FBI se suma a la cacería de 20 cabecillas fugados de Barrio 18 en Guatemala
El gobierno de Guatemala informó este martes que Estados Unidos enviará un equipo especial del FBI para colaborar en la búsqueda y recaptura de 20 cabecillas de la pandilla Barrio 18, cuya fuga de la cárcel Fraijanes II desató una grave crisis de seguridad en el país.
Las autoridades confirmaron hace casi un mes que los integrantes de la organización, catalogada como «terrorista» tanto por Guatemala como por Estados Unidos, lograron escapar sin que se precisara la fecha exacta de la huida. Desde entonces, únicamente cuatro han sido detenidos nuevamente.
La evasión provocó la destitución del entonces ministro del Interior, reemplazado por Marco Antonio Villeda, quien solicitó apoyo internacional para reforzar los operativos. Villeda aseguró que la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcano, especializada en el combate a organizaciones criminales transnacionales y creada en 2019 durante el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump, se sumará a la investigación.
El funcionario señaló que mantienen coordinación con autoridades de México y Honduras para determinar si los fugitivos pudieron cruzar fronteras, mientras que Interpol activó alertas rojas para su búsqueda en el extranjero.
El episodio generó críticas desde Washington, que lo calificó como «inaceptable». Paralelamente, la fiscalía guatemalteca, enfrentada políticamente con el presidente Bernardo Arévalo, ha solicitado retirar la inmunidad a él y a la vicepresidenta Karin Herrera para investigarlos por presunto incumplimiento de deberes en el caso.
Según datos oficiales, cerca de la mitad de los hechos violentos registrados en Guatemala están vinculados al narcotráfico y a las pandillas dedicadas a la extorsión.
Centroamérica
Bukele: «Seguridad, educación y economía: la ruta hacia el desarrollo»
El presidente de la República, Nayib Bukele, delineó este martes los ejes que, a su juicio, permitirán consolidar el desarrollo de El Salvador, destacando que el primer paso —la seguridad pública— ya fue abordado durante su gestión entre 2019 y 2024.
«Seguridad, libertad económica, educación, salud, infraestructura y desarrollo», publicó en su cuenta de X, donde también compartió el discurso brindado el domingo durante la inauguración de 70 centros educativos del programa Dos Escuelas por Día, en el que se han invertido $61 millones.
Bukele recordó que la estrategia de seguridad inició en junio de 2019 con el Plan Control Territorial (PCT), que consta de siete fases, de las cuales seis están actualmente en ejecución. La fase más reciente, Integración, impulsa programas de becas para que los jóvenes de bachillerato continúen estudios superiores.
La implementación del régimen de excepción, aprobado desde marzo de 2022, reforzó las acciones del PCT en el combate a las pandillas y estructuras criminales. La medida se mantiene vigente gracias a los votos de las bancadas oficialistas, mientras que partidos de oposición como ARENA y VAMOS han rechazado su prórroga en varias ocasiones.
El mandatario también destacó los avances en libertad económica, señalando que el país cuenta con una reserva de 6,371.18 bitcoines, valorada en más de $637 millones al cierre del martes.
En el rubro educativo, subrayó tres pilares: la renovación de infraestructura con Dos Escuelas por Día, la entrega de tabletas a estudiantes de primera infancia a segundo grado, y la dotación de computadoras para alumnos de tercero a bachillerato.
Centroamérica
EE. UU. y El Salvador cumplen un año de fortalecer sus relaciones diplomáticas
Este mes se cumple un año desde que Estados Unidos fortaleció sus relaciones diplomáticas con El Salvador y reconoció oficialmente los avances del Gobierno del presidente Nayib Bukele en materia de seguridad, señalaron este martes varios analistas.
En noviembre de 2024, el Departamento de Estado —dirigido por Marco Rubio— redujo de nivel 3 a nivel 2 la alerta de viaje para ciudadanos estadounidenses que visitan El Salvador. La decisión respondió a una carta enviada por el caucus bipartidista del Congreso, donde destacaron la drástica disminución de los índices de criminalidad que posicionó al país como el más seguro del hemisferio occidental.
«En el último año, las relaciones entre Estados Unidos y El Salvador se han consolidado con un enfoque en seguridad, comercio y migración. Esto incluye cooperación aduanera, acciones contra el crimen transnacional y esfuerzos para facilitar la inversión», afirmó el politólogo David Hernández.
Durante estos meses, autoridades estadounidenses —incluido el presidente Donald Trump— han reiterado su respaldo a las políticas de seguridad salvadoreñas. Hernández destacó que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha puesto como ejemplo la alianza con El Salvador bajo el principio de “paz a través de la fuerza”, calificándola de “mutuamente beneficiosa”.
Por su parte, el analista Mauricio Rodríguez subrayó que la reducción de la alerta de viaje también impulsa sectores económicos como el turismo. «El Salvador es el único país de la región que enfrenta con contundencia el narcotráfico internacional, algo que la administración estadounidense valora positivamente», afirmó.
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