Internacionales
Al menos 14 policías heridos en Bogotá tras choques con indígenas manifestantes
| Por AFP |
Al menos 14 policías resultaron heridos el miércoles en choques con indígenas desplazados por el conflicto armado en Colombia y que ahora viven en Bogotá, donde se manifestaban, informó el ministro de Defensa.
Los comuneros protestaban en el centro de la capital colombiana por el hacinamiento y las malas condiciones en las que permanecen en un albergue de la ciudad, cuando estallaron los enfrentamientos, según la ONG Temblores.
Videos difundidos en redes sociales muestran a indígenas del pueblo Embera agrediendo a los policías con bastones de palo. Un uniformado estaba tirado en el piso mientras recibía golpes de una multitud.
«Nada justifica la agresión que sufrieron esta tarde 14 miembros de la Policía Nacional a manos de indígenas en Bogotá. Los agresores deben ser judicializados y sancionados», escribió en Twitter el ministro de Defensa, Iván Velásquez.
Por su parte, en la misma red social, el presidente Gustavo Petro condenó las agresiones: «Nunca será protesta la agresión a un policía (…) Es también violador de derechos humanos el que agrede en estado de indefensión a un policía».
Según Temblores, una organización que monitorea la protesta social en el país, 11 funcionarios de la Alcaldía de Bogotá y cinco civiles también resultaron heridos.
La secretaria de Educación de Bogotá, Edna Bonilla, alcaldesa encargada ante la ausencia temporal de la mandataria Claudia López, declaró a los medios que la fuerza pública «se vio en la necesidad» de usar la fuerza, debido a que los indígenas se querían tomar un edificio privado, por lo que estos respondieron.
Cientos de aborígenes embera malviven desde 2020 en Bogotá, a donde llegaron desplazados por los grupos armados que los obligaron a abandonar sus hogares en los departamentos de Chocó (noroeste) y Risaralda (centro-oeste).
Durante meses ocuparon el Parque Nacional, en el corazón de esta ciudad de ocho millones de habitantes, y fueron traslados en mayo a un refugio, desde donde denuncian abandono estatal.
Según testimonios recabados por la AFP cuando aún no abandonaban el parque, los indígenas temen volver a sus lugares de origen ante la intimidación de las organizaciones ilegales.
Por las agresiones de este miércoles, la policía divulgó un cartel con fotografías de 18 de los involucrados y ofreció una recompensa de unos 10.000 dólares por información que ayude a ubicarlos.
Las poblaciones originarias libran una disputa histórica por la tierra, son víctimas del racismo y blanco frecuente de grupos armados financiados por el narcotráfico. Según la Organización Nacional Indígena de Colombia, al menos 2,200 emberas han sido desplazados por la violencia.
Centroamérica
Narcotráfico impulsa ola de homicidios en Costa Rica en vísperas de elecciones
La violencia vinculada al narcotráfico se ha convertido en uno de los principales problemas de Costa Rica, donde siete de cada diez homicidios están relacionados con esta actividad ilícita y la tasa de asesinatos alcanzó los 17 por cada 100,000 habitantes en 2025, un aumento significativo frente a los 11.2 registrados en 2019.
En barrios populares de la capital costarricense, los tiroteos entre vendedores de droga se han vuelto frecuentes. En estas comunidades, Mauren Jiménez, una líder comunal de 54 años, acompaña a las familias de las víctimas en los sepelios, sin distinguir si quienes murieron estaban o no involucrados en actividades criminales.
“Enterrar a un familiar al que mataron, de 14 o 15 años, es muy difícil”, relató Jiménez a la agencia AFP. Solo el año pasado, ayudó a sepultar a cerca de 20 jóvenes, muchos de ellos provenientes de entornos marcados por la falta de oportunidades, así como a víctimas colaterales cuyas familias carecen de recursos para asumir los costos funerarios.
Lo que antes era considerado un problema aislado de barrios específicos se ha transformado en un tema central del debate político, a pocos días de las elecciones presidenciales que se celebrarán este domingo. Costa Rica, por décadas catalogado como uno de los países más seguros de América Latina, enfrenta hoy una crisis de seguridad sin precedentes recientes.
La candidata oficialista y favorita en la contienda, Laura Fernández, ha responsabilizado al sistema judicial por la liberación de delincuentes y ha propuesto medidas de mano dura, inspiradas en las políticas de seguridad implementadas en El Salvador durante el gobierno del presidente Nayib Bukele.
Mientras el debate político se intensifica, en comunidades como Alajuelita, uno de los sectores más violentos del país, la población convive a diario con la inseguridad. “La violencia es pan de cada día”, resume Jiménez, desde una zona rodeada de asentamientos informales donde los homicidios se han vuelto parte de la rutina.
Centroamérica
Marco Rubio resalta el papel de El Salvador en la lucha regional contra el narcotráfico y las pandillas
El Salvador fue destacado por Estados Unidos como un socio estratégico en la lucha contra la migración irregular, el narcotráfico internacional y las organizaciones criminales transnacionales, afirmó este miércoles el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, durante su comparecencia ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, en Washington D. C.
Las declaraciones se dieron en el marco de la testificación del jefe de la diplomacia estadounidense sobre la ejecución de la denominada «Operación Determinación Absoluta», mediante la cual fue capturado el exmandatario venezolano Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero. Aunque el tema central fue Venezuela, Rubio también abordó asuntos de política exterior vinculados a Irán, Groenlandia y Rusia.
Durante su intervención, el funcionario señaló que países como Colombia, México, Haití y varias naciones del Caribeenfrentan una fuerte presión de organizaciones criminales transnacionales que, según afirmó, “controlan amplias zonas del territorio y amenazan incluso la capacidad de gobernabilidad”.
Rubio advirtió que este contexto tiene un impacto directo en Estados Unidos, al propiciar flujos de migración masiva, tráfico de drogas y otras actividades ilícitas, por lo que subrayó la necesidad de fortalecer alianzas con gobiernos dispuestos a cooperar en materia de seguridad regional.
“Necesitamos más países que estén dispuestos a trabajar en colaboración en estos temas, como lo está haciendo El Salvador, así como Ecuador, Trinidad y Tobago, Jamaica y otros”, enfatizó el secretario de Estado.
Desde la primera administración del presidente Nayib Bukele, El Salvador ha intensificado su estrategia de seguridad con el encarcelamiento de pandilleros, importantes incautaciones de droga en altamar y la captura de redes dedicadas al tráfico ilícito de personas, acciones que han sido reconocidas por autoridades estadounidenses en distintos foros internacionales.
Centroamérica
Condenan a 95 años de cárcel a pandillero que dirigía red de extorsión desde Colombia
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 95 años de prisión al pandillero Mateo Sebastián Pintor Rodríguez, alias “El Tatuado”, señalado de dirigir desde Colombia una estructura criminal dedicada a la extorsión, estafa y lavado de dinero, informaron fuentes judiciales.
La sentencia también incluyó a siete personas que, según el fallo, facilitaban sus cuentas bancarias para que las víctimas depositaran el dinero exigido por la red delictiva.
Durante la audiencia estuvieron presentes cuatro mujeres acusadas de integrar la estructura: Jenifer Gabriela Sandoval Alvarado, Karla Cristina Aguirre Quintanilla, Ana Elizabeth Rodríguez Umaña y Blanca Miriam Menjívar Pineda.
Además de Pintor Rodríguez, el tribunal condenó en ausencia a Jennifer Guadalupe Menjívar Pineda, Gabriela Alexandra Pintor Rodríguez y Frania Elizabeth Pintor Rodríguez. A los implicados se les impusieron penas que oscilan entre cinco y 50 años de prisión, según el grado de participación atribuido por el juzgado.
De acuerdo con la investigación fiscal, en agosto de 2024 se estableció que “El Tatuado” coordinaba la estructura desde Colombia, contactando a las víctimas para exigirles sumas que iban desde $2,000 hasta $25,000, bajo la promesa falsa de lograr la liberación de familiares recluidos en distintos centros penitenciarios de El Salvador.
El dinero era depositado en las cuentas de los otros imputados y posteriormente remesado a Colombia, según detallaron las autoridades.
Las pesquisas también revelaron que los contactos con las víctimas se realizaban a través de páginas en redes sociales, entre ellas una denominada TDL, creada en Facebook. A través de estos perfiles, los imputados aseguraban que los parientes de las víctimas recuperarían su libertad y, cuando se negaban a pagar, las amenazaban con denunciarlas ante la Policía, advirtiéndoles que podrían ser detenidas bajo el régimen de excepción.
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