Internacionales
Cierra audiencia de CorteIDH por caso de pueblo peruano contaminado por minera
AFP
La Corte Interamericana de Dererchos Humanos (CorteIDH) escuchó este jueves los alegatos finales en el caso que enfrenta a habitantes del pueblo peruano La Oroya, que denuncian graves problemas de salud causados por la contaminación de una empresa minera, con el Estado peruano, al cual responsabilizan por falta de fiscalización.
La Oroya, una localidad de 30.000 habitantes situada 175 km al este de Lima que vive de la minería desde hace un siglo, ha sido catalogada como «uno de los lugares más contaminados del planeta», dijo ante el tribunal la abogada Liliana Ávila, de la oenegé AIDA, que representa legalmente a los demandantes en el caso.
La polución proveniente de un complejo metalúrgico que ha tenido varios operadores, públicos y privados, a lo largo de 100 años «ha permeado» tierra, agua y aire, agregó.
En ese marco, los pobladores de esta comunidad, expuestos a metales pesados como plomo, cadmio y arsénico, han absorbido «múltiples sustancias tóxicas».
Los niveles de metales pesados, que en La Oroya superan largamente los estándares internacionales, pueden provocar problemas respiratorios, dolencias musculares, infertilidad, convulsiones o parálisis, así como problemas cognitivos, enumeró entre otros.
«Expertos internacionales han documentado a La Oroya como un caso gravísimo, único en el mundo, que requiere medidas urgentes», señaló.
Para los pobladores, «el daño ya está causado y es irreversible (…) No hay vuelta atrás», agregó Ávila.
A su turno, la representación del Estado peruano, liderada por el abogado Carlos Reaño, alegó que «no toda presencia de metales pesados implica un daño a la salud».
Para imputar responsabilidad internacional «debe existir un nexo causal entre los actos reportados y sus consecuencias» y no es el caso, argumentó, pues, según afirmó, las enfermedades no pueden vincularse directamente con la contaminación.
«La relación de causalidad es y ha sido un aspecto usado por la Corte para reparaciones (…) por tanto es posible usarla para una exención de responsabilidad», indicó.
Los siete jueces de la CorteIDH escucharon a las partes en el último día de audiencia pública sobre este caso en Uruguay, donde se lleva a cabo el 153 período ordinario de sesiones del tribunal.
Se espera que dicten sentencia en unos seis meses, antes de los cuales manifestaron su intención de visitar el terreno.
El caso se inició en 2006, cuando un grupo de habitantes de La Oroya demandó al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en 2021 remitió el caso a la CorteIDH.
Los demandantes argumentan que el Estado incumplió su obligación de regular y fiscalizar a Doe Run Perú, empresa que operó el complejo metalúrgico desde 1997, y a sus predecesoras, permitiendo que generaran altos niveles de contaminación en detrimento de su salud.
Doe Run Perú, propiedad del estadounidense grupo Renco, se declaró en bancarrota en 2009 y fue cedida este año a sus trabajadores, que aspiran a retomar las actividades.
Órgano consultivo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la CIDH investiga casos que presenta a la CorteIDH cuando determina que hubo violaciones a los derechos humanos no subsanadas por los estados.
Los fallos del tribunal, con sede en San José de Costa Rica, son definitivos e inapelables.
Internacionales
EE. UU. despliega fuerzas aéreas y navales en el Mar Caribe contra narcotráfico
Estados Unidos ha iniciado el despliegue de fuerzas aéreas y navales en el Mar Caribe para enfrentar la amenaza que representan las organizaciones dedicadas al narcotráfico en la región, según informan medios internacionales.
El presidente Donald Trump ordenó esta operación para combatir a los grupos de narcotraficantes que se movilizan en el sur del Mar Caribe. Este despliegue se suma a las recientes acciones de la administración estadounidense, que incluyeron el envío de dos buques de guerra para reforzar la seguridad fronteriza y las operaciones contra el tráfico de drogas.
El Departamento de Defensa coordina esta movilización desde el jueves, combinando fuerzas aéreas y navales, y no se descarta que se realicen nuevos movimientos estratégicos en los próximos días para mantener la presión sobre las organizaciones criminales en la zona.
Centroamérica
Bukele reafirma a El Salvador como el país más seguro del hemisferio occidental
El presidente Nayib Bukele reafirmó que El Salvador se ha convertido en el país más seguro del hemisferio occidental, luego de que Ginger Gaetz, esposa del excongresista estadounidense Matt Gaetz, destacara la tranquilidad que percibe en el país centroamericano.
“Dato curioso: El Salvador es el país más seguro del hemisferio occidental”, escribió Bukele en su cuenta de X. Gaetz comparó la seguridad en El Salvador con la situación en ciudades de Estados Unidos, señalando que se siente más segura caminando a las 2 a.m. en El Salvador que hacia su auto en Washington D.C. a las 8 p.m.
El mandatario también compartió publicaciones que resaltan las acciones de su gobierno para reducir la violencia de forma histórica. Entre ellas, citó un mensaje del cineasta cubano Robby Starbuck, quien afirmó: “Le daría a Bukele esa ciudad con urgencia. Creo que una limpieza federal de la delincuencia en ciudades sin ley es esencial tras décadas de fracaso total de los demócratas”, en referencia a Memphis, Tennessee.
Asimismo, Bukele respondió a publicaciones que señalaban que algunas medidas implementadas en El Salvador para combatir la inseguridad están siendo adoptadas por otros países, incluyendo posibles acciones de Donald Trump en Washington D.C.
“Hacer lo mismo que El Salvador ahora es una práctica común”, comentó el presidente salvadoreño.
Centroamérica
Estado de excepción y gestión de Bukele reciben elogios en informe anual de EE. UU. sobre derechos humanos
El Departamento de Estado de Estados Unidos, a través de su informe anual sobre derechos humanos 2024, destacó a El Salvador, señalando que “no hubo informes creíbles de violaciones significativas de los derechos humanos” en el sistema penitenciario durante el año pasado.
El informe, históricamente utilizado como herramienta para definir la política exterior estadounidense, revierte señalamientos de administraciones anteriores, que en 2023 citaron casos de tortura, condiciones penitenciarias deficientes y otros abusos bajo el gobierno de Joe Biden.
El documento, publicado este martes tras varios meses de retraso, también resalta que la administración de Trumpelogió la gestión del presidente Nayib Bukele en materia de seguridad, destacando que la violencia de las pandillas se mantuvo en un mínimo histórico.
El informe atribuye la mejora en seguridad y derechos humanos al estado de excepción implementado por Bukele, una medida que ha contribuido a reducir la violencia social y posicionar a El Salvador como uno de los países más seguros de América Latina.
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