Internacionales
Partidos opositores al oficialismo en México suspenden su alianza político-electoral
AFP
La alianza legislativa y electoral que los tres principales partidos opositores de México conformaron para enfrentar al oficialismo de izquierda se resquebrajó este miércoles, dejando en suspenso su participación en futuros comicios clave, como los presidenciales de 2024.
El PAN (derecha) y el PRD (izquierda) anunciaron en un comunicado la «suspensión temporal» de la coalición «Va por México» ante desacuerdos con el PRI (centro), que gobernó México de manera ininterrumpida durante 70 años hasta el 2000.
Esa alianza les había permitido frenar en el Congreso iniciativas de Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, y competir en diversas elecciones locales.
Los líderes de esos partidos habían anticipado que participarían en coalición en la presidencial de 2024, en la que Morena lleva ventaja, según encuestas.
El PAN y el PRD criticaron que una diputada del PRI presentara una iniciativa para extender la presencia del ejército en las calles para tareas de seguridad hasta 2028.
El decreto que creó la Guardia Nacional en 2019, la mayor apuesta de López Obrador para pacificar el país, establece originalmente que mientras ese cuerpo de seguridad desarrolla sus capacidades, el presidente podrá disponer de las fuerzas armadas para tareas de seguridad pública hasta 2023.
«Prorrogar la militarización del país es una tremenda irresponsabilidad, ya que implica transferir a las fuerzas armadas responsabilidades que no les corresponden», dice el comunicado firmado por el PAN y el PRD.
López Obrador -que busca que la Guardia Nacional sea administrada totalmente por el Ejército- avaló la iniciativa del PRI e incluso planteó un referéndum para decidir cuánto tiempo debe estar el ejército en tareas de seguridad pública.
«Pienso que hace bien el PRI en rectificar», dijo el mandatario el martes durante su habitual rueda de prensa matutina.
El desencuentro en la oposición ocurre mientras el Congreso discute una iniciativa del gobierno para que la Guardia Nacional sea administrada por el Ejército, pese a que estaba concebida como un cuerpo con carácter civil.
También ocurre en medio de acusaciones de corrupción y enriquecimiento ilícito contra el líder del PRI, Alejandro Moreno, lo que motivó que diversos analistas anticiparan que el priísta buscaría algún acuerdo con el gobierno de López Obrador para evitar sanciones.
Este miércoles, Moreno afirmó que «Va por México» no está en riesgo al asegurar que su partido tiene un proyecto conjunto pero que no coincide en todo.
«La coalición es un muro de contención y romperla por esta causa es no darle importancia a lo que hemos construido», dijo en conferencia de prensa.
Centroamérica
Narcotráfico impulsa ola de homicidios en Costa Rica en vísperas de elecciones
La violencia vinculada al narcotráfico se ha convertido en uno de los principales problemas de Costa Rica, donde siete de cada diez homicidios están relacionados con esta actividad ilícita y la tasa de asesinatos alcanzó los 17 por cada 100,000 habitantes en 2025, un aumento significativo frente a los 11.2 registrados en 2019.
En barrios populares de la capital costarricense, los tiroteos entre vendedores de droga se han vuelto frecuentes. En estas comunidades, Mauren Jiménez, una líder comunal de 54 años, acompaña a las familias de las víctimas en los sepelios, sin distinguir si quienes murieron estaban o no involucrados en actividades criminales.
“Enterrar a un familiar al que mataron, de 14 o 15 años, es muy difícil”, relató Jiménez a la agencia AFP. Solo el año pasado, ayudó a sepultar a cerca de 20 jóvenes, muchos de ellos provenientes de entornos marcados por la falta de oportunidades, así como a víctimas colaterales cuyas familias carecen de recursos para asumir los costos funerarios.
Lo que antes era considerado un problema aislado de barrios específicos se ha transformado en un tema central del debate político, a pocos días de las elecciones presidenciales que se celebrarán este domingo. Costa Rica, por décadas catalogado como uno de los países más seguros de América Latina, enfrenta hoy una crisis de seguridad sin precedentes recientes.
La candidata oficialista y favorita en la contienda, Laura Fernández, ha responsabilizado al sistema judicial por la liberación de delincuentes y ha propuesto medidas de mano dura, inspiradas en las políticas de seguridad implementadas en El Salvador durante el gobierno del presidente Nayib Bukele.
Mientras el debate político se intensifica, en comunidades como Alajuelita, uno de los sectores más violentos del país, la población convive a diario con la inseguridad. “La violencia es pan de cada día”, resume Jiménez, desde una zona rodeada de asentamientos informales donde los homicidios se han vuelto parte de la rutina.
Centroamérica
Marco Rubio resalta el papel de El Salvador en la lucha regional contra el narcotráfico y las pandillas
El Salvador fue destacado por Estados Unidos como un socio estratégico en la lucha contra la migración irregular, el narcotráfico internacional y las organizaciones criminales transnacionales, afirmó este miércoles el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, durante su comparecencia ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, en Washington D. C.
Las declaraciones se dieron en el marco de la testificación del jefe de la diplomacia estadounidense sobre la ejecución de la denominada «Operación Determinación Absoluta», mediante la cual fue capturado el exmandatario venezolano Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero. Aunque el tema central fue Venezuela, Rubio también abordó asuntos de política exterior vinculados a Irán, Groenlandia y Rusia.
Durante su intervención, el funcionario señaló que países como Colombia, México, Haití y varias naciones del Caribeenfrentan una fuerte presión de organizaciones criminales transnacionales que, según afirmó, “controlan amplias zonas del territorio y amenazan incluso la capacidad de gobernabilidad”.
Rubio advirtió que este contexto tiene un impacto directo en Estados Unidos, al propiciar flujos de migración masiva, tráfico de drogas y otras actividades ilícitas, por lo que subrayó la necesidad de fortalecer alianzas con gobiernos dispuestos a cooperar en materia de seguridad regional.
“Necesitamos más países que estén dispuestos a trabajar en colaboración en estos temas, como lo está haciendo El Salvador, así como Ecuador, Trinidad y Tobago, Jamaica y otros”, enfatizó el secretario de Estado.
Desde la primera administración del presidente Nayib Bukele, El Salvador ha intensificado su estrategia de seguridad con el encarcelamiento de pandilleros, importantes incautaciones de droga en altamar y la captura de redes dedicadas al tráfico ilícito de personas, acciones que han sido reconocidas por autoridades estadounidenses en distintos foros internacionales.
Centroamérica
Condenan a 95 años de cárcel a pandillero que dirigía red de extorsión desde Colombia
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 95 años de prisión al pandillero Mateo Sebastián Pintor Rodríguez, alias “El Tatuado”, señalado de dirigir desde Colombia una estructura criminal dedicada a la extorsión, estafa y lavado de dinero, informaron fuentes judiciales.
La sentencia también incluyó a siete personas que, según el fallo, facilitaban sus cuentas bancarias para que las víctimas depositaran el dinero exigido por la red delictiva.
Durante la audiencia estuvieron presentes cuatro mujeres acusadas de integrar la estructura: Jenifer Gabriela Sandoval Alvarado, Karla Cristina Aguirre Quintanilla, Ana Elizabeth Rodríguez Umaña y Blanca Miriam Menjívar Pineda.
Además de Pintor Rodríguez, el tribunal condenó en ausencia a Jennifer Guadalupe Menjívar Pineda, Gabriela Alexandra Pintor Rodríguez y Frania Elizabeth Pintor Rodríguez. A los implicados se les impusieron penas que oscilan entre cinco y 50 años de prisión, según el grado de participación atribuido por el juzgado.
De acuerdo con la investigación fiscal, en agosto de 2024 se estableció que “El Tatuado” coordinaba la estructura desde Colombia, contactando a las víctimas para exigirles sumas que iban desde $2,000 hasta $25,000, bajo la promesa falsa de lograr la liberación de familiares recluidos en distintos centros penitenciarios de El Salvador.
El dinero era depositado en las cuentas de los otros imputados y posteriormente remesado a Colombia, según detallaron las autoridades.
Las pesquisas también revelaron que los contactos con las víctimas se realizaban a través de páginas en redes sociales, entre ellas una denominada TDL, creada en Facebook. A través de estos perfiles, los imputados aseguraban que los parientes de las víctimas recuperarían su libertad y, cuando se negaban a pagar, las amenazaban con denunciarlas ante la Policía, advirtiéndoles que podrían ser detenidas bajo el régimen de excepción.
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