Internacionales
Presidente de Perú enfrenta a la justicia
AFP
El presidente de Perú, Pedro Castillo, compareció este lunes ante la Fiscalía, que le acusa de dirigir una supuesta red de corrupción que operaba desde el palacio de gobierno, pero se negó a responder acogiéndose a su derecho constitucional de guardar silencio.
Al salir de la Fiscalía luego de una audiencia de dos horas y media, detractores del mandatario izquierdista lanzaron huevos contra el vehículo oficial que lo trasladaba.
Vestido con una llamativa casaca roja, el presidente de 52 años se presentó ante la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en una causa relacionada con la destitución el 20 de julio del ministro del Interior Mariano González.
La Fiscalía sospecha que con la abrupta salida González, quien estuvo apenas dos semanas en al frente de la cartera de Interior, Castillo buscó impedir la designación de un equipo especial de la policía para ubicar a dos miembros de su entorno prófugos de la justicia.
Castillo, quien no puede ser juzgado pues goza de inmunidad, también fue convocado para responder sobre un presunto tráfico de influencias en la compañía estatal PetroPerú y en el marco de una investigación por supuestamente liderar una red de corrupción.
El abogado presidencial, Benji Espinoza, precisó que Castillo no respondió a las preguntas de los fiscales cogiéndose a su derecho a guardar silencio y que se limitó a hacer una declaración negando las imputaciones que le formula la Fiscal de la Nación.
«El presidente ha respondido (a la Fiscal de la Nación) que cuando se tengan todos los elementos (de las seis causas en su contra) va a dar las explicaciones que quieran», dijo a la prensa el abogado.
Según el defensor, «el presidente ha proclamado su inocencia y luego, cuando vinieron las preguntas, negó los cargos».
Castillo explicó luego a un grupo de simpatizantes que lo esperaba en la sede del Ejecutivo que «hemos ido a decirle a la Fiscal de la Nación que no solo las rechazo, niego rotundamente estas falsas acusaciones que se vienen dando».
La Fiscalía abrió seis pesquisas contra Castillo, algo inédito para un presidente en ejercicio en Perú.
En tanto, su esposa Lilia Paredes había sido citada por el mismo caso en una sede judicial pero a último momento se suspendió la audiencia, dijo su abogado.
A la primera dama se le imputan los delitos de organización criminal y lavado de activos, como parte de la presunta red que encabeza su esposo, según la fiscalía, que cursó una solicitud para prohibirle salir del país por 36 meses.
«Cuentos e historietas»
«Cuando estamos coordinando para sacar adelante este país tenemos que estar citados a otros sitios (Fiscalía) para ir a declarar cosas que se fabrican, historietas y cuentos», dijo recientemente Castillo, en un intento por relativizar las investigaciones y el interés mediático que despiertan.
Castillo ha declarado dos veces en la Fiscalía: el 17 de junio por supuestos sobornos en contratos de obras públicas y el 4 de agosto por presuntos ascensos irregulares en las fuerzas armadas.
La primera dama, de 49 años, fue interrogada por la fiscalía el 8 de julio. Cinco días después acudió a una citación del Congreso, pero se negó a responder las preguntas por recomendación de su abogado.
Castillo niega cualquier delito de su familia y dice ser víctima de una campaña para sacarlo del poder.
Yenifer Paredes, de 26 años, cuñada de Castillo, cumple desde hace una semana 30 meses de prisión preventiva en el penal de mujeres de Chorrillos, al sur de Lima, bajo cargo de integrar la «organización criminal liderada por el señor presidente de la República», según el fiscal Jorge García Juárez.
En sus más de 13 meses en el poder, Castillo ha vivido bajo el cerco de la Fiscalía y el pertinaz asedio de un Congreso, dominado por la derecha, que exige su renuncia.
Ha sobrevivido a dos intentos de destitución por parte del Parlamento y la Fiscalía no puede llevarlo a juicio hasta el fin de su mandato, el 28 de julio de 2026, debido a sus fueros.
Las imputaciones de supuesta corrupción al más alto nivel de gobierno no son nuevas en el país andino, pues situaciones similares condujeron a la caída del presidente derechista Pedro Pablo Kuczynski en 2018, y del centrista Martín Vizcarra en 2020.
Como Castillo, ambos exmandatarios tuvieron recurrentes choques con el Congreso, que era controlado por sus adversarios.
Internacionales
Captura de 12 presuntos miembros del CJNG desata bloqueos y quema de vehículos en Michoacán
La captura de 12 presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) provocó este miércoles bloqueos en carreteras y la quema de vehículos en Michoacán, uno de los principales estados agrícolas de México y el mayor proveedor mundial de aguacate.
El operativo fue ejecutado por el Ejército mexicano, que vinculó a los detenidos con el poderoso grupo criminal. Entre los arrestados se encuentran la pareja y la hija del presunto líder local de una célula del CJNG, quien permanece prófugo.
Durante el despliegue de seguridad también fueron decomisadas armas y vehículos. Las autoridades mantienen efectivos de seguridad locales y federales en la zona para restablecer y preservar el orden.
Los bloqueos se produjeron en un contexto de creciente presión sobre la industria del aguacate en Michoacán, actividad que ha sido blanco de extorsiones y otras acciones de organizaciones criminales debido a su importancia económica.
El operativo ocurrió pocos días después de que Estados Unidos suspendiera temporalmente, durante una semana, las importaciones de aguacate mexicano debido a amenazas contra los inspectores estadounidenses encargados de supervisar los cultivos y las empacadoras.
La violencia y las extorsiones representan un desafío para la producción y comercialización del aguacate en Michoacán, cuya actividad exportadora tiene una importante presencia en el mercado internacional.
Economía
Colombia descarta nuevos impuestos tras declarar emergencia por terremoto
El Gobierno de Colombia no contempla la creación de nuevos impuestos dentro de las medidas adoptadas mediante el Decreto 1261 de 2026, con el que declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica durante 30 días tras el terremoto de magnitud 7,4 registrado el pasado 10 de agosto.
La decisión de no establecer nuevas cargas tributarias se encuentra entre los principales aspectos del decreto, que plantea mecanismos alternativos para obtener liquidez y financiar la atención de la emergencia y la reconstrucción de las zonas afectadas.
El Ejecutivo reconoce que la situación fiscal del país ya enfrentaba dificultades antes del terremoto. Según el decreto, durante 2024 y 2025 cerca de uno de cada cuatro pesos recaudados por impuestos fue destinado al pago de intereses de la deuda pública.
A esta situación se suma que el Presupuesto General de la Nación para 2026 quedó desfinanciado después de que el Congreso no aprobara la Ley de Financiamiento. De acuerdo con el Gobierno, esta situación redujo aún más el margen fiscal disponible para atender los daños provocados por el desastre natural.
Medidas tributarias temporales
Aunque el decreto no establece nuevos impuestos, sí contempla medidas tributarias, aduaneras y cambiarias de carácter temporal para enfrentar las consecuencias económicas del terremoto.
Entre las primeras acciones se encuentra la modificación del calendario tributario para los contribuyentes obligados a declarar en los territorios afectados por el sismo. La medida busca otorgarles mayor liquidez mientras se recuperan las actividades económicas y productivas.
El Gobierno también contempla alivios tributarios temporales para los damnificados y contribuyentes ubicados en las zonas afectadas.
Según el Ejecutivo, estas medidas no buscan resolver el déficit fiscal estructural del país, sino liberar recursos, facilitar el cumplimiento de las obligaciones y contribuir a la recuperación económica de las regiones afectadas por la emergencia.
Centroamérica
Ministro chileno resalta experiencia de El Salvador en combate a la violencia
El ministro de Seguridad Pública de Chile, Martín Arrau, destacó la reducción de la tasa de homicidios registrada en El Salvador durante la gestión del presidente Nayib Bukele, al referirse a la experiencia salvadoreña en materia de seguridad durante una entrevista con CNN.
Arrau señaló que El Salvador pasó de registrar niveles de violencia considerablemente altos a situarse, según sus declaraciones, entre los países con las tasas de homicidios más bajas de Latinoamérica.
“El Salvador tiene una experiencia muy interesante, la tasa de homicidios era de 100 por cada 100,000 habitantes, y hoy en día tiene la tasa más baja de Latinoamérica”, afirmó el funcionario chileno.
El ministro también hizo referencia a las medidas implementadas por el Gobierno salvadoreño para combatir a las estructuras criminales, entre ellas la construcción del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), que calificó como una de las acciones adoptadas para mantener a los miembros de grupos delincuenciales en prisión.
En su análisis, Arrau recordó la situación de violencia que enfrentó El Salvador y señaló que las autoridades aplicaron distintas medidas para reducir los homicidios y recuperar el control territorial.
De acuerdo con los datos citados en la entrevista, El Salvador cerró 2022 con 495 homicidios y una tasa de 7.8 por cada 100,000 habitantes, mientras que el año pasado registró una tasa de 1.3 homicidios por cada 100,000 habitantes.
En Chile, por su parte, 2022 cerró con más de 1,300 asesinatos y una tasa de 6.7 homicidios por cada 100,000 habitantes, según registros del Ministerio del Interior de ese país.
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