Internacionales
A una semana del plebiscito en Chile, encuestas apuntan a rechazo de nueva Constitución
AFP
A una semana del plebiscito sobre una nueva Constitución en Chile, las encuestas apuntan a un fracaso de la propuesta para reemplazar la Carta Magna heredada de la dictadura de Augusto Pinochet por una que establece mayores derechos sociales.
Todos los sondeos coinciden en ubicar la opción «rechazo» al frente de la intención de voto para el 4 de septiembre, con porcentajes que llegan al 56% y una distancia del «apruebo» de entre 4 y 12 puntos, en un plebiscito que tiene lugar tres años después de que estallaran las mayores protestas sociales en décadas en el país.
Pero las encuestas muestran también un amplio porcentaje de indecisos (del 10 al 15%), y en las calles hay una marcada movilización ciudadana en favor del «apruebo» al texto escrito por una Convención Constituyente elegida por votación popular, con paridad de género y escaños reservados a indígenas.
«Yo voto rechazo principalmente porque la idea de gestar (la nueva nueva Constitución) nació en un momento de mucha crisis en nuestro país; no fue una decisión tomada con objetividad», dice a la AFP Luz Galarce, educadora de párvulos.
«Creo que con la forma en que la gente se manifestó mostramos el lado mas oscuro de los chilenos: destruir por destruir», agrega esta mujer de 53 años residente en el centro de Santiago, epicentro de las protestas de 2019 que llevaron al acuerdo político que abrió la vía a un posible cambio constitucional.
Pero Esteban Córdoba, un artista visual de 40 años, está a favor del nuevo texto, que a su juicio «abre una ventana, todavía no una puerta, para que nos convirtamos en una nación desarrollada».
«Toda Constitución debe renovarse cuando hay una necesidad de transformación en un país», afirma.
– Voto obligatorio –
«El evento más probable es que gane el rechazo y la diferencia de ese resultado depende de cuánta gente vota y de quiénes votan», explica a la AFP Marcelo Mella, politólogo de la Universidad de Santiago.
Más de 15 millones de chilenos están habilitados a ir a las urnas el próximo domingo, en la primera convocatoria desde 2012 en que el voto será obligatorio y con pena de multa de no concurrir.
Según el académico, el avance del «rechazo» al nuevo texto constitucional se debe fundamentalmente a «problemas en ciertos contenidos» sobre la organización del Estado, y no tanto por el catálogo de derechos que establece, «en el que hay coincidencia de que hay un salto adelante».
La nueva Constitución busca modificar el actual Estado reducido, que prioriza la inversión privada, por un Estado de bienestar, con una batería más amplia de derechos fundamentales.
Entre las propuestas más polémicas están la «plurinacionalidad», o reconocimiento de diferentes naciones indígenas y pueblos originarios; la instauración de un Consejo de la Justicia en vez del Poder Judicial, con una justicia especial indígena; y el derecho al aborto.
– Campaña «novedosa» –
Analistas explican la ventaja del «rechazo» por múltiples factores, entre ellos la fase de desaceleración de la economía y un ambiente político muy crispado, y una exitosa campaña de quienes se oponen a la nueva Carta Magna.
«Han hecho una campaña novedosa en comparación con otras campañas de la derecha si consideramos que el rechazo es básicamente la defensa del statu quo y mantener la Constitución» de Pinochet, dice Claudia Heiss, politóloga de la Universidad de Chile.
A su juicio, el mensaje fue dirigido al votante de centro, buscando «sembrar incertidumbre y temor respecto a la propuesta constitucional», más que en explicar su contenido.
Para Rodrigo Espinoza, académico de la Universidad Diego Portales, si la nueva Constitución se aprueba en Chle, «va a marcar las pautas del constitucionalismo a nivel global al menos en Occidente».
«Hay varios expertos y personalidades del mundo político que están mirando el proceso constituyente chileno no necesariamente con temor a lo que pueda pasar acá sino que también ver cómo se van a enfrentar temas fundamentales en la crisis climática y la crisis energética», señala.
El acuerdo político para la redacción de una nueva Constitución establece que en caso de rechazo del texto, seguirá rigiendo la Carta Magna actual, redactada durante la dictadura de Pinochet (1973-1990), pero reformada decenas de veces tras el retorno a la democracia.
Centroamérica
Narcotráfico impulsa ola de homicidios en Costa Rica en vísperas de elecciones
La violencia vinculada al narcotráfico se ha convertido en uno de los principales problemas de Costa Rica, donde siete de cada diez homicidios están relacionados con esta actividad ilícita y la tasa de asesinatos alcanzó los 17 por cada 100,000 habitantes en 2025, un aumento significativo frente a los 11.2 registrados en 2019.
En barrios populares de la capital costarricense, los tiroteos entre vendedores de droga se han vuelto frecuentes. En estas comunidades, Mauren Jiménez, una líder comunal de 54 años, acompaña a las familias de las víctimas en los sepelios, sin distinguir si quienes murieron estaban o no involucrados en actividades criminales.
“Enterrar a un familiar al que mataron, de 14 o 15 años, es muy difícil”, relató Jiménez a la agencia AFP. Solo el año pasado, ayudó a sepultar a cerca de 20 jóvenes, muchos de ellos provenientes de entornos marcados por la falta de oportunidades, así como a víctimas colaterales cuyas familias carecen de recursos para asumir los costos funerarios.
Lo que antes era considerado un problema aislado de barrios específicos se ha transformado en un tema central del debate político, a pocos días de las elecciones presidenciales que se celebrarán este domingo. Costa Rica, por décadas catalogado como uno de los países más seguros de América Latina, enfrenta hoy una crisis de seguridad sin precedentes recientes.
La candidata oficialista y favorita en la contienda, Laura Fernández, ha responsabilizado al sistema judicial por la liberación de delincuentes y ha propuesto medidas de mano dura, inspiradas en las políticas de seguridad implementadas en El Salvador durante el gobierno del presidente Nayib Bukele.
Mientras el debate político se intensifica, en comunidades como Alajuelita, uno de los sectores más violentos del país, la población convive a diario con la inseguridad. “La violencia es pan de cada día”, resume Jiménez, desde una zona rodeada de asentamientos informales donde los homicidios se han vuelto parte de la rutina.
Centroamérica
Marco Rubio resalta el papel de El Salvador en la lucha regional contra el narcotráfico y las pandillas
El Salvador fue destacado por Estados Unidos como un socio estratégico en la lucha contra la migración irregular, el narcotráfico internacional y las organizaciones criminales transnacionales, afirmó este miércoles el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, durante su comparecencia ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, en Washington D. C.
Las declaraciones se dieron en el marco de la testificación del jefe de la diplomacia estadounidense sobre la ejecución de la denominada «Operación Determinación Absoluta», mediante la cual fue capturado el exmandatario venezolano Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero. Aunque el tema central fue Venezuela, Rubio también abordó asuntos de política exterior vinculados a Irán, Groenlandia y Rusia.
Durante su intervención, el funcionario señaló que países como Colombia, México, Haití y varias naciones del Caribeenfrentan una fuerte presión de organizaciones criminales transnacionales que, según afirmó, “controlan amplias zonas del territorio y amenazan incluso la capacidad de gobernabilidad”.
Rubio advirtió que este contexto tiene un impacto directo en Estados Unidos, al propiciar flujos de migración masiva, tráfico de drogas y otras actividades ilícitas, por lo que subrayó la necesidad de fortalecer alianzas con gobiernos dispuestos a cooperar en materia de seguridad regional.
“Necesitamos más países que estén dispuestos a trabajar en colaboración en estos temas, como lo está haciendo El Salvador, así como Ecuador, Trinidad y Tobago, Jamaica y otros”, enfatizó el secretario de Estado.
Desde la primera administración del presidente Nayib Bukele, El Salvador ha intensificado su estrategia de seguridad con el encarcelamiento de pandilleros, importantes incautaciones de droga en altamar y la captura de redes dedicadas al tráfico ilícito de personas, acciones que han sido reconocidas por autoridades estadounidenses en distintos foros internacionales.
Centroamérica
Condenan a 95 años de cárcel a pandillero que dirigía red de extorsión desde Colombia
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 95 años de prisión al pandillero Mateo Sebastián Pintor Rodríguez, alias “El Tatuado”, señalado de dirigir desde Colombia una estructura criminal dedicada a la extorsión, estafa y lavado de dinero, informaron fuentes judiciales.
La sentencia también incluyó a siete personas que, según el fallo, facilitaban sus cuentas bancarias para que las víctimas depositaran el dinero exigido por la red delictiva.
Durante la audiencia estuvieron presentes cuatro mujeres acusadas de integrar la estructura: Jenifer Gabriela Sandoval Alvarado, Karla Cristina Aguirre Quintanilla, Ana Elizabeth Rodríguez Umaña y Blanca Miriam Menjívar Pineda.
Además de Pintor Rodríguez, el tribunal condenó en ausencia a Jennifer Guadalupe Menjívar Pineda, Gabriela Alexandra Pintor Rodríguez y Frania Elizabeth Pintor Rodríguez. A los implicados se les impusieron penas que oscilan entre cinco y 50 años de prisión, según el grado de participación atribuido por el juzgado.
De acuerdo con la investigación fiscal, en agosto de 2024 se estableció que “El Tatuado” coordinaba la estructura desde Colombia, contactando a las víctimas para exigirles sumas que iban desde $2,000 hasta $25,000, bajo la promesa falsa de lograr la liberación de familiares recluidos en distintos centros penitenciarios de El Salvador.
El dinero era depositado en las cuentas de los otros imputados y posteriormente remesado a Colombia, según detallaron las autoridades.
Las pesquisas también revelaron que los contactos con las víctimas se realizaban a través de páginas en redes sociales, entre ellas una denominada TDL, creada en Facebook. A través de estos perfiles, los imputados aseguraban que los parientes de las víctimas recuperarían su libertad y, cuando se negaban a pagar, las amenazaban con denunciarlas ante la Policía, advirtiéndoles que podrían ser detenidas bajo el régimen de excepción.
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