El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sostuvo este lunes una videoconferencia de 30 minutos con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en un primer contacto calificado de «amistoso», en el que abordaron relaciones bilaterales y asuntos comerciales.

Según un comunicado de la Presidencia brasileña, durante la conversación ambos líderes recordaron la buena química que habían tenido en Nueva York durante la Asamblea General de la ONU. Lula aprovechó el encuentro para solicitar la revisión de los aranceles adicionales del 40 % aplicados por Estados Unidos a productos brasileños, así como la eliminación de sanciones políticas, incluyendo la revocación de visados a jueces del Supremo y otras autoridades brasileñas.

El mandatario brasileño propuso un encuentro presencial durante la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), que se celebrará el 26 de octubre en Kuala Lumpur, Malasia. También planteó la posibilidad de viajar a Estados Unidos y extendió una invitación a Trump para participar en la cumbre COP30 sobre cambio climático, programada para noviembre en la ciudad amazónica de Belém.

La Presidencia de Brasil destacó que Lula subrayó el superávit que Estados Unidos mantiene en su intercambio comercial con Brasil desde hace más de 15 años y calificó la conversación como “una oportunidad para la restauración de las relaciones amigables de 201 años entre las dos mayores democracias de Occidente”.

Casi tres de cada cuatro votantes del condado de Miami-Dade rechazan la decisión del Gobierno de Florida de ceder un terreno público para la construcción de la biblioteca presidencial de Donald Trump en Miami, según una encuesta realizada por la firma Bendixen & Amandi International.

El 74 % de los encuestados considera que el terreno, ubicado junto a la icónica Torre de la Libertad (Freedom Tower), debió permanecer bajo propiedad del Miami-Dade College, mientras que solo el 14 % avaló su uso para la futura biblioteca del expresidente y actual residente de Florida.

El rechazo no se limita a los votantes demócratas. La encuesta revela que incluso el 59 % de los republicanos y el 69 % de los independientes prefieren que el terreno siga perteneciendo a la universidad pública. Entre los votantes demócratas, la desaprobación asciende al 94 %.

El estudio —realizado entre el 30 de septiembre y el 3 de octubre con 600 entrevistas telefónicas y en línea, y un margen de error del 4 %— fue elaborado después de que se hiciera público que el Gobierno estatal había aprobado donar el lote de 2,63 acres (más de 4.000 metros cuadrados) para el proyecto. La medida provocó protestas de activistas, estudiantes y profesores, quienes calificaron la decisión como “un insulto” y una “politización del espacio público”.

Además, la encuesta midió la percepción de los votantes sobre otras políticas impulsadas por la administración de Trump. En el condado, el expresidente recibe un 49 % de desaprobación y un 46 % de aprobación. Entre los votantes de origen cubano, el 59 % lo apoya, mientras que el 38 % lo desaprueba.

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El 50 % de los votantes de Miami-Dade también rechaza los intentos del Gobierno de eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos —una comunidad con fuerte presencia en el sur de Florida—, frente al 35 % que respalda esa medida.

Por otra parte, el 42 % de los encuestados se opone a una eventual intervención militar en Venezuela para derrocar a Nicolás Maduro, mientras que el 35 % estaría a favor.

El sondeo también revela una postura mayoritariamente contraria a las políticas migratorias más duras: seis de cada diez votantes (60 %) se oponen a la detención y deportación de inmigrantes indocumentados sin antecedentes criminales, frente al 32 % que apoyan esa acción. Miami-Dade es el condado con el mayor porcentaje de población nacida en el extranjero en todo Estados Unidos, superando el 50 %.

En temas de salud pública, el 47 % de los entrevistados respalda la decisión de Florida de prohibir el uso de flúor en el sistema de agua —medida que convirtió al estado en el segundo del país en hacerlo, después de Utah—, mientras que el 40 % se opone. Sin embargo, el 55 % de la población expresó su desacuerdo con el manejo del tema por parte del Gobierno estatal tras el anuncio oficial.

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Ecuador atraviesa un nuevo ciclo de violencia impulsado por la fragmentación de sus principales grupos criminales, lo que podría elevar los homicidios a 9,100 al cierre de 2025, según un informe de la Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada Transnacional (GI-TOC).
De cumplirse esta proyección, el país registraría un aumento del 30.6 % respecto a los crímenes cometidos en 2024.

El estudio, titulado “La crisis criminal de Ecuador”, señala que la división de las pandillas ha generado más facciones rivales que se disputan territorios y amplían su accionar delictivo, incluyendo extorsión, secuestros, tráfico de drogas y minería ilegal.

De acuerdo con el documento, la captura, muerte o extradición de líderes ha provocado un vacío de poder que alimenta el enfrentamiento entre bandas. “La eliminación de estos jefes ha creado faccionalismo interno en las pandillas y ha intensificado el conflicto por el acceso y control de las economías ilícitas, en particular el tráfico de cocaína”, indica el estudio.

Uno de los casos más emblemáticos es el de William Joffre Alcívar Bautista, alias Negro Willy, exlíder de Los Tiguerones, capturado en España en octubre de 2024 por cargos de terrorismo. Su detención provocó una fractura interna en la organización, dando origen a dos nuevos grupos: Los Fénix y Los Igualitos.
Los primeros establecieron alianzas con Las Águilas —una facción de Los Choneros—, mientras que Los Igualitos se asociaron con Los Lobos.

La historia parece repetirse. Tras las masacres carcelarias de 2021, Los Choneros también se dividieron, lo que derivó en la creación de la alianza Nueva Generación, conformada por Los Tiguerones, Los Lobos y Los Chone Killers, que opera hoy como una red criminal unificada.

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Según cifras del Ministerio del Interior, entre enero y agosto de 2025 se registraron 6,449 muertes violentas. En 2024, Ecuador cerró con 7,028 homicidios, lo que representó una tasa de 39 por cada 100,000 habitantes.
De mantenerse la tendencia actual, el país alcanzaría una tasa cercana a los 50 homicidios por cada 100,000 habitantes, consolidándose como la nación más violenta de América Latina, advierte la GI-TOC.