Centroamérica
Inicia juicio a exparamilitares por abuso sexual a indígenas en Guatemala
AFP
El juicio a cinco exparamilitares guatemaltecos por violencia sexual contra 36 mujeres indígenas mayas en los años ochenta durante la guerra (1960-1996) inició este miércoles luego de retrasos en un tribunal de la capital.
Los procesados son exmiembros de las paramilitares Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), quienes asisten por medio de videoconferencia desde la cárcel Mariscal Zavala, donde están recluidos.
Los hechos habrían ocurrido entre 1981 y 1985 en el municipio de Rabinal, al norte de la capital guatemalteca.
La demanda comenzó hace una década cuando 11 mujeres denunciaron el abuso ante la justicia y luego se sumaron otras víctimas para un total de 36 demandantes, dijo a periodistas la abogada Lucía Xiloj, que apoya su causa.
Durante el debate será presentado de forma virtual el testimonio de varias víctimas que declararon en anticipo de prueba; mientras que cinco de las demandantes estarán presentes en la audiencia para exponer los hechos.
La mayoría de los testigos están bajo reserva por protección a su integridad, detalló Xiloj.
En el debate oral y público los peritos expondrán la estrategia contrainsurgente usada por los paramilitares y soldados durante el conflicto armado para demostrar el abuso que sufrió la población maya, agregó.
Xiloj calificó de aberrantes los hechos debido a que muchas mujeres «fueron violentadas después de la desaparición (forzada) de sus esposos» por parte los exparamilitares y soldados.
Para representantes de la Asociación Bufete Jurídico de Rabinal, acompañante del caso, la apertura del juicio da esperanza a la lucha de estas mujeres y de otras víctimas de la guerra civil que ensangrentó este país durante 36 años.
La premio Nobel de la Paz 1992, Rigoberta Menchú, que asistió el martes, dijo que este caso es un desafío para el Estado porque «no cumplió con su obligación de defender a estas hermanas que fueron violadas, torturadas, humilladas y que fueron sometidas a la esclavitud (sexual) durante tantos años del conflicto armado».
Rabinal fue una de las poblaciones más golpeadas durante la guerra y allí se ubicó una tumba colectiva con más de 3.000 víctimas.
Una Comisión de la Verdad de la ONU, que investigó los crímenes de guerra en Guatemala, documentó 669 masacres y aseguró que el 93% de las violaciones fueron cometidas por aparatos del Estado.
Las PAC y la figura del comisionado militar que fueron instrumentos de represión durante la guerra quedaron disueltas con la firma de los acuerdos en 1996, lo que puso fin al conflicto que dejó unos 200.000 muertos o desaparecidos.
Centroamérica
Diciembre continúa sin muertes violentas y el país alcanza 282 jornadas sin homicidios
El pasado viernes 5 de diciembre finalizó sin registrar homicidios a nivel nacional, por lo que el presente mes continúa sin muertes a causa de la violencia, de acuerdo con las estadísticas oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC), divulgadas la madrugada de este sábado.
Con esta nueva jornada, El Salvador acumula un total de 282 días sin homicidios en lo que va del año. El desglose mensual de estas cifras refleja cinco días sin asesinatos en diciembre; 26 en noviembre; 24 en octubre; 23 en septiembre; 27 en agosto; 29 en julio; 25 en junio; además de 25 en enero, 26 en febrero, 22 en marzo, 25 en abril y 25 en mayo.
Las autoridades atribuyen estos resultados a las estrategias de seguridad impulsadas por el Gobierno del presidente Nayib Bukele, entre ellas el Plan Control Territorial y el régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022 como parte del combate frontal contra las pandillas.
Desde que Bukele asumió la Presidencia en 2019, el país ha registrado un total de 1,076 jornadas sin muertes violentas, de las cuales 966 corresponden al período bajo el régimen de excepción.
El impacto de estas políticas también se refleja en la reducción histórica de la tasa de homicidios. El índice pasó de 106.3 muertes por cada 100,000 habitantes en 2015, a 38 en 2019, hasta descender a 1.9 en 2024. Para el presente año, las proyecciones oficiales apuntan a cerrar con menos de un homicidio por cada 100,000 habitantes.
Centroamérica
Al menos 62 presos políticos siguen encarcelados en Nicaragua, incluidos 18 adultos mayores
Al menos 62 opositores y críticos del Gobierno de Nicaragua, encabezado por los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo, permanecen actualmente detenidos en las cárceles del país, entre ellos 18 adultos mayores, denunció este jueves el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.
De acuerdo con un informe de dicho organismo —cuyos datos cuentan con el aval de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)—, 28 de los detenidos se encuentran en condición de desaparición forzada. “La desaparición forzada sigue siendo una de las violaciones más graves: 28 personas continúan sin ubicación y sus familias enfrentan silencio, miedo y hostigamiento”, advirtió la organización.
Del total de 62 personas privadas de libertad por motivos políticos, 6 son mujeres y 56 hombres, incluidos 10 detenidos antes del inicio de la crisis sociopolítica de 2018, precisó el Mecanismo.
La cifra representa una disminución en comparación con el reporte anterior, que contabilizaba 77 prisioneros políticos, debido a la excarcelación de al menos 18 personas y la incorporación de tres nuevos casos, explicó la organización.
En la lista actualizada figura el excomandante de la revolución sandinista Henry Ruiz, quien permanece bajo confinamiento domiciliario impuesto por la Policía desde el 8 de marzo pasado, así como el exasesor de Ortega y general en retiro Álvaro Baltodano Cantarero. Ruiz, uno de los nueve comandantes de la antigua Dirección Nacional Sandinista (1979–1990), es además el detenido de mayor edad, con 81 años.
También aparecen entre los adultos mayores privados de libertad los dirigentes indígenas Brooklyn Rivera Bryan, Steadman Fagoth Müller y Nancy Elizabeth Henríquez, así como los militares en retiro Carlos Brenes, Víctor Boitano, Aníbal Rivas Reed y Eddie Moisés González Valdivia, entre otros.
El Mecanismo, integrado por organizaciones de derechos humanos, familiares de presos políticos, abogados y redes de activistas, advirtió que el número real de detenidos podría ser mayor, ya que muchas familias no denuncian los casos por temor a represalias.
Nicaragua atraviesa una profunda crisis política y social desde abril de 2018, que se agravó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega, de 80 años, fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo. Dichos comicios se realizaron con sus principales contendientes encarcelados, quienes posteriormente fueron expulsados del país y despojados de su nacionalidad y derechos políticos, acusados de “golpismo” y “traición a la patria”.
Centroamérica
CNE pide calma a candidatos tras denuncia de “cambio de datos” en el conteo electoral
La presidenta consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras, Ana Paola Hall, hizo este jueves un llamado a los candidatos presidenciales a pronunciarse “desde la tranquilidad”, luego de que el aspirante conservador Salvador Nasralla, del Partido Liberal, denunciara un repentino “cambio de datos” en los ajustados resultados preliminares de las elecciones del pasado domingo.
“Candidatos y candidatas, en momentos como estos, cuando el país espera con legítima expectativa los resultados finales de las elecciones, es necesario que hablemos desde la tranquilidad y desde la certeza”, expresó Hall durante una comparecencia ante la prensa.
La funcionaria también pidió a los aspirantes “confianza” y “respeto” hacia el ente electoral. Si bien reconoció la tensión y la urgencia que se vive en el actual contexto, advirtió que “la prisa a veces es enemiga de la legitimidad”.
Hall defendió además el trabajo del CNE durante el escrutinio preliminar y subrayó que los resultados que se entreguen serán “definitivos”, ya que el conteo se encuentra bajo dos procesos especiales de contingencia, destinados a verificar las actas y documentos que no pudieron ser procesados o transmitidos.
“El Consejo Nacional Electoral avanza de manera sistemática, ordenada y transparente en el escrutinio de todas y cada una de las actas de las juntas receptoras de votos”, afirmó por su parte la consejera Cossette López-Osorio.
Según explicó el organismo, uno de estos procesos contempla actas que fueron procesadas, pero no transmitidas desde los centros de votación, mientras que el segundo abarca documentos que no fueron procesados ni enviados por las juntas receptoras.
Las declaraciones de Hall se producen luego de que Nasralla denunciara este jueves un supuesto “cambio de datos” durante el conteo preliminar de la madrugada, cuando —según indicó— “se apagó la pantalla” del portal de resultados, lo que habría favorecido a su rival Nasry Asfura. Por ello, solicitó investigar a la empresa ASD, responsable de administrar la plataforma donde se proyectan los resultados.
“Cualquier análisis sobre una eventual responsabilidad de la empresa señalada debe realizarse posteriormente. En este momento lo prioritario es concluir la elección. Les aseguro que seremos rigurosos en ello”, enfatizó Hall.
La denuncia se conoció después de que este jueves los resultados preliminares volvieran a cambiar de tendencia. Con el 86,62 % de las actas escrutadas, Asfura, candidato del Partido Nacional respaldado por el presidente estadounidense Donald Trump, lidera ahora el conteo con 1.116.891 votos (40,25 %), mientras que Nasralla se ubica en segundo lugar con 1.093.302 sufragios (39,40 %).
Ambos aspirantes conservadores se han alternado en la cima del conteo desde el inicio del escrutinio, que ha estado marcado por interrupciones técnicas, según el CNE. Entretanto, la ciudadanía hondureña permanece a la expectativa de conocer al virtual ganador de las elecciones generales celebradas el pasado 30 de noviembre.
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