El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, destacó este jueves ante la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa que El Salvador ha alcanzado un 0 % de impunidad en los delitos cometidos durante 2025, como parte de los resultados del plan de seguridad implementado por el Gobierno del presidente Nayib Bukele.

Durante su intervención, Villatoro explicó que uno de los pilares del plan de seguridad es la combinación de acciones policiales y judiciales, lo que ha permitido reducir de manera sostenida los niveles de impunidad.

“Uno de los aspectos fundamentales del plan de seguridad del presidente Bukele es que no solo incluye medidas de seguridad, sino también de justicia, donde se aborda directamente el componente de impunidad”, subrayó el funcionario.

El ministro precisó que el combate a la impunidad ha tenido una mejora histórica: en 2019, el índice alcanzaba el 97 %, lo que significaba que de cada 100 homicidios, los responsables tenían altas probabilidades de no ser capturados. En 2022, la cifra se redujo a 35 %; en 2023, a 5 %, y en 2024, a 1.6 %.

“En lo que va de este año, la impunidad es de 0 %. Este es un mensaje fuerte, un golpe de autoridad en materia de seguridad y justicia”, afirmó Villatoro.

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El funcionario también señaló que, más allá de la reducción en los homicidios, el objetivo del plan de seguridad es desincentivar el crimen al eliminar cualquier beneficio o posibilidad de escapar de la justicia.

“Antes, matar era rentable para el criminal. Hoy no lo es”, concluyó.

El Gobierno del presidente Nayib Bukele proyecta un incremento significativo en la inversión social para 2026, con mayores asignaciones en los ministerios de Educación, Salud, Seguridad y Defensa, según los datos del proyecto de Presupuesto General del Estado.

Para el próximo año, el plan de gastos contempla una inversión de $3,886.9 millones en estas cuatro áreas, lo que representa un aumento de $277.3 millones en comparación con los $3,609.6 millones asignados en 2025. En 2024, el monto destinado al área social fue de $3,698.9 millones, mientras que en 2023 alcanzó los $3,263.6 millones, lo que refleja un incremento acumulado de $623.6 millones en tres años.

De acuerdo con el sociólogo René Martínez, el proyecto presupuestario 2026, actualmente en discusión en la comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, mantiene un equilibrio entre “lo urgente y lo importante”, y reafirma al área social como pilar del crecimiento económico y del desarrollo orientado a reducir la desigualdad.

“En el área social, se trata de un plan financiero de mediano y largo plazo que concreta las urgencias y aspiraciones de la población. Garantiza derechos civiles y bienestar colectivo en ámbitos como salud, educación, seguridad, servicios públicos de calidad y defensa”, explicó Martínez.

En los rubros de Seguridad y Defensa, el Gobierno continuará la ejecución del Plan Control Territorial (PCT), como parte de la estrategia para mantener los resultados obtenidos en la lucha contra las pandillas y el crimen organizado.

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“La meta del presidente Bukele al priorizar el área social es seguir construyendo la sociedad de bienestar delineada desde 2019, con ejes estratégicos basados en la seguridad, el desarrollo social sostenido, la educación y la salud”, concluyó el sociólogo.

A pocas semanas de las elecciones generales en Honduras, el Centro de Estudios para la Democracia (Cespad) alertó sobre serias amenazas a la transparencia del proceso electoral, entre ellas la falta de conectividad en centros de votación, deficiencias en la transmisión de resultados, el incremento de la violencia política y el incumplimiento presupuestario de instituciones clave como el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y la Unidad de Política Limpia.

Durante la presentación de su tercer informe de monitoreo electoral, el director del Cespad, Gustavo Irías, reconoció algunos avances técnicos en la organización del proceso, pero advirtió que persisten obstáculos técnicos, políticos y de seguridad que podrían derivar en una nueva crisis poselectoral.

El informe señala como uno de los riesgos más graves la brecha de conectividad digital y eléctrica en los centros de votación. De acuerdo con los datos, el 30 % de los más de 5,000 centros carece de conexión a internet y más de 600 no tienen suministro eléctrico, lo que podría afectar el funcionamiento del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

“Esto refleja la profunda desigualdad entre zonas urbanas y rurales”, subrayó Irías, al tiempo que advirtió que el proceso para contratar servicios satelitales fracasó y ahora se desarrolla con plazos muy ajustados.