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Internacionales

Piden juicio oral y público a Cristina Kirchner en la causa del Pacto con Irán

Luego de un pedido de reapertura de la causa por parte del fiscal, siguió la exposición del abogado Tomás Farini Duggan , representante de los familiares de las víctimas del atentado  en su primera presentación ante la audiencia.

En su argumentación solicitó al tribunal que fije fecha de inicio del juicio, y recordó que todos los planteos de nulidad de la defensa deben formar parte del debate durante el juicio, debido a que no se ha producido ninguna prueba nueva en la instrucción suplementaria.

En concreto se refiere a que la vicepresidenta en ejercicio presentó con sus abogados ante esta nueva causa los mismos argumentos que en la causa “dólar futuro”, donde fue sobreseída al no encontrarse perjuicio económico para el Estado Nacional con esa operatoria.

Además, Colombo agregó que en la causa del Pacto con Irán no sólo están procesados la actual vicepresidenta sino el actual Procurador del Tesoro, Carlos Zannini; el ministro de Desarrollo de la comunidad bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque; el senador Oscar Parrilli y el viceministro de Justicia de la Nación, Juan Martín Mena, entre otros.

Es necesario poner en contexto las idas y vueltas -en términos jurídicos y políticos- que atravesaron esta causa tan sensible para el pueblo argentino: en 2013, el fiscal Natalio Nisman comienza una investigación para dar con los responsables del atentado contra la AMIA. Ocurrió el 18 de julio de 1994 y dejó un saldo de 85 muertes.

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La investigación de Nisman duró dos años. Entre las  pruebas,  que sumó a su causa había una en particular  y que salpicaba las altas esferas del poder político.  Tanto la la Presidenta Kirchner como funcionarios de su gobierno eran señalados como partícipes de un pacto de impunidad  que garantizaba a los presuntos culpables iraníes la desvinculación con el atentado y la hipótesis de que el objetivo final era la caída de las alertas rojas por parte de Interpol .

Entre acusaciones cruzadas en el escenario político argentino, a fines de febrero de 2015, el juez Rafecas desestimó la denuncia del Fiscal Nisman por “inexistencia de delito”. La decisión del juez fue ratificada por la Cámara de Casación. Sin embargo, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) pidió ante el juzgado de Rafecas la reapertura de la causa. El juez   volvió a desestimarla pero al regresar la causa a Casación fue aceptada, tras haber permitido que la DAIA se incorporara como nuevo querellante.

Además, el juez Rafecas fue apartado de la causa. Quien tuvo a su cargo por unos meses esta causa fue el juez Lijo. No obstante, se produjo un nuevo giro al entrar en escena el juez Claudio Bonadio, quien llevaba una causa distinta contra el Canciller Timerman por escuchas telefónicas en las que el funcionario reconoce la autoría del atentado por parte de Irán. Ese elemento probatorio sirvió al juez Bonadio para establecer una conexión con la causa Nisman. En ambas el nombre de Timerman es recurrente.

En diciembre de 2017, Bonadio (ya fallecido) procesó con prisión preventiva a Fernández de Kirchner, Timerman (ya fallecido), Carlos Zannini y otros ex funcionarios por traición a la patria. La ex presidenta para ese entonces contaba con fueros al ser Senadora Nacional durante el gobierno del Presidente Macri.  El único detenido fue Zaninni (hoy Procurador del Tesoro).

Otro giro inesperado fue que la Cámara Federal y la Cámara de Casación Penal eliminó la tipificación de traición a la patria. Así las cosas, el caso fue elevado a juicio oral en marzo de 2018. Ese mismo mes, Zannini y Luis D’Elía, otro de los detenidos en la causa, fueron liberados por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 8. A fines de 2019, luego de su asunción como vicepresidenta, el mismo Tribunal Oral revocó la prisión preventiva de Fernández de Kirchner.

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Cabe destacar que el fiscal Nisman 4 días antes que fuera  encontrado muerto, en la noche del 18 de enero del 2015 en su departamento, había presentado la denuncia al juez Rafecas contra la entonces Presidenta. El 19 de enero debía acudir a exponer su investigación frente a los legisladores su investigación en el Congreso de la Nación.

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Internacionales

Captura de 12 presuntos miembros del CJNG desata bloqueos y quema de vehículos en Michoacán

La captura de 12 presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) provocó este miércoles bloqueos en carreteras y la quema de vehículos en Michoacán, uno de los principales estados agrícolas de México y el mayor proveedor mundial de aguacate.

El operativo fue ejecutado por el Ejército mexicano, que vinculó a los detenidos con el poderoso grupo criminal. Entre los arrestados se encuentran la pareja y la hija del presunto líder local de una célula del CJNG, quien permanece prófugo.

Durante el despliegue de seguridad también fueron decomisadas armas y vehículos. Las autoridades mantienen efectivos de seguridad locales y federales en la zona para restablecer y preservar el orden.

Los bloqueos se produjeron en un contexto de creciente presión sobre la industria del aguacate en Michoacán, actividad que ha sido blanco de extorsiones y otras acciones de organizaciones criminales debido a su importancia económica.

El operativo ocurrió pocos días después de que Estados Unidos suspendiera temporalmente, durante una semana, las importaciones de aguacate mexicano debido a amenazas contra los inspectores estadounidenses encargados de supervisar los cultivos y las empacadoras.

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La violencia y las extorsiones representan un desafío para la producción y comercialización del aguacate en Michoacán, cuya actividad exportadora tiene una importante presencia en el mercado internacional.

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Economía

Colombia descarta nuevos impuestos tras declarar emergencia por terremoto

El Gobierno de Colombia no contempla la creación de nuevos impuestos dentro de las medidas adoptadas mediante el Decreto 1261 de 2026, con el que declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica durante 30 días tras el terremoto de magnitud 7,4 registrado el pasado 10 de agosto.

La decisión de no establecer nuevas cargas tributarias se encuentra entre los principales aspectos del decreto, que plantea mecanismos alternativos para obtener liquidez y financiar la atención de la emergencia y la reconstrucción de las zonas afectadas.

El Ejecutivo reconoce que la situación fiscal del país ya enfrentaba dificultades antes del terremoto. Según el decreto, durante 2024 y 2025 cerca de uno de cada cuatro pesos recaudados por impuestos fue destinado al pago de intereses de la deuda pública.

A esta situación se suma que el Presupuesto General de la Nación para 2026 quedó desfinanciado después de que el Congreso no aprobara la Ley de Financiamiento. De acuerdo con el Gobierno, esta situación redujo aún más el margen fiscal disponible para atender los daños provocados por el desastre natural.

Medidas tributarias temporales

Aunque el decreto no establece nuevos impuestos, sí contempla medidas tributarias, aduaneras y cambiarias de carácter temporal para enfrentar las consecuencias económicas del terremoto.

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Entre las primeras acciones se encuentra la modificación del calendario tributario para los contribuyentes obligados a declarar en los territorios afectados por el sismo. La medida busca otorgarles mayor liquidez mientras se recuperan las actividades económicas y productivas.

El Gobierno también contempla alivios tributarios temporales para los damnificados y contribuyentes ubicados en las zonas afectadas.
Según el Ejecutivo, estas medidas no buscan resolver el déficit fiscal estructural del país, sino liberar recursos, facilitar el cumplimiento de las obligaciones y contribuir a la recuperación económica de las regiones afectadas por la emergencia.

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Centroamérica

Ministro chileno resalta experiencia de El Salvador en combate a la violencia

El ministro de Seguridad Pública de Chile, Martín Arrau, destacó la reducción de la tasa de homicidios registrada en El Salvador durante la gestión del presidente Nayib Bukele, al referirse a la experiencia salvadoreña en materia de seguridad durante una entrevista con CNN.

Arrau señaló que El Salvador pasó de registrar niveles de violencia considerablemente altos a situarse, según sus declaraciones, entre los países con las tasas de homicidios más bajas de Latinoamérica.

“El Salvador tiene una experiencia muy interesante, la tasa de homicidios era de 100 por cada 100,000 habitantes, y hoy en día tiene la tasa más baja de Latinoamérica”, afirmó el funcionario chileno.

El ministro también hizo referencia a las medidas implementadas por el Gobierno salvadoreño para combatir a las estructuras criminales, entre ellas la construcción del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), que calificó como una de las acciones adoptadas para mantener a los miembros de grupos delincuenciales en prisión.

En su análisis, Arrau recordó la situación de violencia que enfrentó El Salvador y señaló que las autoridades aplicaron distintas medidas para reducir los homicidios y recuperar el control territorial.

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De acuerdo con los datos citados en la entrevista, El Salvador cerró 2022 con 495 homicidios y una tasa de 7.8 por cada 100,000 habitantes, mientras que el año pasado registró una tasa de 1.3 homicidios por cada 100,000 habitantes.

En Chile, por su parte, 2022 cerró con más de 1,300 asesinatos y una tasa de 6.7 homicidios por cada 100,000 habitantes, según registros del Ministerio del Interior de ese país.

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