El Juzgado Sexto de Paz de San Salvador dará inicio este lunes al proceso penal contra Roberto Mauricio Villalta, de 42 años, quien enfrenta cargos por el delito de agresión sexual a menor e incapaz, tras un incidente ocurrido en el Mercado Sagrado Corazón de la capital salvadoreña.

El caso cobró relevancia luego de que un video, divulgado en redes sociales, mostrara a Villalta acercándose a una niña en el mercado con intenciones de agredirla sexualmente, aunque la menor logró escapar corriendo por un pasillo.

La captura del acusado se produjo el pasado 25 de abril, después de que la Policía Nacional Civil (PNC) recabara múltiples pruebas, incluidos videos de cámaras de seguridad cercanas y testimonios de testigos presenciales.

Según el informe policial, Villalta, quien trabajaba como barbero, tenía un modus operandi que consistía en observar a los niños en el mercado y aprovechar descuidos de los padres para cometer los abusos.

Las autoridades también descubrieron que Villalta tenía antecedentes penales por delitos similares, incluyendo una detención en 2014 por agresión sexual a otra niña, así como por agresión a una mujer, por la cual recibió una orden de alejamiento que incumplió, lo que resultó en su arresto posterior.

Además de estos delitos, el acusado también cuenta con antecedentes por hurto, amenazas y extorsión, aunque en varias ocasiones fue exonerado por los tribunales.

La Fiscalía General de la República ha solicitado la detención provisional de Villalta mientras avanza el proceso judicial por este nuevo caso de agresión sexual.

Durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 5 de mayo de 2024, la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala ha detenido a un total de 41 pandilleros salvadoreños que habían huido del régimen de excepción implementado por el Gobierno en El Salvador.

Según el informe oficial, 14 de los pandilleros capturados se encuentran actualmente cumpliendo condena en el sistema penitenciario guatemalteco por diversos delitos relacionados con el crimen organizado.

Los restantes 27 pandilleros fueron entregados a las autoridades salvadoreñas en las fronteras entre ambos países. Aunque no habían cometido delitos en territorio guatemalteco, fueron trasladados a las fronteras terrestres en el marco de la colaboración entre las Policías de ambas naciones, para asegurar que no regresaran y para que se les siguiera el respectivo proceso judicial en El Salvador por el delito de agrupaciones ilícitas.

Los pandilleros que permanecen en prisión en Guatemala enfrentan cargos por extorsión, robo y homicidio, entre otros delitos relacionados con el crimen organizado, por los cuales se les está siguiendo un expediente penal en dicho país.

La última captura reportada por la PNC de Guatemala ocurrió el pasado domingo, cuando investigadores de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda) capturaron a Eduardo Edenilson Hernández Hernández, alias «El Triby» de la Mara Salvatrucha en la Zona 1 de Jutiapa. Hernández fue entregado a las autoridades salvadoreñas y será procesado por el delito de agrupaciones ilícitas en El Salvador.

Yudy Gómez Díaz, acusada de estafar a 18 personas con un monto total de $137,800 bajo la apariencia de ser una inversionista, será sometida a juicio por el delito de estafa agravada en perjuicio de múltiples víctimas. Un tribunal de sentencia en San Salvador será el encargado de llevar a cabo el proceso legal.

La presunta estafa ocurrió entre los años 2019 y 2022, cuando Gómez Díaz ofreció a las víctimas ganancias mensuales de hasta un 35% sobre su inversión inicial. Utilizó un esquema piramidal, que implicaba que las nuevas personas integradas debían realizar aportes económicos para participar.

Según la acusación presentada por la Fiscalía General de la República, algunas víctimas realizaron transferencias de hasta $30,000, pero no lograron recuperar su dinero. Gómez Díaz entregaba ganancias iniciales para ganarse la confianza de las personas, pero dejó de pagarles una vez que habían entregado cantidades considerables.

La imputada justificó la falta de entrega de ganancias alegando supuestas auditorías y hospitalizaciones. Sin embargo, las víctimas no recibieron ninguna compensación por sus pérdidas, lo que llevó a la presentación de cargos en su contra. Ahora, Gómez Díaz enfrentará un juicio donde se definirá su situación jurídica en relación con estos delitos de estafa.