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Centroamérica

Más de 423,000 hondureños han sufrido desplazamiento forzado, según ACNUR

Más de 423,000 personas en Honduras han sido víctimas de desplazamiento forzado interno en algún momento de sus vidas, según un estudio divulgado por la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) en conjunto con instituciones estatales.

El informe, elaborado entre junio y agosto de 2024 con apoyo del Instituto Nacional de Estadística (INE), estima que esta cifra equivale al 4,5 % de la población total, evidenciando la magnitud de un fenómeno que hasta ahora carecía de medición precisa.

De acuerdo con el estudio, las mujeres representan el 55 % de las personas desplazadas, mientras que los menores de edad constituyen el 11 %, lo que refleja el impacto diferenciado de la violencia sobre los grupos más vulnerables.

“Al medir el desplazamiento interno, ponemos nombre y rostro a una realidad persistente y convertimos los datos en una herramienta clave para diseñar políticas públicas que protejan y devuelvan la dignidad a miles de familias”, afirmó Rony Pacheco.

El informe advierte que las personas desplazadas enfrentan mayores riesgos de inseguridad, pobreza extrema y hambre, además de la pérdida de sus bienes. En el caso de niños y adolescentes, se incrementa la posibilidad de ser reclutados por estructuras criminales.

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Asimismo, el documento señala que un 38,5 % de los afectados abandonó su hogar debido a una combinación de violencia y desastres naturales, lo que agrava su situación de vulnerabilidad.

En términos demográficos, el desplazamiento afecta principalmente a personas entre 15 y 34 años, grupo que concentra el 38 % de los casos reportados. Geográficamente, las mayores concentraciones se registran en zonas urbanas como el Distrito Central y San Pedro Sula, caracterizadas por altos niveles de violencia.

Por su parte, la representante de ACNUR en el país, Kathryn Lo, destacó la importancia de este tipo de estudios para comprender la magnitud del fenómeno y avanzar en la atención a las víctimas. Señaló que contar con información precisa es clave para que las familias afectadas puedan reconstruir sus vidas en condiciones de dignidad.

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Centroamérica

Más de 170,000 salvadoreños enfrentan incertidumbre ante el vencimiento del TPS en EE. UU.

Más de 170,000 salvadoreños amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos enfrentan una carrera contrarreloj ante el vencimiento del beneficio, previsto para el próximo 9 de septiembre.

La finalización del programa dejaría a los beneficiarios sin autorización de trabajo y los expondría a procesos de deportación, salvo que puedan acogerse a otra protección migratoria o regularizar su situación por una vía distinta.

«La gente (las personas amparadas por el TPS) está atemorizada», afirmó a EFE Teresa Tejada, directora de la Asociación de Salvadoreños de Los Ángeles (ASOSAL), organización que ha promovido durante años las renovaciones del programa otorgado a El Salvador en febrero de 2001, después de los terremotos que azotaron al país ese año.

Tejada explicó que en los últimos días la organización ha recibido numerosas llamadas de salvadoreños que buscan orientación ante la posibilidad de perder la protección migratoria.

La ofensiva de Trump contra el TPS

Las perspectivas para una nueva extensión del programa no son alentadoras. El abogado de inmigración Fernando Romo consideró que «no es probable» que el TPS para El Salvador sea prorrogado, debido a las medidas adoptadas por la Administración del presidente Donald Trump contra este mecanismo de protección.

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Durante el primer mandato de Trump, en enero de 2018, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció la terminación del TPS para El Salvador. En ese momento, unos 180,000 salvadoreños estaban protegidos por el programa y se les otorgó un período para buscar otras alternativas migratorias o abandonar Estados Unidos.

La decisión fue posteriormente bloqueada por los tribunales tras una demanda presentada por beneficiarios del TPS y sus hijos estadounidenses, quienes argumentaron que la Administración había actuado por motivos discriminatorios y racistas.

Tras regresar a la Casa Blanca, Trump retomó las medidas contra el TPS y eliminó la protección para ciudadanos de varios países, entre ellos Venezuela y Haití. Beneficiarios de esos programas también recurrieron a los tribunales.

En esta ocasión, la Administración obtuvo un respaldo de la Corte Suprema, que determinó que el Ejecutivo tenía autoridad para revocar el TPS.

Riesgo de perder el permiso de trabajo

En el caso de El Salvador, el Gobierno estadounidense podría dejar expirar el programa para aproximadamente 170,000 beneficiarios, de acuerdo con datos citados por The National Immigration Forum.

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La pérdida del TPS implicaría también la expiración de los permisos de trabajo vinculados al programa y del estatus de protección temporal que permite a los beneficiarios permanecer legalmente en Estados Unidos.

Para quienes no cuenten con otra vía de protección migratoria, el vencimiento del beneficio supondría un riesgo de deportación.

«Es una situación muy complicada», señaló Romo al referirse al escenario que enfrentan los salvadoreños protegidos por el TPS mientras se acerca la fecha límite del programa.

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Centroamérica

Costa Rica declara “secreto de Estado” información sobre seguridad ante avance del crimen organizado

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, declaró este lunes como «secreto de Estado» la información relacionada con las entidades responsables de la seguridad pública, argumentando que existe un riesgo creciente de infiltración por parte del crimen organizado y un aumento de la violencia en el país.

La medida se adopta en medio de una creciente tensión entre el Poder Ejecutivo y el Judicial, así como tras la filtración de un documento interno de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional que identificó a 116 policías presuntamente vinculados con organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, trata de migrantes y contrabando de alcohol.

Fernández, quien asumió la Presidencia en mayo, también impulsa una reforma del sistema de justicia, al que acusa de no responder de manera efectiva al avance de la violencia asociada con el crimen organizado.

El decreto, publicado en el diario oficial La Gaceta, establece como «secretos de Estado» la información, documentos y archivos del Consejo Nacional de Seguridad Pública, la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional y el grupo interinstitucional denominado «Fuerza Élite».

La disposición también incluye cualquier otra coordinación relacionada con la seguridad y defensa del Estado que sea dirigida por la Presidencia de la República.

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Entre la información protegida se encuentran datos relacionados con operaciones contra la delincuencia organizada, estrategias policiales de prospección y despliegue, capacidades operativas, procedimientos especiales y recursos tecnológicos, entre otros aspectos.

El Gobierno argumenta que la restricción busca proteger la estrategia nacional de seguridad y evitar que información sensible llegue a manos de organizaciones criminales.

Según el decreto, la divulgación de estos datos «puede comprometer operaciones en curso o futuras», por lo que las autoridades consideran necesario limitar su acceso público.

La decisión ocurre en un contexto de creciente preocupación por la penetración del crimen organizado en instituciones públicas y mientras el Gobierno busca fortalecer sus mecanismos de seguridad frente al aumento de la violencia.

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Centroamérica

Inicia entrevistas para elegir a los nuevos magistrados de la Corte de Cuentas de El Salvador

La comisión política de la Asamblea Legislativa inició el proceso de entrevistas a los candidatos que aspiran a ocupar la presidencia y las magistraturas primera y segunda de la Corte de Cuentas de la República (CCR).

Los diputados deberán seleccionar a los tres funcionarios de un listado compuesto por 18 profesionales que buscan ocupar los cargos de elección de segundo grado.

Durante la primera jornada de entrevistas fueron evaluados Édgar Eliseo Alvarenga Funes, Walter Salvador Sosa Funes, actual presidente de la CCR; Karla Gabriela Siliézar Liévano; Julio Guillermo Bendek Panameño, actual primer magistrado de la institución; y Sigfredo Alexis Ventura Bonilla.

La comisión política ha programado cuatro jornadas de entrevistas para conocer los perfiles y propuestas de los aspirantes. Los nuevos funcionarios deberán ser electos a más tardar el 27 de agosto de 2026.

El periodo de funciones de los nuevos magistrados se extenderá del 28 de agosto de 2026 al 27 de agosto de 2029.

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Los funcionarios permanecerán tres años en sus cargos una vez rindan la protesta de ley ante la Asamblea Legislativa. Para concretar los nombramientos se requiere el respaldo de al menos 31 diputados.

La comisión política tiene la responsabilidad de desarrollar un proceso que, de acuerdo con los lineamientos establecidos, debe ser «serio, transparente y objetivo», mediante la evaluación de los perfiles de los candidatos y la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Constitución de la República.

La Corte de Cuentas es el organismo encargado de fiscalizar la administración de los recursos públicos, por lo que la elección de sus principales autoridades constituye uno de los procesos de segundo grado que corresponde realizar a la Asamblea Legislativa.

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