Centroamérica
Costa Rica fortalece la atención primaria para enfrentar el auge de enfermedades crónicas
Costa Rica puso en marcha una nueva estrategia para fortalecer la red primaria de salud, considerada la base de su sistema público, con el propósito de brindar atención más oportuna, mejorar la calidad de vida de la población y responder a los retos derivados de los cambios epidemiológicos y demográficos.
El gerente médico de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), Alexander Sánchez, explicó que el modelo vigente no evolucionó al mismo ritmo que la transformación poblacional registrada en las últimas décadas.
“En 1993 la atención primaria se traslada del Ministerio de Salud a la CCSS y eso impactó para que tuviésemos los indicadores que tenemos, pero no evolucionamos paralelamente acorde a los cambios poblacionales que trajeron un mayor número de adultos mayores y enfermedades que caracterizan a esa población como la hipertensión y la diabetes”, indicó.
Sánchez añadió que el perfil de la pirámide poblacional y el panorama epidemiológico no fueron considerados en las reformas previas del primer nivel de atención, una situación que la nueva Estrategia Nacional de Optimización del Primer Nivel de Atención busca corregir a partir de julio.
La iniciativa se estructura en tres ejes: promoción y prevención; cobertura; y calidad. El objetivo central es prevenir y detectar de forma temprana enfermedades no transmisibles, como las cardiovasculares y la diabetes, para descongestionar los hospitales y fortalecer la capacidad de respuesta del sistema.
El plan contempla la conformación de equipos multidisciplinarios en cada área de salud, integrados por profesionales en medicina, enfermería, promoción de la salud y educación física, quienes impulsarán estilos de vida saludables en comunidades y centros laborales. En una fase piloto se habilitarán 298 nuevas plazas en 15 áreas de salud, cuya evaluación se realizará tras un año con miras a su expansión nacional.
En materia de cobertura, se abrirán cupos para médicos generales y enfermeros especialistas en obstetricia, psiquiatría y epidemiología. Además, en el ámbito de calidad, las áreas de salud comunitarias podrán emitir recetas de medicamentos que antes estaban reservadas a especialistas de hospitales de mayor complejidad.
“Queremos que el modelo de salud regrese para lo que fue concebido. El 80 % de la resolutividad de nuestros pacientes debe ser en el primer nivel para que nuestros hospitales se concentren en resolver las cosas altamente complejas”, afirmó Sánchez.
Datos de la CCSS indican que Costa Rica tiene una esperanza de vida de 81 años y una tasa de fecundidad inferior a dos hijos por mujer. Aunque la mortalidad por enfermedades transmisibles representa el 5 %, el 55 % de la población adulta padece al menos una enfermedad crónica. Las enfermedades cardiovasculares y la diabetes figuran entre las principales causas de consulta, solo superadas por las infecciones respiratorias.
Por su parte, el representante en el país de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Alfonso Tenorio, destacó que Costa Rica es un referente regional en materia sanitaria y consideró que la estrategia permitirá enfrentar la alta prevalencia de hipertensión, diabetes y obesidad.
“Estamos muy complacidos porque este es un modelo que queremos compartir con el resto de la región de las Américas”, señaló.
La reforma refuerza la apuesta costarricense por un sistema de salud centrado en la prevención, la cobertura universal y la eficiencia hospitalaria, en un contexto marcado por el envejecimiento poblacional y el aumento de enfermedades crónicas.
Centroamérica
Experto de la ONU advierte que Nicaragua desmantela el Estado de derecho “sin tanques”
El abogado húngaro Reed Bródy, integrante del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas, advirtió que el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo está debilitando el Estado de derecho mediante medidas administrativas que, a su juicio, permiten desmantelar instituciones sin recurrir a acciones militares.
En una entrevista con EFE, Bródy, conocido como el «cazador de dictadores» por su trayectoria en defensa de los derechos humanos, señaló que la eliminación masiva de abogados del registro de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua representa una nueva forma de control institucional.
«Se puede desmantelar el Estado de derecho sin tanques y sin decretos dramáticos: basta con una base de datos», afirmó el jurista, al cuestionar la supuesta exclusión de profesionales sin notificación, proceso disciplinario ni comunicación oficial.
Según Bródy, un Estado que decide administrativamente quién puede ejercer como abogado y quién no deja de garantizar un sistema basado en el derecho para convertirse en un mecanismo de sanción.
«Un Estado que decide por vía administrativa quién puede ser abogado y quién no, no tiene Estado de derecho; tiene un instrumento de castigo», señaló.
De acuerdo con denuncias de abogados afectados y fuentes judiciales citadas por medios nicaragüenses, al menos 2,000 profesionales habrían sido eliminados del registro de la Corte Suprema de Justicia. Hasta ahora, ni el Gobierno ni el Poder Judicial han brindado una explicación pública sobre la medida.
El experto de Naciones Unidas explicó que la eliminación del registro judicial tiene consecuencias directas para los profesionales afectados, ya que les impide presentar escritos ante los tribunales, representar clientes o ejercer funciones notariales.
«Cada abogado eliminado son familias que se quedan sin quién presente un recurso, sin quién reclame por un detenido, sin quién firme una escritura. Cuando los abogados no pueden ejercer, los ciudadanos se quedan sin defensa», expresó.
Bródy alertó que la comunidad internacional debe prestar atención a esta situación, pues considera que permitir este tipo de acciones sin consecuencias podría enviar un mensaje a otros gobiernos con tendencias autoritarias.
«Los colegios de abogados del mundo entero deberían pronunciarse: hoy son sus colegas nicaragüenses los borrados», afirmó.
El abogado comparó esta situación con otras medidas atribuidas al Gobierno sandinista, como el cierre de organizaciones no gubernamentales, universidades, medios independientes e instituciones religiosas.
«Ahora le toca a la abogacía. El patrón se repite: eliminar, sin proceso alguno, a todo aquel que pueda interponerse entre el poder y el ciudadano», concluyó Bródy.
Centroamérica
Periodistas guatemaltecos presentan libro sobre la gestión de Consuelo Porras al frente del Ministerio Público
Periodistas guatemaltecos presentaron un nuevo libro que analiza la gestión de Consuelo Porras al frente del Ministerio Público (MP) y los cuestionamientos surgidos durante sus ocho años como fiscal general del país.
La obra, escrita por los comunicadores José del Cid y Figueroa, busca documentar lo que sus autores consideran abusos de poder y acciones de persecución selectiva durante la administración de Porras, quien dejó el cargo en mayo pasado tras concluir su segundo período al frente de la Fiscalía.
«Lo que tratamos de hacer con este libro es detallar los abusos del poder que durante los ocho años de Porras se cometieron. Explicamos cómo se hizo una persecución selectiva a través de diferentes fiscalías», afirmó el periodista durante la presentación.
Con esta publicación, Del Cid y Figueroa suman cuatro libros en conjunto. Anteriormente desarrollaron tres investigaciones periodísticas relacionadas con casos de corrupción ocurridos durante el Gobierno del expresidente Alejandro Giammattei (2020-2024).
Figueroa explicó que la nueva obra pretende contribuir a la construcción de memoria histórica y dejar registro del papel que tuvo el Ministerio Público durante la gestión de Porras.
«Lo que hacemos con este libro es generar memoria histórica para que los guatemaltecos y a nivel internacional sepan cuál fue el trabajo de impunidad de Porras en el Ministerio Público y cómo provocó un retroceso en la justicia guatemalteca», señaló.
Porras Argueta estuvo al frente de la Fiscalía General durante ocho años y fue señalada por Estados Unidos y la Unión Europea por presuntos actos de corrupción y por acciones relacionadas con el proceso electoral de 2023, cuyos resultados dieron la presidencia a Bernardo Arévalo de León.
Durante su gestión, decenas de personas vinculadas a la lucha contra la corrupción en Guatemala abandonaron el país. Entre ellas figuran fiscales, periodistas, líderes indígenas y otros actores sociales que denunciaron persecución judicial.
Del Cid afirmó durante la presentación que Porras defendió los intereses de los expresidentes Alejandro Giammattei y Jimmy Morales, quienes participaron en su designación como fiscal general.
«El libro hace un análisis también sobre las principales figuras cercanas a Porras», agregó el periodista ante los asistentes que acudieron al lanzamiento de la obra en el salón Miguel Ángel Asturias.
La presentación se realizó en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guatemala (Filgua 2026), uno de los principales encuentros literarios de Centroamérica, que este año está dedicado a la premio Nobel de la Paz de 1992, Rigoberta Menchú, y tiene a Alemania como país invitado de honor.
Los organizadores esperan recibir más de 100,000 visitantes durante la feria, que cuenta con cerca de 700 actividades entre presentaciones de libros, foros y conversatorios.
Centroamérica
El Salvador registra un nuevo día sin homicidios y acumula 166 jornadas en 2026
El Salvador cerró el domingo 12 de julio con cero homicidios a escala nacional, de acuerdo con los datos oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC), publicados durante la madrugada de este lunes.
Con esta nueva jornada sin muertes violentas, el país acumula 166 días con cero homicidios durante 2026, según las estadísticas oficiales.
Desde que el presidente Nayib Bukele asumió el Gobierno en 2019, El Salvador registra 1,266 días sin homicidios, de acuerdo con los datos divulgados por la PNC.
Del total de jornadas sin muertes violentas contabilizadas durante la actual administración, 1,152 corresponden al período de vigencia del régimen de excepción, una medida implementada desde marzo de 2022 para combatir a las estructuras criminales.
Durante la aplicación de esta política de seguridad, las autoridades reportan la captura de más de 92,000 personas señaladas de pertenecer a pandillas.
El Gobierno atribuye la reducción de los homicidios a estrategias como el Plan Control Territorial y el régimen de excepción, medidas que, según las autoridades, han permitido mejorar los indicadores de seguridad del país.
Los resultados en materia de seguridad han llevado a El Salvador a destacar en distintos análisis internacionales por la reducción de los niveles de violencia registrados en los últimos años.
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