La Fiscalía General de la República (FGR) informó este jueves que fue confirmada la condena de 13 años y cuatro meses de prisión contra Norman Quijano, por los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.

De acuerdo con el Ministerio Público, la sentencia fue impuesta en 2024 por la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador y se hizo efectiva a partir del 26 de enero, fecha en la que Quijano ingresó al país tras ser capturado por las autoridades.

El exdiputado de la Asamblea Legislativa y del Parlamento Centroamericano, así como excandidato presidencial por el partido ARENA, fue procesado por haber pactado con pandillas durante su campaña para las elecciones presidenciales de 2014, con el objetivo de obtener apoyo electoral.

“La Fiscalía presentó todas las pruebas que demostraron que Quijano sostenía reuniones directas con cabecillas de pandillas a cambio de recibir votos”, indicó la institución en un comunicado.

Según la investigación fiscal, previo a la segunda vuelta de los comicios de 2014, Quijano y otros dirigentes del partido se reunieron con líderes de la Mara Salvatrucha y de las distintas facciones del Barrio 18, con el fin de asegurar respaldo electoral en zonas bajo control de estas estructuras criminales.

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La FGR comprobó que se entregaron $100,000 a pandilleros para influir en el voto a favor del entonces candidato. El dinero habría sido canalizado por Paolo Lüers, de nacionalidad alemana y actualmente prófugo. De ese monto, $50,000fueron entregados a la Mara Salvatrucha, $25,000 a la facción Barrio 18 Revolucionarios y $25,000 a los Sureños.

A cambio, según la acusación, se ofrecieron beneficios como programas de reinserción social, la reducción de acciones policiales y la eliminación de leyes antipandillas. Además, Quijano habría prometido a los pandilleros que, de llegar a la Presidencia, invertiría $100 millones en beneficio de estas estructuras, fondos que saldrían del presupuesto general de la nación.

La Fiscalía también señaló que el exdiputado fue mencionado por el fallecido exalcalde de Ilopango, Salvador Ruano, como la persona que habría ordenado los pactos con pandillas a cambio de apoyo electoral.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió públicamente a su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, durante su participación en el Desayuno Nacional de Oración, un evento que congregó a líderes políticos y dignatarios de más de 110 países.

Durante su discurso, Trump calificó a Bukele como “una de mis personas favoritas” y destacó su relación con El Salvador, al que describió como un aliado clave de Estados Unidos. El mandatario estadounidense subrayó especialmente la gestión del presidente salvadoreño en materia de seguridad y el combate al crimen.

“Nos complace dar la bienvenida a líderes y dignatarios visitantes de más de 110 países. Están aquí, incluido uno de mis favoritos. El presidente Bukele, de El Salvador, ha sido realmente increíble”, afirmó Trump ante los asistentes.

El mandatario estadounidense también hizo referencia al sistema penitenciario salvadoreño y a las políticas de seguridad implementadas por el Gobierno de Bukele. “Él opera prisiones muy grandes, enormes. No se puede ver de un lado al otro a menos que se tenga una visión perfecta”, expresó, al tiempo que aseguró que, pese a tratarse de centros penitenciarios “fuertes”, el trabajo que se realiza en ellos es “muy humano”.

Por su parte, el presidente Nayib Bukele también se refirió a los avances en seguridad en El Salvador y recordó que el pasado 19 de enero su país celebró por primera vez el Desayuno Nacional de Oración.

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“Hace un par de días tuvimos el honor de organizar, por primera vez, un Desayuno Nacional de Oración en El Salvador. Allí compartí un poco sobre el milagro que se está desarrollando en nuestro país. Como saben, El Salvador era la capital mundial de los homicidios, como se le conocía”, afirmó el mandatario salvadoreño.

La decisión de Panama Ports Company (PPC), filial del conglomerado hongkonés CK Hutchison, de recurrir a un arbitraje internacional tras el fallo del Supremo de Panamá que declaró inconstitucional la concesión de dos puertos del Canal ha abierto una nueva etapa legal en el proceso, en un contexto marcado por las tensiones geopolíticas entre China y Estados Unidos.

PPC anunció que el pasado 3 de febrero inició un proceso de arbitraje contra la República de Panamá ante la Cámara de Comercio Internacional (ICC), con sede en París, amparándose en el contrato de concesión firmado en 1997, según informó la empresa en un comunicado enviado a EFE. La compañía, operadora de los puertos de Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico, sostiene que el Estado panameño ha incumplido el marco contractual y legal, por lo que reclama “daños extensos”.

El anuncio se produjo luego de que la Corte Suprema de Justicia de Panamá declarara inconstitucional la concesión otorgada a PPC. No obstante, el presidente panameño, José Raúl Mulino, ha señalado que la empresa continuará operando los puertos hasta que la sentencia quede ejecutoriada. Por su parte, PPC asegura que el fallo aún no ha sido publicado ni ha entrado en vigor.

El Gobierno panameño prevé una fase transitoria tras la ejecución de la sentencia, durante la cual la operación provisional de los puertos estaría a cargo de APM Terminals Panama, filial del grupo danés Maersk. Posteriormente, se impulsará un nuevo proceso de concesión que, según Mulino, será abierto y participativo.

De acuerdo con la ICC, el arbitraje iniciado por PPC tiene un carácter estrictamente contractual y no puede revisar ni anular decisiones de tribunales nacionales. Su alcance se limita a determinar si existieron incumplimientos contractuales y, de ser el caso, establecer compensaciones económicas.

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El profesor Ja Ian Chong, de la Universidad Nacional de Singapur, advirtió en declaraciones a EFE que este tipo de arbitrajes “pueden prolongarse durante años” y recordó que Panamá, como Estado, “no está obligada a participar ni a cumplir el laudo”, como ha ocurrido en otros litigios internacionales.