Venezuela ha detenido a varios ciudadanos estadounidenses desde que Estados Unidos intensificó su campaña de presión contra el gobierno de Nicolás Maduro, una ofensiva que combina acciones militares, sanciones económicas y exigencias políticas, informó este viernes The New York Times, citando a un funcionario venezolano bajo condición de anonimato.

Según el diario, el gobierno del presidente Donald Trump evalúa declarar como “detenidos ilegalmente” a al menos dos de los estadounidenses encarcelados en Venezuela, aunque algunos de ellos enfrentan cargos penales que Washington considera infundados o cuestionables.

Entre los arrestados figuran tres personas con doble nacionalidad venezolana y estadounidense, así como dos ciudadanos estadounidenses sin vínculos conocidos con Venezuela. Uno de los casos que genera mayor preocupación en las autoridades estadounidenses es el de James Luckey-Lange, un joven neoyorquino de 28 años, quien se encontraba de viaje en Venezuela en diciembre pasado y podría ser incluido en la lista de detenidos considerados ilegales por Washington.

Las detenciones se han registrado desde septiembre, cuando Estados Unidos desplegó un amplio operativo militar en el Caribe, argumentando la necesidad de combatir el narcotráfico proveniente de Colombia y Venezuela. De forma paralela, Washington ha reforzado su presión política contra Maduro y su entorno, a quienes acusa de encabezar el llamado Cartel de los Soles, una presunta red de narcotráfico vinculada a altos funcionarios venezolanos.

Hasta el momento, el gobierno venezolano no ha ofrecido detalles públicos sobre las detenciones ni sobre la situación jurídica de los ciudadanos estadounidenses mencionados en el reporte.

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CEL

Las autoridades venezolanas anunciaron este jueves la excarcelación de 88 personas detenidas durante las manifestaciones que se produjeron tras la reelección de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de 2024, comicios que la oposición denunció como fraudulentos.

Según un comunicado del Ministerio del Servicio Penitenciario, las personas liberadas estaban privadas de libertad por delitos cometidos en el marco de acciones violentas atribuidas a sectores considerados “extremistas” tras el proceso electoral del 28 de julio de 2024.

El texto oficial señala que el presidente Maduro ordenó evaluar “de manera individual cada situación” y aplicar, conforme a la ley, medidas cautelares para concretar las excarcelaciones.

Las presidenciales de 2024 desencadenaron una ola de protestas en todo el país, que dejaron 28 personas muertas y cerca de 2.400 detenidas, en medio de un aumento de la represión policial, luego de que la oposición ratificara como ganador a Edmundo González Urrutia, candidato respaldado por la líder opositora María Corina Machado.

De acuerdo con cifras oficiales, más de 2.000 personas han sido excarceladas desde entonces. No obstante, organizaciones no gubernamentales como Foro Penal advierten que aún más de 700 personas permanecen detenidas por motivos políticos.

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El pasado 25 de diciembre, el Gobierno anunció la liberación de 99 detenidos, aunque Foro Penal solo logró verificar 61 casos en ese momento, lo que mantiene las dudas sobre el alcance real de las excarcelaciones.

Siete personas murieron y otras diez resultaron heridas durante un ataque armado ocurrido la noche de la víspera de Año Nuevo en el puerto de Manta, en el suroeste de Ecuador, informó este jueves la Policía Nacional.

El hecho se registró alrededor de las 23:00 horas locales del miércoles, cuando un grupo de personas se encontraba celebrando el fin de año en el exterior de una vivienda, según reportes de medios locales. Entre las víctimas mortales se encuentra un menor de edad.

El jefe policial de Manta, coronel Carlos Rivadeneira, explicó que dos personas fallecieron en el lugar del ataque y otras cinco murieron posteriormente en distintos centros hospitalarios. Inicialmente, las autoridades habían informado de seis víctimas mortales, cifra que fue actualizada tras el fallecimiento de uno de los heridos.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el ataque estaría relacionado con una disputa territorial entre grupos delictivos, aunque Rivadeneira precisó que los fallecidos no registran antecedentes penales. Tras perpetrar el ataque, los agresores dejaron panfletos con amenazas, lo que refuerza la hipótesis de la participación de una banda rival.

Este hecho ocurrió tres días después de otra masacre en la misma provincia de Manabí, donde seis personas —incluida una bebé— fueron asesinadas. Ambas matanzas se produjeron en una zona que fue declarada en estado de excepción, junto con otras ocho provincias, debido al incremento de los homicidios.

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CEL

Ecuador enfrenta una grave crisis de seguridad derivada de la guerra entre bandas vinculadas al narcotráfico internacional, una situación que ha convertido al país en uno de los más violentos de América Latina.

Según cifras del Ministerio del Interior, entre enero y noviembre de 2025 se registraron más de 8.300 homicidios, superando los niveles de violencia de años anteriores. En 2023, el país alcanzó un récord de 47 homicidios por cada 100.000 habitantes.