El Juzgado de Paz de Pasaquina, en el departamento de La Unión, decretó instrucción formal con detención provisional contra Santiago Zúniga Cruz, de 59 años, y Lidia Saharay Maldonado Matute, de 37, ambos de nacionalidad hondureña, acusados del delito de tráfico ilegal de personas en perjuicio de un adolescente.

Zúniga Cruz, conocido en redes sociales como el “apóstol Santiago”, continuará bajo custodia mientras avanza el proceso judicial. La resolución fue emitida durante la audiencia inicial celebrada el jueves 19 de febrero.

De acuerdo con el requerimiento presentado por la Fiscalía General de la República, los imputados fueron capturados el pasado 4 de febrero en la frontera terrestre de El Amatillo, tras una intervención realizada por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

Durante la inspección del vehículo en el que se conducían, las autoridades detectaron que transportaban a un menor de edad identificado con las iniciales Y. J. G. C., quien —según el reporte policial— no contaba con la autorización legal de sus padres para salir de Honduras.

La captura fue dada a conocer el 5 de febrero. Desde entonces, Zúniga Cruz ha permanecido privado de libertad en la delegación policial de La Unión, mientras se desarrollaban las diligencias correspondientes.

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El equipo de prensa de Centros Judiciales informó que el proceso mantiene reserva total, a solicitud de la Fiscalía, por tratarse de un caso que involucra a un menor de edad.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró que el país está transitando de ser un emisor de migrantes a convertirse en receptor, atribuyendo este cambio a las mejoras en materia de seguridad pública.

La declaración fue realizada al compartir un video difundido por CNN en el que ciudadanos de Guatemala exponen la situación de violencia que enfrenta su país y consideran la posibilidad de migrar hacia territorio salvadoreño.

“El Salvador está pasando de ser un país emisor de migrantes a un país receptor de migrantes”, escribió el mandatario al citar el material audiovisual, en el que algunos guatemaltecos manifestaron su interés en que se implementen medidas similares a las adoptadas por el gobierno salvadoreño para combatir la criminalidad y las pandillas.

En el reportaje, varios entrevistados señalaron que perciben a El Salvador como un destino más seguro en comparación con su país, donde —según medios locales e internacionales— persiste un repunte de la violencia. “Tal vez la mejor decisión, y he escuchado a algunos amigos, sería El Salvador [para migrar]”, expresó Jasel López en el video.

Por su parte, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, anunció esta semana la declaración de un estado de prevención por 15 días, en sustitución del estado de sitio que estuvo vigente durante 30 días y finalizó el 17 de febrero. La medida busca contener la violencia atribuida a pandillas, tras el asesinato de 11 policías en enero.

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No obstante, algunos ciudadanos consideran que las acciones adoptadas no han sido suficientes para frenar la crisis de seguridad. “Como guatemalteco yo esperaría que el gobierno accionara y tuviera un control como el señor Bukele. Me gustaría que llegáramos hasta esas medidas, pero va a ser un poco difícil con las políticas que tenemos aquí en ciudad de Guatemala”, afirmó Edy Rodríguez, taxista capitalino.

Mientras tanto, el gobierno guatemalteco ha reiterado su compromiso de esclarecer los hechos violentos y mantener operativos conjuntos entre la Policía y el Ejército en distintos barrios de la capital.

Nicaragua, gobernada por Daniel Ortega y Rosario Murillo desde 2007 en medio de denuncias de fraude electoral y eliminación de la oposición, enfrenta tres posibles escenarios políticos tras la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, según un análisis del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroaméricadivulgado este miércoles.

El informe sostiene que la detención de Maduro, ocurrida el 3 de enero en Caracas, representa “un golpe estratégico” al entramado internacional que ha sostenido al régimen sandinista, dado que Venezuela fue un aliado clave tanto en lo económico como en lo político durante las últimas dos décadas.

Según el centro de pensamiento, esa pérdida de respaldo marca un punto de inflexión para el régimen, que ya enfrentaba aislamiento regional y presión internacional, especialmente desde Estados Unidos.

Tres escenarios posibles

Primer escenario: consolidación del régimen.
El informe plantea que la administración orteguista podría afianzarse en el poder pese a su falta de legitimidad interna y externa. Bajo este escenario, Murillo —con o sin Ortega en primera línea— consolidaría el control mediante el aparato represivo como principal sostén del régimen. Las elecciones de noviembre de 2027 se desarrollarían sin garantías democráticas. La Cetcam considera este escenario como el menos probable debido al aislamiento internacional y a la presión de Washington, pero no lo descarta.

Segundo escenario: transición controlada.
Esta opción supondría ajustes limitados impulsados por figuras cercanas al orteguismo, que preservarían intereses como la impunidad y el patrimonio acumulado por la élite gobernante. La represión adoptaría formas menos visibles y sectores de la oposición aceptarían concesiones parciales. Las elecciones de 2027 incluirían reformas superficiales y la participación de fuerzas filtradas, aunque se conservaría el núcleo del poder actual.

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Tercer escenario: transición democrática.
El informe también contempla la posibilidad de una apertura real hacia una democracia plena, impulsada por la presión internacional y por la acción de fuerzas prodemocráticas internas. En ese contexto, el régimen se vería obligado a restituir libertades, organizar elecciones transparentes observadas internacionalmente en 2027 y permitir una reconstrucción institucional.

Los expertos subrayan que el rumbo final dependerá de la intensidad de la presión externa —particularmente de Estados Unidos— y de la capacidad de la oposición para articular una alternativa política viable, mientras la falta de apoyo venezolano obliga a Managua a redefinir su estrategia ante unos comicios que definirán el futuro político de la nación.