Desde tempranas horas de este martes, unidades especializadas de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala, con apoyo del Ejército y del Sistema Penitenciario, ejecutan el Operativo Centinela con el objetivo de retomar el control del centro penitenciario Renovación 1, ubicado en el departamento de Escuintla, informó el Ministerio de Gobernación mediante transmisiones en vivo desde su cuenta oficial en X.

Las fuerzas de seguridad desarrollan requisas simultáneas en la Cárcel de Máxima Seguridad para Varones Renovación 1, como parte de una estrategia para reducir la incidencia criminal, prevenir delitos y frenar el ingreso y traslado de objetos ilícitos dentro y en los alrededores del penal, detalló la cartera de Gobernación.

De acuerdo con información publicada por el medio guatemalteco Prensa Libre, el operativo responde a investigaciones que señalan que estructuras de pandillas ejercen control sobre comercios y terrenos cercanos al centro penitenciario, los cuales serían utilizados como puntos de vigilancia y para ocultar drogas, armas y otros objetos ilegales.

“Las maras se apoderan de terrenos y comercios cercanos para utilizarlos como puestos de vigilancia, esconder drogas, armas y otros ilícitos”, afirmó el Sistema Penitenciario, citado por el medio local.

Durante el despliegue, las autoridades realizaron un acto protocolario para dar inicio formal al Operativo Centinela, encabezado por el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda; el ministro de la Defensa Nacional, Henry David Sáenz Ramos; la gobernadora departamental de Escuintla, Vivian Mayorga; el director general de la PNC, David Estuardo Custodio Boteo; y el director general del Sistema Penitenciario, Jorge López Dellachiessa, entre otros funcionarios.

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“Este operativo se formula para proteger a la población, tomar el control del territorio y devolvérselo al pueblo digno. No venimos a improvisar, venimos a ejecutar; no venimos a ver qué pasa, venimos a tomar el control”, afirmó el ministro Villeda, quien subrayó que el objetivo es recuperar el orden, la seguridad y la gobernabilidad en zonas afectadas por la presencia de maras.

El operativo se desarrolla en un contexto de reciente incremento de hechos violentos en Escuintla, entre ellos el asesinato de una joven madre y su bebé, ocurrido en una zona rural del departamento, hecho que conmocionó a la población.

El Salvador ha dado pasos significativos en la consolidación de un marco legal sólido en materia de ciberseguridad, según señala el Informe de Ciberseguridad 2025: “Vulnerabilidad y madurez: desafíos para cerrar brechas en América Latina y el Caribe”, elaborado por la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El estudio resalta como uno de los principales avances la aprobación, en 2024, de dos leyes clave por parte de la Asamblea Legislativa: la Ley de Ciberseguridad y Seguridad de la Información (decreto 143) y la Ley de Protección de Datos Personales (decreto 144).

De acuerdo con el informe, la Ley de Ciberseguridad establece un marco integral de políticas aplicable a todas las entidades del Estado, incluidos organismos autónomos y municipalidades, e incorpora sanciones específicas para los funcionarios públicos que incumplan la implementación de medidas de seguridad adecuadas, reforzando así la importancia del cumplimiento normativo.

El documento también destaca que el Gobierno salvadoreño impulsa diversos esfuerzos para fortalecer la ciberseguridad como parte de la Agenda Digital 2020-2030, con el objetivo de integrar a los sectores público y privado en un entorno digital seguro que fomente el desarrollo nacional mediante la innovación y el uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

En esa línea, el informe subraya que El Salvador avanza en la construcción de una estrategia nacional de ciberseguridad, enfocada en la protección de la información digital del Estado mediante la adopción de estándares internacionales y una coordinación interinstitucional sólida.

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Asimismo, se resalta la creación de la Agencia de Ciberseguridad del Estado (ACE), encargada de implementar las políticas de ciberseguridad en las instituciones públicas, así como de desarrollar y administrar el Registro Nacional de Amenazas e Incidentes de Ciberseguridad.

El estudio añade que el país está implementando centros de operaciones de seguridad (SOC) para la gestión y respuesta ante amenazas en sectores sensibles vinculados al Gobierno Electrónico, los cuales contarán con apoyo técnico y financiero del BID.

En ese contexto, se destaca que en 2023 El Salvador se convirtió en el primer país de Centroamérica en establecer un SOC especializado para el sector financiero, reflejando el compromiso gubernamental con el fortalecimiento de la seguridad digital.

Finalmente, el informe señala que el Gobierno ha reforzado la gestión del dominio .sv, con el fin de mejorar la seguridad de los portales institucionales.

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Investigadores de la División de Información Policial de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala, en coordinación con autoridades de Belice, localizaron y entregaron en la aduana de Melchor de Mencos, Petén, a un presunto pandillero de la mara Salvatrucha.

El detenido fue identificado como Marvin Edgardo Sandoval, de 45 años, quien será expulsado hacia El Salvador por medio de Migración Guatemala, a través de la frontera de Anguiatú, en Concepción Las Minas, Chiquimula, según el reporte oficial de la policía guatemalteca.

De acuerdo con las autoridades del país vecino, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025 fueron localizados 53 integrantes de estructuras criminales que permanecían de manera irregular en Guatemala. De ese total, 46 fueron entregados a la justicia salvadoreña, mientras que 47 guardan prisión en distintos centros penitenciarios guatemaltecos por delitos cometidos en ese territorio.

Entre los capturados durante el año recién finalizado en Guatemala y posteriormente devueltos a El Salvador figura Miguel Alexander González Escobar, alias «Chiky», perfilado como homeboy de la pandilla 18 Sureños y señalado como extorsionista. El sujeto habría huido de El Salvador tras la implementación del régimen de excepción.

González Escobar registra antecedentes penales desde 2016 por los delitos de extorsión, agrupaciones ilícitas y tráfico ilícito, según los registros oficiales.

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El ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, destacó en su momento la coordinación regional en la lucha contra las estructuras criminales. «Mantenemos una estrecha comunicación con las autoridades de Guatemala y reafirmamos nuestro firme compromiso de encontrar a todos los miembros de grupos terroristas dentro y fuera de nuestras fronteras y hacer que rindan cuentas ante la ley», afirmó.

Villatoro agregó que «en este nuevo Estado de derecho no hay lugar para los terroristas. No permitiremos que quede ni un solo remanente que amenace la paz de nuestra sociedad de bien».