Ecuador inició este lunes una semana clave de cara al referéndum convocado por el presidente Daniel Noboa, que se celebrará el próximo domingo. En la consulta, los ciudadanos deberán decidir si se instaura una Asamblea Constituyente encargada de redactar una nueva Constitución y si se permite nuevamente la presencia de bases militares extranjeras en el país.

El plebiscito también incluirá preguntas sobre la reducción del número de asambleístas y la eliminación de la financiación estatal para los partidos políticos, entre otras reformas impulsadas por el Gobierno.

Según el Consejo Nacional Electoral (CNE), casi 14 millones de ecuatorianos están habilitados para votar en las 24 provincias del país —el sufragio es obligatorio para mayores de 18 y menores de 65 años—. A ellos se suman 481.373 ecuatorianos residentes en el exterior que también podrán participar en la jornada cívica.

El CNE realizó este domingo un simulacro de votación para garantizar la transparencia y eficiencia del proceso. Su presidenta, Diana Atamaint, afirmó que la prueba busca transmitir confianza a la ciudadanía en que “cada voto será respetado como la expresión más genuina de la voluntad popular”.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció este lunes (10.11.2025) el inicio de una operación militar en el departamento del Guaviare, al sureste del país, dirigida contra el líder de las disidencias de las FARC, alias Iván Mordisco. Como parte de esta ofensiva, las Fuerzas Militares están ejecutando bombardeos con el objetivo de desarticular el frente armado que opera en la región selvática.

“Ofensiva militar contra Iván Mordisco en el Guaviare. He ordenado el bombardeo y la disolución militar del frente ubicado por las Fuerzas Militares”, publicó el mandatario en su cuenta de X.

El ministro de Defensa, general Pedro Sánchez Suárez, confirmó que la intervención comenzó en la madrugada de este lunes y la calificó como una “contundente operación ofensiva” contra las “estructuras narcoterroristas del cartel de alias Mordisco”, señaladas de amenazar y extorsionar a las comunidades campesinas de la zona.

Un contingente inicial de 300 elementos del Ejército y la Guardia Nacional arribó este lunes a la XXI Zona Militar en Morelia, capital de Michoacán, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, estrategia del Gobierno federal para frenar la violencia y enfrentar a los cárteles que operan en la región.

El comandante de la XXI Zona Militar, general Juan Bravo Velázquez, informó que la Secretaría de la Defensa Nacional enviará en total 1.980 efectivos a este estado del occidente del país, donde la crisis de seguridad se agravó tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre.

La ofensiva forma parte del plan anunciado el domingo por la presidenta Claudia Sheinbaum, que contempla el despliegue de 10.506 agentes de fuerzas federales, quienes se sumarán a 1.782 elementos de la Secretaría de Marina.

Los operativos se concentrarán principalmente en Uruapan y Apatzingán —en la región de Tierra Caliente— zonas donde se disputan el control criminal distintas organizaciones, entre ellas el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Viagras, Los Caballeros Templarios, Los Blancos de Troya, Pueblos Unidos y otras alianzas.

Para estas acciones, el Ejército y la Guardia Nacional contarán con 1.031 vehículos artillados, cinco helicópteros, 18 drones, vehículos antiminas, equipo antidrones y un sistema aéreo no tripulado. En paralelo, la Marina reforzará la vigilancia de la costa del Pacífico con seis buques, helicópteros, aviones, sistemas aéreos y más de un centenar de unidades terrestres.

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CEL

Al presentar la estrategia, Sheinbaum aseguró que se trata de una intervención integral que busca combinar el combate al crimen organizado con políticas de bienestar: “Seguridad con justicia, garantizando derechos como educación, salud, vivienda y empleo digno”, destacó.