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Centroamérica

FGR proyecta más recursos en 2026 para reforzar su operatividad y combate al delito

La Fiscalía General de la República (FGR) ha solicitado un presupuesto de $91,664,660 para el año 2026, con el objetivo de fortalecer sus capacidades de investigación, mejorar la operatividad institucional y garantizar una acción penal más efectiva en los delitos que afectan a la sociedad.

El monto solicitado representa un aumento de $3.09 millones respecto al presupuesto vigente de 2025, que fue de $88,568,541. Durante su exposición ante la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, el fiscal general Rodolfo Delgado explicó que estos recursos permitirán cumplir con la misión institucional de manera eficiente, efectiva y transparente, asegurando el acceso a la justicia y el combate frontal al crimen.

“Los recursos destinados han convertido a nuestra institución en un referente a nivel regional y latinoamericano. La calidad de nuestras instalaciones, los recursos asignados y la atención a nuestros usuarios nos han posicionado en el primer lugar del ranking en Centroamérica y el Caribe”, destacó Delgado.

Del total solicitado, $89,580,340 se destinarán a gastos críticos e indispensables para el funcionamiento institucional, incluyendo la continuidad del Centro Nacional Anticorrupción y el Centro de Intervención de las Telecomunicaciones, herramientas clave para la investigación y persecución del delito conforme a la Ley Especial de Intervención de las Telecomunicaciones.

Además, se prevé una inversión de $2,084,320 para el equipamiento del Complejo de la FGR en Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, como parte del proyecto “Construcción, Equipamiento y Modernización de las Oficinas Centrales de la Fiscalía General de la República de El Salvador”. Este esfuerzo busca mejorar la infraestructura institucional y ofrecer un servicio más ágil y de calidad a la población salvadoreña.

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Centroamérica

El Salvador proyecta recibir 145,000 turistas en Semana Santa 2026

El Salvador se prepara para recibir a miles de turistas internacionales durante el próximo período vacacional de Semana Santa, con una proyección que supera las cifras del año anterior.

De acuerdo con el Ministerio de Turismo de El Salvador (Mitur), se espera la llegada de 145,000 visitantes extranjeros entre el 28 de marzo y el 5 de abril de 2026, lo que representa un incremento respecto a los 139,000 registrados en el mismo período de 2025.

Según las estimaciones oficiales, el 38 % de los turistas provendría de Guatemala, seguido por un 28 % de Estados Unidos, un 20 % de Honduras y un 14 % del resto del mundo. En este último grupo destacan visitantes de Costa Rica, Panamá, México y Colombia.

La ministra de Turismo, Morena Valdez, explicó que estas cifras son preliminares y han sido calculadas con base en el comportamiento turístico observado durante los primeros meses del año. “Hemos sido prudentes, pero se han estimado a partir de la tendencia de enero y febrero”, señaló en declaraciones a Diario El Salvador.

Las autoridades prevén que este flujo de visitantes contribuya al dinamismo del sector turístico y al crecimiento económico durante uno de los períodos de mayor actividad en el país.

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Centroamérica

PNC reporta nuevo día sin homicidios y eleva a 11 las jornadas sin crímenes en marzo

El Salvador continúa sumando jornadas sin homicidios, de acuerdo con las estadísticas oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC), que reportó un total de 11 días sin asesinatos en lo que va de marzo.

Según la información divulgada por la institución a través de su cuenta en la red social X, el lunes 16 de marzo finalizó sin registrar homicidios en todo el territorio nacional. “Finalizamos el lunes 16 de marzo con 0 homicidios en el país”, publicó la PNC.

Con este dato, las autoridades contabilizan cuatro días consecutivos sin muertes violentas, en el marco de los operativos de seguridad que se mantienen a nivel nacional.

El balance oficial también destaca que 2025 cerró con 303 días sin homicidios, la cifra más alta registrada en la historia reciente del país.

Las autoridades atribuyen estos resultados a los constantes patrullajes de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada, los cuales han contribuido a la reducción sostenida de la violencia y a la mejora de las condiciones de seguridad en el país.

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Centroamérica

Expertos de la ONU denuncian que la represión en Nicaragua se ha intensificado

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua denunció ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua no solo continúan, sino que se han intensificado y diversificado, incluso más allá de sus fronteras.

Durante una presentación en Ginebra, el presidente del grupo, Jan-Michael Simon, afirmó que las investigaciones han documentado una conexión entre estructuras del Estado, el partido gobernante y el uso irregular de recursos públicos para sostener la represión.

“Hemos documentado la conexión funcional entre la estructura paralela del partido Sandinista en el Estado, el desvío de fondos públicos, su encubrimiento contable y las graves violaciones de los derechos humanos en Nicaragua”, declaró el experto.

Según el informe, la corrupción habría sido utilizada como un mecanismo para financiar acciones represivas contra sectores de la población. Entre las pruebas recopiladas figuran registros presupuestarios, comprobantes de pago y correos electrónicos que respaldarían estas conclusiones.

El grupo señaló que su trabajo busca dar voz a las víctimas de abusos en el país, que en muchos casos han quedado fuera del foco mediático internacional debido a otras crisis globales.

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Asimismo, los expertos advirtieron que la persecución estatal ha ampliado el perfil de las víctimas. Entre los afectados mencionaron a estudiantes, defensores de derechos humanos, feministas, periodistas, abogados, líderes y activistas políticos, así como campesinos, indígenas, afrodescendientes y miembros de la Iglesia Católica y otras iglesias cristianas.

El mecanismo de expertos también ha señalado que el aparato estatal nicaragüense habría extendido la vigilancia y la persecución política a opositores que viven en el exilio, mediante una red transnacional de inteligencia y monitoreo.

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