El Gobierno del presidente Nayib Bukele proyecta un incremento significativo en la inversión social para 2026, con mayores asignaciones en los ministerios de Educación, Salud, Seguridad y Defensa, según los datos del proyecto de Presupuesto General del Estado.

Para el próximo año, el plan de gastos contempla una inversión de $3,886.9 millones en estas cuatro áreas, lo que representa un aumento de $277.3 millones en comparación con los $3,609.6 millones asignados en 2025. En 2024, el monto destinado al área social fue de $3,698.9 millones, mientras que en 2023 alcanzó los $3,263.6 millones, lo que refleja un incremento acumulado de $623.6 millones en tres años.

De acuerdo con el sociólogo René Martínez, el proyecto presupuestario 2026, actualmente en discusión en la comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, mantiene un equilibrio entre “lo urgente y lo importante”, y reafirma al área social como pilar del crecimiento económico y del desarrollo orientado a reducir la desigualdad.

“En el área social, se trata de un plan financiero de mediano y largo plazo que concreta las urgencias y aspiraciones de la población. Garantiza derechos civiles y bienestar colectivo en ámbitos como salud, educación, seguridad, servicios públicos de calidad y defensa”, explicó Martínez.

En los rubros de Seguridad y Defensa, el Gobierno continuará la ejecución del Plan Control Territorial (PCT), como parte de la estrategia para mantener los resultados obtenidos en la lucha contra las pandillas y el crimen organizado.

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“La meta del presidente Bukele al priorizar el área social es seguir construyendo la sociedad de bienestar delineada desde 2019, con ejes estratégicos basados en la seguridad, el desarrollo social sostenido, la educación y la salud”, concluyó el sociólogo.

A pocas semanas de las elecciones generales en Honduras, el Centro de Estudios para la Democracia (Cespad) alertó sobre serias amenazas a la transparencia del proceso electoral, entre ellas la falta de conectividad en centros de votación, deficiencias en la transmisión de resultados, el incremento de la violencia política y el incumplimiento presupuestario de instituciones clave como el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y la Unidad de Política Limpia.

Durante la presentación de su tercer informe de monitoreo electoral, el director del Cespad, Gustavo Irías, reconoció algunos avances técnicos en la organización del proceso, pero advirtió que persisten obstáculos técnicos, políticos y de seguridad que podrían derivar en una nueva crisis poselectoral.

El informe señala como uno de los riesgos más graves la brecha de conectividad digital y eléctrica en los centros de votación. De acuerdo con los datos, el 30 % de los más de 5,000 centros carece de conexión a internet y más de 600 no tienen suministro eléctrico, lo que podría afectar el funcionamiento del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

“Esto refleja la profunda desigualdad entre zonas urbanas y rurales”, subrayó Irías, al tiempo que advirtió que el proceso para contratar servicios satelitales fracasó y ahora se desarrolla con plazos muy ajustados.

El número de víctimas mortales a causa de las intensas lluvias que azotan Honduras continúa en aumento. Según los reportes más recientes de los organismos de socorro, al menos 15 personas han fallecido en distintos departamentos del país, la mayoría por ahogamiento o por el colapso de estructuras debilitadas por la saturación del suelo.

Las precipitaciones, que se han intensificado en los últimos días, han provocado derrumbes, crecidas de ríos e inundaciones tanto en áreas urbanas como rurales. Tegucigalpa, la capital, es una de las zonas más afectadas, con viviendas destruidas, carreteras bloqueadas y familias evacuadas ante el riesgo de deslizamientos de tierra.

El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) convocó una sesión de emergencia para coordinar las acciones de respuesta, mientras el Gobierno hondureño anunció el despliegue de equipos de rescate, maquinaria pesada y asistencia humanitaria hacia las regiones más afectadas.

De acuerdo con los reportes oficiales, más de 2,000 viviendas presentan daños, de las cuales varias han quedado completamente inhabitables. Además, decenas de comunidades permanecen aisladas por deslizamientos que bloquean carreteras principales, especialmente en los departamentos de Francisco Morazán, Comayagua, Choluteca y Valle.

Las lluvias también han afectado los servicios básicos, provocando cortes de energía eléctrica, fallas en el suministro de agua y la suspensión temporal de clases en diversos municipios.

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La presidenta Xiomara Castro lamentó públicamente la pérdida de vidas y pidió redoblar los esfuerzos de rescate y prevención. “Las lluvias torrenciales en Tegucigalpa, en otros departamentos y municipios, han provocado inundaciones, derrumbes y me reportan la trágica muerte de una joven de 23 años en un barrio de la capital hondureña”, declaró.

Los expertos advirtieron que las condiciones inestables del clima continuarán en los próximos días, por lo que las autoridades mantienen la alerta en todo el territorio nacional.