La Fiscalía Anticorrupción de Panamá anunció la apertura de causas penales contra una veintena de beneficiarios de becas estatales concedidas de forma discrecional por el Instituto para la Formación y el Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), en un caso que ha reavivado la exigencia ciudadana de castigo efectivo contra la corrupción.

El escándalo de los llamados “auxilios económicos”, becas no reembolsables destinadas a jóvenes de escasos recursos, estalló a inicios de 2024 al revelarse que hijos, familiares y allegados de altos funcionarios y empresarios recibieron estos fondos de manera irregular.

Aunque se desconoce el monto total del perjuicio, durante el gobierno de Laurentino Cortizo (2019-2024) se entregaron más de 260 millones de dólares en 9.237 auxilios, según la prensa local.

Tres causas y más de 30 investigados

La fiscal anticorrupción Azucena Aizpúrua detalló que se han abierto tres causas por peculado, correspondientes a los períodos 2019-2020, 2021-2022 y 2023-2024.

Entre este jueves y viernes, la Fiscalía imputará a 18 beneficiarios los delitos de peculado por extensión (por no ser funcionarios) y cohecho, al haber recibido o entregado beneficios indebidos a cambio de las becas. Otros cinco beneficiarios ya fueron procesados por el mismo caso, que habría generado una lesión al erario público de unos 24 millones de dólares.

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Además, tres exfuncionarios del Ifarhu enfrentan cargos por peculado, enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales:

• Bernardo Meneses, exdirector del Ifarhu y miembro del Partido Revolucionario Democrático (PRD), quien cumple prisión preventiva.

• Héctor Zambrano, exdirector de Becas.

• Rosalinda Rivera, exdirectora de Finanzas, ambos con medidas cautelares de presentación periódica.

De acuerdo con la Fiscalía, las auditorías internas revelaron un esquema de “cashback”, mediante el cual algunos receptores devolvían parte del dinero recibido a cuentas personales del exdirector Meneses.

El informe también señala que el exfuncionario no ha podido justificar 419.000 dólares en ingresos, lo que sustenta la acusación de enriquecimiento injustificado.

Al menos cinco personas murieron y más de 1,800 familias resultaron afectadas por las intensas lluvias que azotan el occidente, sur y parte del oriente y norte de Honduras, informó este miércoles la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco).

De acuerdo con la institución, diez de los 18 departamentos del país —varios de ellos fronterizos con Guatemala, El Salvador y Nicaragua— se encuentran bajo alerta amarilla, lo que implica evacuaciones preventivas en zonas de alto riesgo.
Otros tres departamentos del centro, este y norte del territorio permanecen en alerta verde, como medida de precaución.

“El país continúa bajo la influencia de una vaguada en superficie, la cual favorece el transporte de humedad proveniente del mar Caribe y el océano Pacífico”, precisó la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales en un comunicado.

Las autoridades reportaron, entre la semana pasada y este miércoles, 1,833 familias afectadas, de las cuales 697 están damnificadas y 11 han sido evacuadas.
Además, se contabilizan 1,500 viviendas dañadas, 19 destruidas por completo y 51 comunidades incomunicadas a causa del desbordamiento de ríos y quebradas, deslizamientos de tierra y daños en carreteras.

En la capital, Tegucigalpa, las lluvias han provocado inundaciones, hundimientos y derrumbes en varios barrios ubicados en zonas de alto riesgo, informó el alcalde Jorge Aldana.

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Habitantes de distintas regiones afectadas reportaron también pérdidas en cultivos agrícolas, agravando la situación de cientos de familias rurales.

El Gobierno de Guatemala presentó este miércoles ante el Congreso un proyecto de “Ley Antipandillas”, que propone endurecer las penas por extorsión y construir una cárcel de máxima seguridad, en respuesta al incremento de los homicidios registrados en el país.

Las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS-13), declaradas organizaciones terroristas por Estados Unidos, mantienen una fuerte presencia en Guatemala y Honduras, donde se dedican principalmente a la extorsión de comerciantes y transportistas.

El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, explicó que la iniciativa busca aumentar de 8 a 15 años de prisión la pena por extorsión, entre otras reformas al Código Procesal Penal y a la Ley contra la Delincuencia Organizada.

“Las maras y pandillas son un grupo de crimen organizado, claramente identificado, con jerarquía, mandos establecidos y un interés de ocupar más territorio y ampliar su gama de negocios”, señaló Jiménez ante una comisión legislativa.

El proyecto contempla además la construcción de un centro penitenciario de máxima seguridad, diseñado especialmente para pandilleros, que contaría con tecnología biométrica, celdas para dos reos y un hospital interno que evitaría el traslado de los detenidos a centros de salud externos.

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El presidente Bernardo Arévalo afirmó esta semana que la ley “responde a una de las demandas más sentidas de las familias guatemaltecas para construir un país más seguro”. No obstante, el mandatario descartó replicar el modelo de seguridad del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, cuyo régimen de excepción ha llevado a prisión a miles de presuntos pandilleros, pero también ha sido cuestionado por organizaciones de derechos humanos por detenciones arbitrarias.

La iniciativa surge en un contexto de creciente preocupación ciudadana por la violencia, que ha llevado al gobierno guatemalteco a buscar medidas más severas sin apartarse del marco legal y los derechos fundamentales, según han asegurado las autoridades.