En un hecho histórico sin precedentes, El Salvador ha alcanzado 1,000 días sin registrar homicidios durante la gestión del presidente Nayib Bukele, un logro que contrasta fuertemente con los resultados de gobiernos anteriores, cuyos planes de seguridad no lograron frenar la violencia en el país.

La actual administración implementó una estrategia integral de seguridad, que incluye el Plan Control Territorial (PCT) y el régimen de excepción, posicionando a El Salvador como uno de los países más seguros de la región, después de haber sido considerado el más violento.

Entre 2000 y 2019, bajo los gobiernos de ARENA y FMLN, más de 70,000 personas fueron asesinadas por pandillas, reflejando la ineficacia de planes como Mano Dura, País Seguro, la tregua entre pandillas durante la administración de Mauricio Funes y la gestión de Salvador Sánchez Cerén.

Con la administración Bukele, el avance ha sido sostenido:

• 2020: 38 días sin homicidios

• 2021: 78 días sin homicidios

• 2022: 180 días sin homicidios (169 de ellos durante nueve meses de régimen de excepción), con un promedio de 1.35 homicidios por día

• 2023: 248 días sin homicidios

• 2024: 280 días sin homicidios

El presidente Bukele destacó que este logro histórico abarca el periodo entre el 1.° de junio de 2019 y el 29 de agosto de 2025, incluyendo su primera gestión y los primeros meses de su segundo mandato. La estrategia de seguridad se inició con el lanzamiento del Plan Control Territorial el 19 de junio de 2019, dirigido a desarticular las pandillas y otros grupos del crimen organizado que durante décadas afectaron a miles de salvadoreños.

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CEL

El senador republicano Ted Cruz visitó este jueves el Canal de Panamá, tras haber criticado en enero pasado durante una audiencia en el Senado estadounidense el “control chino sobre infraestructuras del canal”, y luego de que el expresidente Donald Trump solicitara la devolución de esta vía estratégica para el comercio marítimo mundial.

Cruz, quien preside la Comisión de Comercio, Ciencia y Transporte del Senado de Estados Unidos, llegó a Panamá desde El Salvador como parte de una gira regional que también incluye México.

Según un comunicado de la embajada estadounidense en Panamá, el senador sostuvo reuniones con el administrador del Canal, Ricaurte Vásquez; el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman; y el titular de Seguridad Pública, Frank Ábrego. Durante estos encuentros se abordaron los esfuerzos conjuntos entre Estados Unidos y Panamá para proteger el Canal, atraer inversión estadounidense y promover la ciberseguridad y la infraestructura crítica.

Más tarde, la administración del Canal destacó que Cruz mostró particular interés en los temas de seguridad y operación de la vía y tuvo la oportunidad de observar el tránsito simultáneo de dos buques, un portavehículos y un portacontenedores, durante su recorrido.

La Asamblea Nacional de Nicaragua, a propuesta del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, aprobó este jueves una reforma parcial a la Constitución, la cuarta del año impulsada por el Ejecutivo.

La enmienda, aprobada de manera expedita y unánime, establece sanciones para los servidores públicos que no realicen un manejo responsable de los fondos y bienes del Estado.

El texto constitucional indica que: “Las y los funcionarios públicos elegidos directa e indirectamente y los nombrados por Presidencia de la República deberán cumplir, preservar y defender los principios fundamentales de la Constitución Política y la correcta administración, conservación y rendición de cuentas de los fondos y bienes del Estado”.

El incumplimiento de estas obligaciones será causal inmediata y suficiente para la remoción del funcionario, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles y penales que correspondan según la ley. La reforma requiere su aprobación en una segunda legislatura para entrar en vigor.

El Parlamento señaló que esta modificación forma parte de la “lucha permanente contra la corrupción” promovida por el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, con el objetivo de garantizar un uso eficiente y transparente de los recursos públicos.

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