Una jueza federal de Estados Unidos ordenó este jueves desmantelar en 60 días el centro de detención migratoria conocido como ‘Alligator Alcatraz’ al oeste de Miami, además de prohibir la entrada de nuevos migrantes, tras una demanda presentada por grupos ambientalistas.

La jueza Kathleen Williams, del Distrito Sur de Florida, falló parcialmente a favor de los grupos Friends of The Everglades, Center for Biological Diversity y la tribu Miccosukee, que solicitaban el cierre completo e inmediato del centro debido a los daños que ocasiona al ecosistema de los Everglades.

La orden judicial prohíbe instalar nueva infraestructura como tiendas de campaña, dormitorios, oficinas o edificios, así como pavimentar, excavar o cercar el área. También impide traer a personas adicionales que no estuvieran detenidas en el sitio al momento de la orden, aunque permite modificar o reparar la infraestructura existente.

Transcurridos los 60 días, las autoridades deberán retirar cercos, iluminación industrial e instalaciones de gas, drenaje y desechos, y permitir el acceso de la tribu Miccosukee, indígena de la región.

El centro, inaugurado el 3 de julio en un aeropuerto abandonado tras la visita del expresidente Donald Trump, tiene actualmente una capacidad para 2,000 personas, con planes de ampliarla a 4,000. La construcción afectaba un área natural con 36 especies endémicas amenazadas, incluyendo panteras, cigüeñas, caimanes y cocodrilos.

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“Esta es una victoria emblemática para los Everglades y para todos los estadounidenses que creen que las especies en peligro deben protegerse, no explotarse”, afirmó Eve Samples, directora ejecutiva de Friends of the Everglades.

La promesa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de deportar a 15 millones de migrantes podría tardar alrededor de 50 años si se mantiene el ritmo actual de expulsiones, según estimó Luciana Gandini, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Durante el foro ‘Migración: desplazamiento forzado, diásporas y apoyo universitario’, Gandini señaló que las deportaciones no han experimentado un aumento significativo en comparación con años anteriores, y que las cifras actuales están lejos de las metas anunciadas por el mandatario. “No se han cumplido las promesas de expulsar entre 15 y 20 millones. Hasta ahora se han deportado unas 150,000 personas”, indicó la socióloga.

La especialista advirtió que el discurso antiinmigrante de Trump empieza a generar influencia en otras partes del mundo, fortaleciendo políticas restrictivas fuera de Estados Unidos.

Gandini, coordinadora del Seminario Universitario de Desplazamiento Interno, Migración, Exilio y Repatriación de la UNAM, destacó que entre 2010 y 2024, América Latina y el Caribe pasó de 8 millones a casi 18 millones de migrantes internacionales, y que el 85 % de estos flujos ocurren dentro de la región, constituyendo un fenómeno novedoso.

Asimismo, mencionó un aumento en las autodeportaciones, motivadas por temor, amenazas y frustración, sobre todo entre quienes no logran regularizar su situación migratoria. “El regreso forzado, aunque costoso, se está volviendo una opción para muchos”, señaló.

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El Gobierno del presidente Donald Trump inició la pintura de negro del muro fronterizo con México, con el objetivo de elevar la temperatura de las barras metálicas y dificultar su escalada, como parte de sus medidas para reducir la inmigración indocumentada.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció la estrategia este miércoles, coincidiendo con los siete meses de la llegada de Trump a la Casa Blanca. “Este muro es parte de la diferencia. Demasiado alto para escalarlo. Demasiado estrecho para atravesarlo. Y ahora, por orden del presidente, será pintado de negro, tan caliente al tacto que los inmigrantes ilegales ni siquiera lo intentarán”, afirmó Noem en un mensaje en X.

El martes, la funcionaria visitó una sección del muro en Santa Teresa, Nuevo México, donde explicó a los agentes la nueva estrategia, diseñada también para prolongar la vida útil del metal. Según Noem, la pintura negra fue aplicada “específicamente” a petición del presidente Trump.