Alrededor de 100 mexicanos han buscado refugio en una aldea de Guatemala, cerca de la frontera con México, debido a la violencia del narcotráfico en su país, informó este lunes el gobierno guatemalteco.

El grupo huyó del estado sureño mexicano de Chiapas, afectado por enfrentamientos entre cárteles. El 10 de agosto, los desplazados comenzaron a instalarse en la aldea Guailá, en el departamento de Huehuetenango, donde se les brinda asistencia humanitaria en la escuela local, explicó la vocera del Instituto Guatemalteco de Migración, María Enamorado.

Analistas señalan que la violencia en Chiapas está vinculada principalmente a disputas entre los cárteles Jalisco Nueva Generación y Sinaloa, quienes se enfrentan por el control de rutas de tráfico de drogas.

El año pasado se produjo un episodio similar, cuando unos 600 mexicanos cruzaron temporalmente a Guatemala y regresaron a sus hogares aproximadamente siete meses después.

En respuesta a estos incidentes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se comprometió recientemente a reforzar la seguridad en la frontera con Guatemala, durante una reunión con su homólogo guatemalteco, Bernardo Arévalo. Este encuentro se produjo dos meses después de una incursión de policías mexicanos en territorio guatemalteco, que generó tensiones diplomáticas y un pedido de disculpas de México.

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CEL

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacó este lunes la firma del acuerdo trilateral con Belice y Guatemala para la creación del Corredor Biocultural de la Gran Selva Maya, un proyecto que busca la conservación ambiental y el desarrollo sostenible de la región.

“Fue un acontecimiento histórico, una reunión muy positiva”, afirmó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina. Sheinbaum recordó que la iniciativa contempla la protección de 5,7 millones de hectáreas, subrayando que el objetivo no es solo conservar la naturaleza, sino también garantizar bienestar a las comunidades que habitan la zona.

La presidenta explicó que se estudia la posible extensión del Tren Interoceánico hacia Guatemala, la cual sería implementada por ese país bajo su marco legal y técnico, pero coordinada con México. Asimismo, mencionó que ambos países tienen interés en ampliar el Tren Maya, con una ruta que atravesaría Belice y llegaría hasta Las Flores, en Guatemala.

Para ello, se conformarán dos grupos de trabajo: uno centrado en la conectividad regional y otro en la protección de la Gran Selva Maya, involucrando a los tres países en la planificación y ejecución del proyecto.

La Policía Nacional de Honduras incrementó este lunes a 20 millones de lempiras (unos $764,000) la recompensa para quien aporte información que lleve al arresto del exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Romeo Vásquez, acusado del asesinato de un joven en 2009.

La recompensa anterior, emitida el 31 de julio, era de 15 millones de lempiras ($569,456). Vásquez, prófugo desde marzo, era jefe del Estado Mayor Conjunto cuando fue derrocado el presidente Manuel Zelaya el 28 de junio de 2009. Actualmente figura en la lista de los diez hondureños más buscados, junto a criminales como Yulan Adonay Archaga, líder de la pandilla MS-13, quien enfrenta cargos por cinco asesinatos y tiene una recompensa de 5 millones de dólaresofrecida por Estados Unidos.

El Ministerio Público acusa a Vásquez, al exsubjefe militar Venancio Cervantes y al excomandante del Comando de Operaciones Especiales Carlos Roberto Puerto, también generales, del asesinato de Isis Obed Murillo y de la tentativa de asesinato de Alex Roberto Zavala, ambos seguidores de Zelaya. Murillo falleció el 5 de julio de 2009, durante una multitudinaria marcha en Tegucigalpa, tras recibir un disparo en la cabeza.

Los tres generales fueron capturados el 5 de enero y trasladados a la Penitenciaría Nacional, pero posteriormente se les concedió arresto domiciliario. El 3 de marzo, la Corte de Apelaciones de lo Penal revocó la medida, y Cervantes y Puerto regresaron voluntariamente a la prisión el 18 de marzo. Desde entonces, Vásquez permanece prófugo, mientras la Fiscalía ha incautado varios de sus bienes. El exmilitar ha difundido videos criticando al sistema judicial y al expresidente Zelaya, actual coordinador general del Partido Libertad y Refundación (Libre), partido del gobierno de la presidenta Xiomara Castro.