Centroamérica
Ejecutivo propone nueva ley de beneficios y protección para la diáspora salvadoreña
El Órgano Ejecutivo envió a la Asamblea Legislativa una propuesta de ley destinada a crear un marco normativo que regule los incentivos económicos y sociales para la atracción, promoción y protección de la diáspora salvadoreña, así como la institucionalidad necesaria para desarrollar e implementar políticas públicas relacionadas con la movilidad humana.
La iniciativa fue presentada por la viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Cindy Portal, y recibida formalmente por el presidente del Congreso, Ernesto Castro, bajo el nombre de “Ley especial de beneficios y protección para la diáspora y personas en movilidad humana”.
El proyecto contempla 43 artículos que proponen la creación de un “Mecanismo de coordinación nacional sobre movilidad humana”, un espacio de diálogo, cooperación e intercambio de experiencias para diseñar y aplicar políticas relacionadas con la diáspora. Este mecanismo estará liderado por la Cancillería, a través del Viceministerio de Diáspora y Movilidad Humana, e incluirá a ministerios como Seguridad, Hacienda y Trabajo, así como a instituciones como la Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones de El Salvador (PROESA), el CONNA y la Procuraduría General de la República.
Entre las facultades del mecanismo se incluye la regulación de beneficios ya existentes, como la exoneración de impuestos para la introducción de muebles y enseres por hasta $100,000, la importación de dos vehículos por familia y de herramientas necesarias para actividades laborales, también hasta por $100,000.
La propuesta también establece que el Estado debe promover y facilitar las inversiones de la diáspora mediante programas y proyectos conjuntos, además de garantizar que los salvadoreños retornados tengan acceso al sistema financiero nacional para abrir cuentas o recibir servicios bancarios, respetando las normativas de prevención de lavado de dinero.
Otro de los apartados busca fomentar la integración laboral de los retornados, con apoyo del Ministerio de Trabajo, y faculta a Cancillería a ejecutar programas de movilidad laboral para generar oportunidades en el exterior.
Asimismo, la ley regularía temas como asistencia humanitaria, repatriación de restos humanos y la creación de un mecanismo de búsqueda y localización de salvadoreños desaparecidos en el extranjero.
La iniciativa será estudiada el próximo martes por la Comisión de Salvadoreños en el Exterior.
Centroamérica
Zamora denuncia irregularidades y pide su liberación ante la Corte Suprema de Guatemala
El periodista guatemalteco José Rubén Zamora Marroquín, detenido desde julio de 2022, exigió este martes su liberación durante una audiencia ante la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, tras permanecer más de 1,280 días en prisión preventiva, en un proceso que calificó como plagado de irregularidades.
“Ya pagué mi pena. Soy inocente, pero ya cumplí la pena. La pena eran tres años y ya los pasé. Y sigo ahí”, expresó Zamora ante el pleno, al denunciar que su caso se desarrolla dentro de un sistema que describió como un “laberinto perfecto” donde la corrupción, la impunidad y el narcotráfico “son el sistema mismo”.
Durante la diligencia, la defensa del periodista sostuvo que se han vulnerado sus derechos constitucionales, particularmente con la revocatoria de medidas sustitutivas basada en lo que calificaron como premisas falsas. El abogado Francisco Vivar aseguró que el Ministerio Público argumentó la existencia de audios escuchados en audiencias en las que Zamora nunca estuvo presente, lo que, según la defensa, evidencia una manipulación del proceso judicial para mantenerlo en prisión.
Zamora también denunció las condiciones de reclusión en la base militar Mariscal Zavala, donde permanece detenido. Según relató, se restringen visitas familiares sin previo aviso, se impide el ingreso de medicamentos y se aplican tratos que calificó de “sádicos” contra los internos, por órdenes arbitrarias del comandante de la instalación.
El fundador del desaparecido diario elPeriódico enfrenta además nuevas acusaciones, entre ellas una denuncia por discriminación presentada por la fiscal general Consuelo Porras. Al respecto, Zamora afirmó que su derecho a la crítica debe prevalecer en una democracia y calificó la actuación de la fiscal como “fascista”. “En democracia, ella está sujeta al escrutinio ciudadano”, sostuvo.
La detención del periodista ha sido cuestionada por organizaciones nacionales e internacionales, que consideran los cargos en su contra —relacionados con presunto lavado de dinero, obstrucción a la justicia y alteración de documentos— como fabricados y carentes de sustento. Zamora fue arrestado cinco días después de que elPeriódico publicara investigaciones que señalaban presuntos actos de corrupción del entonces presidente Alejandro Giammattei y su entorno cercano.
Centroamérica
Informe acusa a Ortega y Murillo de profundizar el autoritarismo y perseguir la disidencia
El Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua ha profundizado su carácter autoritario mediante reformas constitucionales que concentran el poder en el Ejecutivo y una intensificación de las medidas represivas contra la disidencia, según un informe publicado este miércoles por Human Rights Watch (HRW).
El documento advierte que el presidente Ortega, de 80 años y en el poder desde 2007, y Murillo —recientemente designada como “copresidenta” tras las enmiendas constitucionales— han reforzado la persecución contra críticos del régimen, incluso aquellos que se encuentran en el exilio. Además, señala un proceso continuo de desmantelamiento de organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación y de vulneración de los derechos de los pueblos indígenas.
“Una reforma constitucional radical concentró aún más el poder en el Ejecutivo, mientras que las autoridades continuaron reprimiendo sistemáticamente la disidencia mediante arrestos y procesamientos arbitrarios, desapariciones forzadas, exilios forzados, revocación de ciudadanía y confiscación de bienes”, sostiene el informe de HRW.
La organización recuerda que, en enero del año pasado, la Asamblea Nacional —controlada por el partido oficialista— aprobó una reforma constitucional que designó a Murillo, entonces vicepresidenta y esposa de Ortega, como “copresidenta”, además de otorgar a la Presidencia la facultad de coordinar los poderes Judicial y Legislativo.
HRW subraya que Ortega gobierna sin límites de mandato desde que una enmienda constitucional aprobada en 2014eliminó las restricciones a la reelección presidencial.
El informe también denuncia que, durante 2025, el Ejecutivo amplió la represión para incluir a antiguos simpatizantes del gobierno. Hasta octubre de ese año, se contabilizaban al menos 77 presos políticos en el país.
Asimismo, HRW alertó que en agosto murieron bajo custodia el abogado Carlos Cárdenas y el opositor Mauricio Alonso, tras permanecer semanas en condición de desaparición forzada. Con estos casos, el número de muertes bajo custodia estatal asciende a seis desde 2019, según la organización defensora de derechos humanos.
Centroamérica
PNC reporta un nuevo día sin muertes violentas en El Salvador
El Salvador continúa acumulando jornadas sin homicidios, según confirmó la Policía Nacional Civil (PNC) durante la madrugada de este 4 de febrero, a través de su cuenta oficial en la red social X.
De acuerdo con la institución de seguridad, durante la jornada del martes 3 de febrero no se registraron muertes violentas en el territorio nacional. “Finalizamos el martes 03 de febrero, con 0 homicidios en el país”, informó la corporación policial.
Con este resultado, el país suma dos días sin homicidios en lo que va del mes de febrero, correspondientes a los días 1 y 3, según el recuento oficial.
El Salvador ha sido señalado en los últimos años por la implementación de diversas estrategias de seguridad, que han permitido reducir de manera sostenida los índices de violencia y devolver la tranquilidad a las familias salvadoreñas, tras la captura de miles de pandilleros.
Entre las principales medidas destacan el Plan Control Territorial y el régimen de excepción, acciones que han sido observadas por otros países interesados en conocer el modelo de seguridad aplicado para el combate del crimen.
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