La viceportavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Mignon Houston, aseguró que fue el presidente salvadoreño Nayib Bukele quien propuso el intercambio de ciudadanos venezolanos detenidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) por presos políticos y rehenes estadounidenses que permanecían en cárceles de Venezuela.

“Fue una idea del presidente Bukele. Él nos ayudó con esta negociación, con este intercambio, y gracias a su ayuda fue exitoso”, afirmó Houston en una entrevista con la cadena NTN24.

La operación, que se concretó la semana pasada, permitió la repatriación de 252 venezolanos señalados por Estados Unidos como miembros del grupo criminal Tren de Aragua. A cambio, el régimen de Nicolás Maduro liberó a 80 presos políticos y a 10 ciudadanos estadounidenses.

“Bukele ofreció un intercambio para liberar a los miembros del Tren de Aragua con la condición de que el régimen de Maduro soltara a los presos políticos que estaban detenidos injustamente en Venezuela”, reiteró Houston.

Aunque el gobierno chavista ha negado la participación del presidente salvadoreño en el acuerdo, funcionarios estadounidenses han respaldado la versión. El enviado especial para Asuntos de Rehenes, Adam Boehler, calificó a Bukele como “un buen amigo que entiende lo que es importante para los Estados Unidos”.

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La portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, también confirmó en abril pasado que Bukele fue quien propuso el intercambio como una medida humanitaria.

En contraste, figuras del chavismo como el fiscal Tarek William Saab y el ministro Diosdado Cabello han sostenido que fue una negociación directa entre Venezuela y Estados Unidos, e incluso denunciaron que los venezolanos encarcelados en El Salvador sufrieron maltratos y torturas, por lo que el régimen inició una investigación penal contra el mandatario salvadoreño.

El salvadoreño Kilmar Ábrego García, de 29 años, fue deportado por error y posteriormente retornado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por tráfico de migrantes. Este miércoles, dos jueces federales dictaminaron que debe quedar en libertad mientras espera juicio y que no podrá ser deportado de forma inmediata.

Ábrego fue expulsado de Estados Unidos durante la administración del expresidente Donald Trump en marzo pasado. Sin embargo, en junio fue trasladado nuevamente a ese país tras una orden de arresto emitida por las autoridades salvadoreñas. A su regreso, fue detenido y acusado en Nashville, Tennessee, de participar en una red de tráfico de migrantes entre 2016 y 2025. El salvadoreño se ha declarado no culpable.

El caso ha cobrado notoriedad al reflejar las tensiones entre el Gobierno de Trump y el sistema judicial federal. La liberación del acusado ha sido aplazada en varias ocasiones tanto por los fiscales como por sus abogados, quienes temen que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lo detenga nuevamente y ejecute otra deportación.

El juez de distrito Waverly Crenshaw, en Tennessee, autorizó este miércoles su liberación bajo fianza, en espera del juicio fijado para el 27 de enero. En paralelo, la jueza federal Paula Xinis, en Maryland, emitió una orden que impide a ICE arrestar al acusado de forma inmediata. Además, ordenó que Ábrego sea trasladado a Maryland y que cualquier intento de deportación sea notificado con al menos tres días de anticipación.

Por el momento, no se ha determinado cuándo será liberado. La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin, expresó su desacuerdo con la resolución judicial.

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La Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió en abril enviar a juicio civil por enriquecimiento ilícito a cinco exdiputados de la Asamblea Legislativa —tres de Arena y dos de GANA— junto a sus familiares, tras encontrar indicios razonables de incrementos patrimoniales no justificados durante sus períodos en el cargo.

La decisión se tomó con base en los informes presentados por la Sección de Probidad y fue aprobada en la sesión plenaria del 24 de abril de 2025, según consta en el acta número 30 de la Corte Plena.

Los exlegisladores enfrentarán procesos civiles por presuntos aumentos patrimoniales que van desde los $214,683 hasta más de $3.8 millones.

El caso más alto corresponde a la exdiputada de Arena, Silvia Estela Ostorga de Escobar, y su esposo, quienes presentan un incremento no justificado de $3,822,778.28. La Sección de Probidad detectó 67 inconsistencias en sus declaraciones patrimoniales de tres períodos legislativos, entre 2012 y 2021.

Por su parte, Abilio Orestes Rodríguez Menjívar, diputado de Arena entre 2012 y 2015, tiene un incremento patrimonial sospechoso de $214,683.22, atribuible a él y su cónyuge.

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El exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo (2012-2015), será procesado junto a su esposa por un enriquecimiento ilícito de $392,989.62, detectándose 25 inconsistencias, incluyendo depósitos bancarios sin respaldo, compra injustificada de vehículos y pagos de deudas.

También enfrenta juicio civil Jesús Grande, exlegislador de 2012 a 2015, por un supuesto enriquecimiento no justificado de $352,119.41.

Finalmente, el exdiputado de Arena, David Ernesto Reyes Molina, con períodos entre 2012 y 2021, tendrá que responder por un incremento patrimonial injustificado de $225,942.49, identificado en sus tres períodos, con 33 inconsistencias detectadas, entre ellas depósitos bancarios y adquisición de bienes.