La ministra de Relaciones Exteriores de Bolivia, Celinda Sosa, aseguró este lunes a la agencia EFE que la decisión de otorgar asilo político a Saúl Méndez, líder del principal sindicato de la construcción en Panamá, no entorpece los vínculos diplomáticos entre ambos países.

Sosa explicó que el caso fue evaluado por el Consejo Nacional del Refugiado (Conare) y se manejó en coordinación con las autoridades panameñas, incluyendo una reunión con el canciller Javier Martínez-Acha. Señaló que el procedimiento se realizó bajo los principios establecidos en la Constitución boliviana y la Carta de las Naciones Unidas, que respaldan la protección de los derechos humanos.

La canciller recalcó que la relación entre Bolivia y Panamá sigue siendo positiva, e incluso adelantó que su homólogo panameño visitará el país andino el próximo 6 de agosto, en el marco de las celebraciones por el bicentenario de la independencia boliviana. Durante ese encuentro, se prevé la firma de varios memorándums de entendimiento.

Saúl Méndez, secretario general del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) desde 2010, se encontraba refugiado en la embajada de Bolivia en Panamá desde el 21 de mayo, tras emitirse una orden de captura en su contra por un presunto caso de estafa. El sábado, tras recibir un salvoconducto por parte del Gobierno panameño, abandonó la sede diplomática y viajó hacia Bolivia en calidad de asilado, arribando a la ciudad de Santa Cruz.

La importación legal e ilegal de armas de fuego en Guatemala pone en evidencia las limitaciones del Estado para ejercer un control efectivo, lo que repercute directamente en el incremento de la violencia en el país. Según datos del Observatorio de la Violencia de la iniciativa Diálogos, las pistolas son las armas más utilizadas en homicidios, y los jóvenes entre 20 y 34 años han sido las principales víctimas en lo que va de 2025.

Un informe elaborado con datos de la Dirección General de Control de Armas y Municiones (Digecam), del Ministerio de Defensa, revela que entre 2001 y 2023 se importaron legalmente más de 532,000 armas de fuego, un promedio anual de 23,170. Sin embargo, los expertos advierten sobre un subregistro significativo, estimando que entre 800,000 y 900,000 armas ilegales circulan actualmente en el país, muchas vinculadas al narcotráfico, crimen organizado y pandillas.

Pese a estas cifras, la Policía Nacional Civil (PNC) solo logró incautar 88,350 armas en ese mismo período, lo que representa apenas el 17 % del total registrado legalmente. Esta brecha revela —según el Observatorio— un desequilibrio alarmante entre la expansión del mercado legal y la limitada capacidad institucional para regularlo.

Las armas legales provienen de al menos 40 países, pero más del 80 % llegan desde Estados Unidos, Turquía, Italia, Argentina, Israel, Brasil y República Checa. Solo EE. UU. y Turquía concentran el 48 % de las importaciones.

«¿Estamos normalizando el acceso a las armas en un contexto de débil control estatal? Estos datos nos invitan a reflexionar sobre las raíces estructurales de la violencia y la urgencia de políticas públicas más efectivas», advierte el informe.

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CEL

En el primer semestre de 2025, el Ministerio de Gobernación reportó la incautación de 1,812 armas ilegales, la cifra más alta registrada en ese periodo desde 2020. Esto representa un aumento del 54 % respecto a 2024 y un incremento del 10.02 % frente a 2023, según el oficialista Diario de Centro América.

De acuerdo con la Plataforma para la Comunicación de Datos Estadísticos de la Incidencia Criminal (Pladeic), casi el 60 % de las armas decomisadas este año se encontraron en los departamentos de Guatemala, Escuintla, Jutiapa, Zacapa y Chiquimula. Más de 1,300 de las armas incautadas eran pistolas, seguidas por revólveres, escopetas, rifles, armas hechizas, subametralladoras y carabinas.

El viceministro de Seguridad, José Portillo, atribuyó los resultados al fortalecimiento de las capacidades policiales. “Ese rediseño está orientado a reforzar los mecanismos de seguridad y la capacidad de respuesta”, señaló.

La Marina Nacional de El Salvador incautó este domingo una embarcación con 1.3 toneladas de cocaína, valoradas en aproximadamente $33 millones, según informó el presidente Nayib Bukele a través de su cuenta oficial en X.

El operativo se realizó a 600 millas náuticas —equivalentes a 1,111 kilómetros— al suroeste de la Bocana El Cordoncillo, en el Estero de Jaltepeque. La embarcación de bajo perfil (LPV) era tripulada por dos ciudadanos ecuatorianos y un colombiano, quienes fueron capturados.

Con esta acción, el total de droga incautada por las autoridades salvadoreñas entre 2024 y 2025 asciende a 35.8 toneladas, detalló el mandatario.

Este nuevo decomiso representa un golpe económico estimado en $897.3 millones contra las estructuras del crimen organizado transnacional.