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Internacionales

Texas impulsa ley que obliga a alguaciles a colaborar con ICE y genera alarma entre defensores de derechos civiles

El estado de Texas avanza en el endurecimiento de su política migratoria con la aprobación del proyecto de Ley Senatorial 8 (SB-8), que obligará a la mayoría de los departamentos del alguacil a colaborar activamente con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), incluyendo la verificación del estatus migratorio de los detenidos.

La legislación, aprobada este domingo por la mayoría republicana en ambas cámaras legislativas estatales, requiere que al menos 234 de los 254 condados texanos firmen acuerdos con ICE, según datos divulgados por The Texas Tribune. Estos pactos permitirían a los alguaciles interrogar a los arrestados sobre su situación legal en Estados Unidos y reportarlos a las autoridades migratorias.

La propuesta ahora espera la firma del gobernador Greg Abbott, firme impulsor de políticas de control fronterizo. No obstante, la SB-8 ha provocado una oleada de críticas por parte de organizaciones de derechos civiles y legisladores demócratas.

“La SB-8 no hará nuestras comunidades más seguras, pero sí forzará a los alguaciles a convertirse en agentes del ICE, respaldando políticas de deportación masiva profundamente problemáticas”, declaró Sarah Cruz, estratega de políticas de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU).

Cruz también advirtió que la ley podría desviar recursos esenciales de la seguridad pública, promover la discriminación racial y silenciar a víctimas o testigos de delitos por temor a ser deportados.

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Un informe reciente del Centro de Recursos Legales para Inmigrantes (ILRC) indicó que las medidas antimigratorias impulsadas por Abbott durante los últimos años han sentado las bases para políticas más agresivas adoptadas por la administración del expresidente Donald Trump, recientemente reelegido. Según el informe, estas estrategias han sido replicadas por otros estados del país.

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Internacionales

EE. UU. investiga a familia de hombre acusado de atentado contra manifestantes judíos

Las autoridades migratorias de Estados Unidos detuvieron este martes a la esposa y a los cinco hijos de Mohamed Sabry Soliman, sospechoso de lanzar un ataque con cócteles molotov contra manifestantes en Colorado que exigían la liberación de los rehenes israelíes retenidos por Hamás en Gaza.

Kristi Noem, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, informó que la detención busca determinar si los familiares de Soliman tenían conocimiento previo del ataque o si lo apoyaron de alguna forma. La investigación ha despertado críticas debido a que el Departamento de Seguridad Nacional no suele liderar pesquisas criminales, que normalmente son responsabilidad del FBI y las fuerzas policiales.

El incidente ocurrió el domingo durante el evento «Run for Their Lives» en Boulder, Colorado, una caminata semanal organizada por la comunidad judía para visibilizar la situación de los rehenes. El ataque dejó al menos doce personas heridas.

Soliman, cuya visa de turista había expirado, se encontraba en EE. UU. con una solicitud de asilo en trámite y contaba con un permiso de trabajo. La situación migratoria del sospechoso ha sido duramente cuestionada por miembros del gobierno del expresidente Donald Trump, quienes han vinculado el caso con políticas de seguridad nacional.

«Todos los terroristas, sus familiares y los simpatizantes de terroristas que se encuentren aquí con una visa deberían saber que bajo la administración de Trump los vamos a encontrar, anular sus visas y deportarlos», escribió el secretario de Estado, Marco Rubio, en su cuenta de X.

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La Casa Blanca también se pronunció en redes sociales aludiendo a la deportación inminente de la familia: «Seis boletos sólo de ida para la esposa de Mohamed y cinco hijos. Última llamada para abordar en breve».

Mohamed Soliman deberá comparecer este jueves ante un tribunal en Colorado. Se anticipa que enfrente cargos federales por crímenes de odio y cargos estatales por intento de homicidio.

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Internacionales

Detienen en Marruecos a presunto autor de secuestros de empresarios de criptomonedas en Francia

Un ciudadano franco-marroquí de 24 años, identificado como Badiss Mohamed Amide Bajjou, fue arrestado en Marruecos por su presunta participación en una serie de secuestros dirigidos a empresarios del sector de las criptomonedas en Francia.

La detención se realizó en la ciudad de Tánger, al norte del país, como resultado de una notificación roja emitida por Interpol, que lo buscaba por cargos relacionados con secuestro, detención arbitraria y toma de rehenes, según informó la Dirección Nacional de Seguridad marroquí y difundió la agencia de noticias MAP.

El ministro del Interior francés, Gérald Darmanin, expresó su agradecimiento a Marruecos a través de un mensaje en la red social X (antes Twitter), destacando que esta detención refleja la excelente cooperación judicial entre ambas naciones.

De acuerdo con el diario francés Le Parisien, las autoridades sospechan que Bajjou organizó varios secuestros e intentos de rapto desde el extranjero. Uno de los casos más notorios en los que se le vincula es el del empresario francés David Balland, cofundador de la firma de criptomonedas Ledger —valorada en más de $1,000 millones en ese momento—, quien fue secuestrado junto a su socio en enero. Durante el rapto, los agresores le amputaron un dedo como parte de su estrategia para exigir una recompensa.

Por este caso, al menos nueve personas están siendo investigadas. Las autoridades también vinculan a Bajjou con otros secuestros o intentos de secuestro registrados en mayo.

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Además, Le Parisien informa que otro ciudadano franco-marroquí, de unos 40 años y presunto cabecilla de la red, continúa prófugo.

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Internacionales

Jair Bolsonaro será interrogado en juicio por intento de golpe de Estado en Brasil

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro será interrogado la próxima semana en un juicio por presunto intento de golpe de Estado contra el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, informó este lunes un juez de la Corte Suprema.

Bolsonaro, quien gobernó Brasil entre 2019 y 2022, enfrenta cargos junto a seis colaboradores por liderar una conspiración para mantenerse en el poder tras perder las elecciones. El exmandatario se expone a una pena de hasta 40 años de cárcel.

El juez Alexandre de Moraes fijó el interrogatorio para el 9 de junio, con posibilidad de extenderse hasta el 13. Aunque inhabilitado políticamente hasta 2030 por cuestionar sin pruebas el sistema electoral, Bolsonaro continúa siendo un referente importante de la derecha brasileña, y su juicio ha generado una fuerte polémica política.

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