La defensa de la libertad de expresión será el eje central del festival literario Centroamérica Cuenta, que se celebrará desde este lunes en Guatemala y reunirá a 60 escritores de 15 países, además del reconocido cantautor español Joan Manuel Serrat.

Entre los participantes destacan los escritores nicaragüenses Sergio Ramírez y Gioconda Belli, ambos exiliados y despojados de su nacionalidad por el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Ramírez, ganador del Premio Cervantes en 2017 y exvicepresidente de Nicaragua durante el primer gobierno sandinista en los años 80, abrirá el evento con un diálogo junto a Serrat el martes, en la ceremonia inaugural.

El festival arrancará el lunes con actividades en comunidades indígenas de Totonicapán y Comalapa, en el occidente guatemalteco. “La libertad de expresión y la pluralidad de ideas son fundamentales para nosotros”, afirmó Claudia Neira, directora del festival y periodista nicaragüense.

Por su parte, la ministra de Cultura de Guatemala, Liwy Grazioso, destacó que el evento ofrecerá “un diálogo imprescindible sobre literatura, libertad de expresión, migración, cine y derechos humanos, temas esenciales para todas las sociedades”.

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Dedicado este año al nobel guatemalteco Miguel Ángel Asturias (1899–1974), el festival incluirá talleres, presentaciones de libros, conciertos y charlas sobre democracia, periodismo, migración, cine, derechos humanos y gastronomía.

La jornada de cierre será el sábado 24, con un diálogo entre el presidente guatemalteco Bernardo Arévalo y Pepa Bueno, directora del diario español El País.

El municipio de La Unión Sur, en la zona oriental de El Salvador, ha comenzado a atraer la atención de inversionistas internacionales interesados en desarrollar proyectos inmobiliarios, turísticos y comerciales en la región.

Una delegación conformada por empresarios de México y Guatemala visitó recientemente varias zonas estratégicas, como la costa de Conchagua y las islas del Golfo de Fonseca. La visita estuvo acompañada por la alcaldesa del municipio, Victoria Gutiérrez, quien señaló que los inversionistas están interesados en proyectos relacionados con hotelería, residencias, restaurantes y casinos.

“Nosotros les damos una base de datos y les mostramos cuáles son esos sitios a los cuales ellos les pueden apostar”, explicó Gutiérrez.

Según los inversionistas, su interés ha aumentado por las condiciones de seguridad que ha alcanzado El Salvador bajo la administración del presidente Nayib Bukele, además de proyectos clave como el Aeropuerto del Pacífico, Surf City II, la construcción de nuevos muelles y la reactivación del puerto de La Unión.

La Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal), a través de su filial en La Unión, ha respaldado la exploración de oportunidades por parte de los empresarios internacionales y se ha posicionado como un aliado para facilitar los procesos de inversión.

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“Nuestro objetivo es impulsar el crecimiento local para generar el desarrollo de la economía a nivel país y la generación de empleo. Apoyamos todo esfuerzo encaminado a la inversión”, afirmó Carolina Ortez, presidenta de Camarasal en La Unión.

Unos 400 campesinos panameños se manifestaron este viernes a bordo de más de 30 canoas a motor en el río Indio, en rechazo a la construcción de un embalse que abastecería de agua al canal de Panamá, pero que implicaría el desplazamiento de al menos 2.500 personas.

La protesta acuática recorrió el curso del río hasta su desembocadura en el mar Caribe. Entre los manifestantes había niños, agricultores y maestros que alzaban banderas de Panamá y coreaban consignas como “Río Indio no se vende, río Indio se defiende”.

El proyecto, impulsado por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), busca mitigar los efectos de las sequías, como la de 2023 que obligó a reducir el tránsito de buques por falta de agua. El plan contempla represar el río para crear un embalse de 4.600 hectáreas, desde el cual se canalizará agua hacia el lago Gatún a través de un túnel de nueve kilómetros.

La construcción comenzará en 2027 y se prevé que finalice en 2032, con una inversión estimada de 1.600 millones de dólares. De ese monto, 400 millones se destinarán a indemnizar y reubicar a las familias afectadas.

Pese a ello, los campesinos rechazan el desalojo. “Nos quita todo el futuro”, declaró Ariel Troya, agricultor de 48 años. Por su parte, Amado Valdés, de 54 años, calificó el proyecto como una “amenaza” para toda la comunidad rural, mientras que la maestra Zoraya Luján señaló que el río es “la vida” de los habitantes.

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En respuesta, la ACP afirmó que mantiene canales de diálogo abiertos con las comunidades y aseguró que el embalse podría generar oportunidades en áreas como pesca, turismo y transporte.