El municipio de La Unión Sur, en la zona oriental de El Salvador, ha comenzado a atraer la atención de inversionistas internacionales interesados en desarrollar proyectos inmobiliarios, turísticos y comerciales en la región.

Una delegación conformada por empresarios de México y Guatemala visitó recientemente varias zonas estratégicas, como la costa de Conchagua y las islas del Golfo de Fonseca. La visita estuvo acompañada por la alcaldesa del municipio, Victoria Gutiérrez, quien señaló que los inversionistas están interesados en proyectos relacionados con hotelería, residencias, restaurantes y casinos.

“Nosotros les damos una base de datos y les mostramos cuáles son esos sitios a los cuales ellos les pueden apostar”, explicó Gutiérrez.

Según los inversionistas, su interés ha aumentado por las condiciones de seguridad que ha alcanzado El Salvador bajo la administración del presidente Nayib Bukele, además de proyectos clave como el Aeropuerto del Pacífico, Surf City II, la construcción de nuevos muelles y la reactivación del puerto de La Unión.

La Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal), a través de su filial en La Unión, ha respaldado la exploración de oportunidades por parte de los empresarios internacionales y se ha posicionado como un aliado para facilitar los procesos de inversión.

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“Nuestro objetivo es impulsar el crecimiento local para generar el desarrollo de la economía a nivel país y la generación de empleo. Apoyamos todo esfuerzo encaminado a la inversión”, afirmó Carolina Ortez, presidenta de Camarasal en La Unión.

Unos 400 campesinos panameños se manifestaron este viernes a bordo de más de 30 canoas a motor en el río Indio, en rechazo a la construcción de un embalse que abastecería de agua al canal de Panamá, pero que implicaría el desplazamiento de al menos 2.500 personas.

La protesta acuática recorrió el curso del río hasta su desembocadura en el mar Caribe. Entre los manifestantes había niños, agricultores y maestros que alzaban banderas de Panamá y coreaban consignas como “Río Indio no se vende, río Indio se defiende”.

El proyecto, impulsado por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), busca mitigar los efectos de las sequías, como la de 2023 que obligó a reducir el tránsito de buques por falta de agua. El plan contempla represar el río para crear un embalse de 4.600 hectáreas, desde el cual se canalizará agua hacia el lago Gatún a través de un túnel de nueve kilómetros.

La construcción comenzará en 2027 y se prevé que finalice en 2032, con una inversión estimada de 1.600 millones de dólares. De ese monto, 400 millones se destinarán a indemnizar y reubicar a las familias afectadas.

Pese a ello, los campesinos rechazan el desalojo. “Nos quita todo el futuro”, declaró Ariel Troya, agricultor de 48 años. Por su parte, Amado Valdés, de 54 años, calificó el proyecto como una “amenaza” para toda la comunidad rural, mientras que la maestra Zoraya Luján señaló que el río es “la vida” de los habitantes.

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En respuesta, la ACP afirmó que mantiene canales de diálogo abiertos con las comunidades y aseguró que el embalse podría generar oportunidades en áreas como pesca, turismo y transporte.

Exdiputados y exfuncionarios de los partidos ARENA y FMLN han sido vinculados a una red de organizaciones no gubernamentales (ONG) que habrían recibido fondos del Presupuesto General de la Nación para realizar activismo político, según investigaciones realizadas por la Asamblea Legislativa y la Fiscalía General de la República.

El tema resurgió esta semana luego de que el presidente Nayib Bukele denunciara que supuestos grupos de izquierda y ONG “globalistas” instrumentalizaron a miembros de una cooperativa para realizar protestas frente a una residencial privada, sin relación directa con los hechos en conflicto.

Analistas como el sociólogo Mauricio Rodríguez advierten que los partidos tradicionales estarían retomando métodos propios de la posguerra para atacar al Gobierno a través de organizaciones de fachada. “Son grupos que reciben fondos para tratar de desestabilizar con protestas constantes. Quieren replicar el libreto de los años ochenta y generar mártires”, sostuvo Rodríguez.

La comisión especial que investigó a las llamadas “ONG fachada” identificó a varios exlegisladores vinculados a estas entidades. Por ejemplo, la Asociación Movimiento de Mujeres Mélida Anaya Montes (Las Mélidas), fundada por la exdiputada efemelenista Lorena Peña, recibió $518,890 entre 2011 y 2019.

También se señala a Jorge Schafik Hándal y Eugenio Chicas, ambos exfuncionarios del FMLN, como directivos de Fundaspad, organización que obtuvo $639,000 de fondos públicos. Por su parte, las exdiputadas Blanca Flor Bonilla y Rosa Alma Cruz Marinero aparecen como directivas de PROCOMES, entidad que recibió $2.5 millones, aunque no comparecieron ante la comisión.

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Del lado de ARENA, se menciona a Milena Calderón de Escalón, vinculada a la Fundación Ambientalista de Santa Ana (Fundasan), que obtuvo $316,650; y a Mariella Peña Pinto, relacionada con Fundar, la cual recibió $559,100 entre 2005 y 2009.

El sociólogo René Martínez criticó el uso de estas organizaciones como herramientas políticas. “Han pervertido la razón de ser de las ONG, que surgieron para atender problemáticas sociales y no para beneficiar intereses partidarios”, señaló.