La Policía Nacional Civil (PNC) informó que el jueves 8 de mayo concluyó sin homicidios en todo el territorio salvadoreño, lo que eleva a 106 los días sin crímenes contra la vida en lo que va de 2025. Según las autoridades, estos resultados se atribuyen a la efectividad de los planes de seguridad implementados bajo el denominado «modelo Bukele».

De acuerdo con las estadísticas oficiales, mayo inició con una racha de ocho días consecutivos sin asesinatos, que se suman a los 25 días sin homicidios registrados en abril, 22 en marzo, 26 en febrero y 25 en enero.

Durante la administración del presidente Nayib Bukele, El Salvador ha acumulado un total de 904 días sin homicidios, de los cuales 790 han sido alcanzados en el marco del régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022.

Las autoridades destacan que el combate frontal a las pandillas ha permitido el encarcelamiento de más de 86,000 miembros de estructuras criminales, muchos de ellos actualmente recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en espera de condenas de larga duración o cadena perpetua.

La recuperación del control territorial en zonas históricamente afectadas por la violencia, como Soyapango, San Martín, Ilopango, Apopa, Mejicanos y Panchimalco, ha transformado el clima de seguridad en estas comunidades.

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El gobierno asegura que la disminución de la criminalidad ha incentivado el crecimiento de pequeños negocios y emprendimientos, debido a la eliminación de prácticas como la extorsión, lo que ha dinamizado la economía local.

Las autoridades salvadoreñas presentaron este miércoles un cargamento de una tonelada de cocaína incautado en aguas internacionales por la Fuerza Naval, durante la interceptación de una embarcación tripulada por cuatro ciudadanos costarricenses.

El operativo se realizó a bordo de una lancha pesquera artesanal equipada con tecnología de navegación para operar tanto de día como de noche. Además del cargamento de droga, valorado en aproximadamente 25,6 millones de dólares, se decomisaron seis fusiles AR-15, dos pistolas Glock y equipo especializado para navegación en altamar.

El presidente Nayib Bukele destacó en redes sociales que, con esta operación, las incautaciones de droga durante el último año ascienden a 28,2 toneladas, con un valor total estimado de 706,8 millones de dólares.

Durante la presentación del alijo, el ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy, subrayó que la operación también logró detener el tráfico ilegal de armas. “No sólo detenemos el tráfico de droga, sino también el tráfico ilegal de armas de fuego”, aseguró.

El embajador de Estados Unidos en El Salvador, William H. Duncan, felicitó a la Marina Nacional por su trabajo y reiteró el compromiso compartido en la lucha contra el narcotráfico. “Reconozco este logro como un ejemplo del firme compromiso que compartimos en la lucha contra el narcotráfico y por la seguridad regional”, expresó.

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Los cuatro detenidos serán procesados judicialmente por tráfico ilegal de drogas.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por las deportaciones masivas de inmigrantes desde Estados Unidos, así como por la colaboración de países como El Salvador y Panamá con la administración del presidente Donald Trump.

“Llama poderosamente la atención estas expulsiones masivas, que en muchos casos no advierten que se trata de personas que merecen protección internacional”, afirmó Andrea Pochak, vicepresidenta de la CIDH, en declaraciones a la agencia AP. “Las nuevas políticas migratorias de Estados Unidos nos preocupan muchísimo», añadió.

El organismo, adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA), publicó este jueves su informe anual sobre derechos humanos en la región, el cual refleja el seguimiento que realiza a las políticas implementadas por Trump desde su retorno a la presidencia en enero de 2025.

Según la CIDH, las nuevas medidas de la Casa Blanca incluyen la expulsión de migrantes en situación irregular sin un debido proceso, incluso a países donde podrían estar en riesgo. La comisión denunció además que algunos deportados han sido enviados a prisiones de máxima seguridad, en violación de decisiones judiciales que ordenaban frenar las deportaciones.

Estados Unidos ha sellado acuerdos con El Salvador, Panamá y otras naciones para facilitar estas expulsiones. Aunque algunos países han rechazado recibir a deportados, estos convenios han permitido que la administración Trump expulse a cientos de personas en pocos meses.

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El gobierno estadounidense ha justificado estas acciones alegando que los deportados tienen vínculos con organizaciones criminales como la MS-13 y el Tren de Aragua. Sin embargo, el Departamento de Estado no respondió a una solicitud de información por parte de la AP.