Las autoridades salvadoreñas presentaron este miércoles un cargamento de una tonelada de cocaína incautado en aguas internacionales por la Fuerza Naval, durante la interceptación de una embarcación tripulada por cuatro ciudadanos costarricenses.

El operativo se realizó a bordo de una lancha pesquera artesanal equipada con tecnología de navegación para operar tanto de día como de noche. Además del cargamento de droga, valorado en aproximadamente 25,6 millones de dólares, se decomisaron seis fusiles AR-15, dos pistolas Glock y equipo especializado para navegación en altamar.

El presidente Nayib Bukele destacó en redes sociales que, con esta operación, las incautaciones de droga durante el último año ascienden a 28,2 toneladas, con un valor total estimado de 706,8 millones de dólares.

Durante la presentación del alijo, el ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy, subrayó que la operación también logró detener el tráfico ilegal de armas. “No sólo detenemos el tráfico de droga, sino también el tráfico ilegal de armas de fuego”, aseguró.

El embajador de Estados Unidos en El Salvador, William H. Duncan, felicitó a la Marina Nacional por su trabajo y reiteró el compromiso compartido en la lucha contra el narcotráfico. “Reconozco este logro como un ejemplo del firme compromiso que compartimos en la lucha contra el narcotráfico y por la seguridad regional”, expresó.

Advertisement

20250501_mh_noexigencia_dui_728x90

20250501_vacunacion-influenza-728x90

20250501_vacunacion_vph-728x90

20231124_etesal_728x90_1

20230601_agenda_primera_infancia_728X90

domfuturo_netview-728x90

20240604_dom_728x90

CEL

Los cuatro detenidos serán procesados judicialmente por tráfico ilegal de drogas.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por las deportaciones masivas de inmigrantes desde Estados Unidos, así como por la colaboración de países como El Salvador y Panamá con la administración del presidente Donald Trump.

“Llama poderosamente la atención estas expulsiones masivas, que en muchos casos no advierten que se trata de personas que merecen protección internacional”, afirmó Andrea Pochak, vicepresidenta de la CIDH, en declaraciones a la agencia AP. “Las nuevas políticas migratorias de Estados Unidos nos preocupan muchísimo», añadió.

El organismo, adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA), publicó este jueves su informe anual sobre derechos humanos en la región, el cual refleja el seguimiento que realiza a las políticas implementadas por Trump desde su retorno a la presidencia en enero de 2025.

Según la CIDH, las nuevas medidas de la Casa Blanca incluyen la expulsión de migrantes en situación irregular sin un debido proceso, incluso a países donde podrían estar en riesgo. La comisión denunció además que algunos deportados han sido enviados a prisiones de máxima seguridad, en violación de decisiones judiciales que ordenaban frenar las deportaciones.

Estados Unidos ha sellado acuerdos con El Salvador, Panamá y otras naciones para facilitar estas expulsiones. Aunque algunos países han rechazado recibir a deportados, estos convenios han permitido que la administración Trump expulse a cientos de personas en pocos meses.

Advertisement

20250501_mh_noexigencia_dui_728x90

20250501_vacunacion-influenza-728x90

20250501_vacunacion_vph-728x90

20231124_etesal_728x90_1

20230601_agenda_primera_infancia_728X90

domfuturo_netview-728x90

20240604_dom_728x90

CEL

El gobierno estadounidense ha justificado estas acciones alegando que los deportados tienen vínculos con organizaciones criminales como la MS-13 y el Tren de Aragua. Sin embargo, el Departamento de Estado no respondió a una solicitud de información por parte de la AP.

La administración del expresidente Donald Trump presentó este jueves una apelación de emergencia ante la Corte Suprema de Estados Unidos para poner fin al permiso humanitario que protege de la deportación a más de 500,000 inmigrantes provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.

La solicitud busca anular un fallo de una corte federal en Boston que bloqueó la decisión del Departamento de Seguridad Nacional de cancelar el programa de estatus legal temporal (TPS, por sus siglas en inglés). La jueza Indira Talwani, designada por el expresidente Barack Obama, dictaminó que la administración interpretó erróneamente la ley al intentar poner fin al programa, y destacó que la medida dejaría a miles de personas en una encrucijada entre “huir del país” o “arriesgarse a perderlo todo”.

“El tribunal de distrito ha anulado una de las decisiones de política migratoria más importantes de la administración”, señaló en su escrito el procurador general John Sauer, quien defiende la posición del gobierno republicano.

Este caso se suma a otras apelaciones migratorias impulsadas por Trump durante su mandato, en las que buscó restringir el acceso legal a Estados Unidos. En contraste, la administración del presidente Joe Biden ha hecho un uso sin precedentes del permiso humanitario, permitiendo la entrada legal —por dos años y con permiso de trabajo— a más de medio millón de inmigrantes desde finales de 2022, gracias a un programa de patrocinadores financieros.