La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por las deportaciones masivas de inmigrantes desde Estados Unidos, así como por la colaboración de países como El Salvador y Panamá con la administración del presidente Donald Trump.

“Llama poderosamente la atención estas expulsiones masivas, que en muchos casos no advierten que se trata de personas que merecen protección internacional”, afirmó Andrea Pochak, vicepresidenta de la CIDH, en declaraciones a la agencia AP. “Las nuevas políticas migratorias de Estados Unidos nos preocupan muchísimo», añadió.

El organismo, adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA), publicó este jueves su informe anual sobre derechos humanos en la región, el cual refleja el seguimiento que realiza a las políticas implementadas por Trump desde su retorno a la presidencia en enero de 2025.

Según la CIDH, las nuevas medidas de la Casa Blanca incluyen la expulsión de migrantes en situación irregular sin un debido proceso, incluso a países donde podrían estar en riesgo. La comisión denunció además que algunos deportados han sido enviados a prisiones de máxima seguridad, en violación de decisiones judiciales que ordenaban frenar las deportaciones.

Estados Unidos ha sellado acuerdos con El Salvador, Panamá y otras naciones para facilitar estas expulsiones. Aunque algunos países han rechazado recibir a deportados, estos convenios han permitido que la administración Trump expulse a cientos de personas en pocos meses.

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El gobierno estadounidense ha justificado estas acciones alegando que los deportados tienen vínculos con organizaciones criminales como la MS-13 y el Tren de Aragua. Sin embargo, el Departamento de Estado no respondió a una solicitud de información por parte de la AP.

El Comité de Derechos Humanos de la ONU instó este jueves al Estado de Guatemala a cumplir con el reasentamiento de cientos de indígenas mayas desplazados forzadamente durante el conflicto armado interno que vivió el país entre 1960 y 1996.

En 2021, un grupo de 269 personas pertenecientes a los pueblos mayas k’iche’, ixil y kaqchikel presentó una denuncia ante el Comité, alegando que, desde la década de 1980, fueron víctimas de las operaciones militares de “tierra arrasada” y que, hasta la fecha, no han podido regresar a sus comunidades de origen ni recibir reparaciones adecuadas.

“El Comité ha declarado a Guatemala internacionalmente responsable por no implementar los acuerdos de reasentamiento y otras medidas de reparación”, señaló el órgano de la ONU en un comunicado, calificando la resolución como “histórica”.

La integrante del Comité, Hélène Tigroudja, subrayó que el desplazamiento forzado continúa mientras no se garantice un retorno seguro y digno o un reasentamiento voluntario en otro lugar. Además, el Comité consideró que el Estado violó también los derechos de los niños nacidos en el exilio, pertenecientes a la tercera generación de desplazados.

Las víctimas relataron que, al huir a la capital, se vieron forzadas a renunciar a su cultura: dejaron de usar vestimentas tradicionales, ocultaron sus lenguas y perdieron la posibilidad de realizar rituales funerarios, ya que no pudieron recuperar los restos de familiares desaparecidos o ejecutados.

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En 2011, las comunidades desplazadas habían alcanzado un acuerdo con el Estado para implementar medidas de reparación, pero estas nunca se llevaron a cabo, denunció el Comité.

La administración del expresidente Donald Trump presentó este jueves una apelación de emergencia ante la Corte Suprema de Estados Unidos para poner fin al permiso humanitario que protege de la deportación a más de 500,000 inmigrantes provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.

La solicitud busca anular un fallo de una corte federal en Boston que bloqueó la decisión del Departamento de Seguridad Nacional de cancelar el programa de estatus legal temporal (TPS, por sus siglas en inglés). La jueza Indira Talwani, designada por el expresidente Barack Obama, dictaminó que la administración interpretó erróneamente la ley al intentar poner fin al programa, y destacó que la medida dejaría a miles de personas en una encrucijada entre “huir del país” o “arriesgarse a perderlo todo”.

“El tribunal de distrito ha anulado una de las decisiones de política migratoria más importantes de la administración”, señaló en su escrito el procurador general John Sauer, quien defiende la posición del gobierno republicano.

Este caso se suma a otras apelaciones migratorias impulsadas por Trump durante su mandato, en las que buscó restringir el acceso legal a Estados Unidos. En contraste, la administración del presidente Joe Biden ha hecho un uso sin precedentes del permiso humanitario, permitiendo la entrada legal —por dos años y con permiso de trabajo— a más de medio millón de inmigrantes desde finales de 2022, gracias a un programa de patrocinadores financieros.