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Centroamérica

Pueblos indígenas acusan a fiscal general de Guatemala de racismo y criminalización

Representantes de los 22 pueblos indígenas de Guatemala, junto con líderes garífunas y xincas, presentaron este martes un amparo ante la Corte Suprema de Justicia contra la fiscal general, Consuelo Porras, por supuestos delitos de discriminación y racismo en la persecución judicial contra dirigentes indígenas.

La acción legal fue anunciada durante una conferencia de prensa encabezada por el presidente Bernardo Arévalo, en la que participaron también su gabinete y representantes de las comunidades originarias. Los líderes denunciaron que el Ministerio Público ha iniciado una serie de procesos judiciales selectivos en represalia por las protestas realizadas en 2023, cuando exigieron la renuncia de Porras.

El amparo surge tras la reciente detención de Luis Pacheco, actual viceministro de Desarrollo y Sostenibilidad del Ministerio de Energía y Minas, y de Héctor Batz, ambos exintegrantes de la Junta Directiva de los 48 Cantones, organización indígena clave en las protestas contra el Ministerio Público.

Durante el acto, Arévalo, rodeado de líderes de las cuatro principales identidades originarias del país, expresó su respaldo: “La criminalización de cualquier persona que defiende la democracia y los derechos humanos y que combate a la corrupción es un ataque a todos los pueblos del país”.

El mandatario también criticó que, mientras se persigue a líderes comunitarios, los casos de corrupción continúan impunes. “Hay millones de quetzales desfalcados del Estado por actores corruptos, pero no hay investigaciones de la fiscalía”, subrayó.

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En respuesta, el Ministerio Público rechazó los señalamientos y afirmó que “es totalmente falso que exista criminalización hacia líderes indígenas”. Aseguró que todos los casos han sido llevados ante jueces y que sus actuaciones buscan garantizar el debido proceso.

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Centroamérica

MARN presenta Estrategia Nacional de Biodiversidad durante el Foro Ambiental Nacional

El Foro Ambiental Nacional, organizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) en conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), desarrolló su tercer día de actividades con la presentación oficial de la Estrategia Nacional de Biodiversidad.

Esta estrategia busca convertirse en una herramienta clave para orientar las decisiones del Estado en materia de protección, restauración y uso sostenible del capital natural del país.

«No puede haber acción climática ni seguridad ambiental sin ecosistemas sanos. La biodiversidad es la base de nuestra resiliencia: es fuente de agua, de alimentos y de estabilidad ecológica y económica. En ese marco, me honra anunciar la presentación de la Estrategia Nacional de Biodiversidad y Plan de Acción 2025-2030», expresó el ministro de Medio Ambiente, Fernando López.

El funcionario destacó que este instrumento no será un documento más, sino una guía concreta para la acción. «La estrategia no es un documento más; es un mapa, una hoja de ruta que va a guiar al país hacia un futuro sostenible y resiliente. Es una apuesta nacional para proteger nuestra riqueza natural, restaurar lo degradado y aprovechar de manera responsable los recursos que garantizan nuestro bienestar», afirmó.

Durante el evento se remarcó que la conservación de la biodiversidad es una decisión estratégica de desarrollo, ya que los ecosistemas sanos reducen riesgos, capturan carbono, mantienen los servicios ecosistémicos y aseguran el bienestar de miles de salvadoreños.

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Como parte de las acciones para ejecutar esta estrategia, el ministro Fernando López y María Ugarte, directora ejecutiva de la Red de Observadores Ciudadanos Asociación Civil (ROC), firmaron un convenio de cooperación para la realización del Proyecto de Diagnóstico Bioecológico Integral y del Estado de Salud del Ecosistema Recifal Salvadoreño.

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Centroamérica

Rodrigo Chaves destaca modelo salvadoreño tras firmar la Alianza del Escudo de las Américas

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, firmó junto a su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, la Declaración de Coatepeque y la creación de la Alianza del Escudo de las Américas, destacando a El Salvador como un referente regional en seguridad pública.

La firma tuvo lugar este jueves durante la visita oficial de Chaves a El Salvador, tras un primer encuentro con Bukele. El mandatario costarricense subrayó los avances logrados por el Gobierno salvadoreño en la erradicación de pandillas y la reducción de la violencia homicida, resaltando que estos resultados deberían servir de ejemplo para el resto de países de la región.

«Espero que la semilla de la Alianza del Escudo de las Américas germine, que se unan muchos más países y que algún día en nuestro hemisferio todos puedan tener una vida en paz. Es un honor haber firmado esta alianza con usted, presidente Bukele, en este lugar tan hermoso. Nos llena de esperanza para que un día logremos lo que usted hizo: eliminar las mafias y los asesinos de nuestra sociedad», expresó Chaves tras la firma.

El presidente costarricense reiteró que El Salvador demuestra la importancia de tomar decisiones firmes para combatir la criminalidad, un desafío que ahora también impacta a Costa Rica y a otros países latinoamericanos que antes no enfrentaban esta problemática en la misma dimensión.

«Usted le demostró al mundo la manera ejemplar y exitosa de cómo se deben enfrentar las maras. Lo criticaron desde muchas partes, incluido el gobierno de Costa Rica en su momento. Pero el pueblo salvadoreño le dio el mérito por librar esa batalla y así se convirtieron en un referente mundial en seguridad», añadió Chaves.

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Centroamérica

ONG denuncia coacción de pandillas a votantes en las elecciones de Honduras

Pandilleros habrían “coaccionado” a votantes durante las elecciones generales del pasado 30 de noviembre en Honduras, según denunció este jueves una organización de derechos humanos, que también reportó siete asesinatos relacionados con motivos políticos durante la campaña.

La violencia ejercida por estructuras criminales sigue siendo uno de los principales desafíos del país, donde operan las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha, ambas catalogadas como organizaciones terroristas por Estados Unidos.

De acuerdo con una investigación presentada por la ONG Cristosal, miembros de estas bandas criminales habrían presionado y amenazado a ciudadanos el día de los comicios, cuando se elegía a presidente, congresistas y alcaldes. El informe señala que la presencia e intervención de grupos delictivos en zonas bajo su control pudo afectar la libertad del voto en diversas comunidades.

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