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Centroamérica

Pueblos indígenas acusan a fiscal general de Guatemala de racismo y criminalización

Representantes de los 22 pueblos indígenas de Guatemala, junto con líderes garífunas y xincas, presentaron este martes un amparo ante la Corte Suprema de Justicia contra la fiscal general, Consuelo Porras, por supuestos delitos de discriminación y racismo en la persecución judicial contra dirigentes indígenas.

La acción legal fue anunciada durante una conferencia de prensa encabezada por el presidente Bernardo Arévalo, en la que participaron también su gabinete y representantes de las comunidades originarias. Los líderes denunciaron que el Ministerio Público ha iniciado una serie de procesos judiciales selectivos en represalia por las protestas realizadas en 2023, cuando exigieron la renuncia de Porras.

El amparo surge tras la reciente detención de Luis Pacheco, actual viceministro de Desarrollo y Sostenibilidad del Ministerio de Energía y Minas, y de Héctor Batz, ambos exintegrantes de la Junta Directiva de los 48 Cantones, organización indígena clave en las protestas contra el Ministerio Público.

Durante el acto, Arévalo, rodeado de líderes de las cuatro principales identidades originarias del país, expresó su respaldo: “La criminalización de cualquier persona que defiende la democracia y los derechos humanos y que combate a la corrupción es un ataque a todos los pueblos del país”.

El mandatario también criticó que, mientras se persigue a líderes comunitarios, los casos de corrupción continúan impunes. “Hay millones de quetzales desfalcados del Estado por actores corruptos, pero no hay investigaciones de la fiscalía”, subrayó.

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En respuesta, el Ministerio Público rechazó los señalamientos y afirmó que “es totalmente falso que exista criminalización hacia líderes indígenas”. Aseguró que todos los casos han sido llevados ante jueces y que sus actuaciones buscan garantizar el debido proceso.

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Centroamérica

Decretan detención provisional contra hondureño acusado de tráfico de menor en El Amatillo

El Juzgado de Paz de Pasaquina, en el departamento de La Unión, decretó instrucción formal con detención provisional contra Santiago Zúniga Cruz, de 59 años, y Lidia Saharay Maldonado Matute, de 37, ambos de nacionalidad hondureña, acusados del delito de tráfico ilegal de personas en perjuicio de un adolescente.

Zúniga Cruz, conocido en redes sociales como el “apóstol Santiago”, continuará bajo custodia mientras avanza el proceso judicial. La resolución fue emitida durante la audiencia inicial celebrada el jueves 19 de febrero.

De acuerdo con el requerimiento presentado por la Fiscalía General de la República, los imputados fueron capturados el pasado 4 de febrero en la frontera terrestre de El Amatillo, tras una intervención realizada por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

Durante la inspección del vehículo en el que se conducían, las autoridades detectaron que transportaban a un menor de edad identificado con las iniciales Y. J. G. C., quien —según el reporte policial— no contaba con la autorización legal de sus padres para salir de Honduras.

La captura fue dada a conocer el 5 de febrero. Desde entonces, Zúniga Cruz ha permanecido privado de libertad en la delegación policial de La Unión, mientras se desarrollaban las diligencias correspondientes.

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El equipo de prensa de Centros Judiciales informó que el proceso mantiene reserva total, a solicitud de la Fiscalía, por tratarse de un caso que involucra a un menor de edad.

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Centroamérica

CID Gallup: 93 % de salvadoreños aprueba la gestión de Bukele

La más reciente encuesta de opinión pública de CID Gallup señala que el 93 % de los salvadoreños aprueba la gestión del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, reflejando un alto nivel de respaldo ciudadano.

El estudio también indica que el 92 % de la población mantiene una imagen personal favorable del mandatario, mientras que el 89 % afirma sentirse orgulloso de su presidente, datos que —según la firma encuestadora— evidencian una conexión sólida entre el jefe de Estado y la ciudadanía.

En cuanto a áreas de gestión, la seguridad encabeza la lista con un 95 % de percepción positiva. Le siguen educación, también con un 95 %, y turismo y cultura, con un 90 %, sectores en los que los consultados consideran que se han registrado avances significativos.

Asimismo, el 89 % de los encuestados considera que el presidente cumple sus promesas, un indicador que refleja elevados niveles de credibilidad en su palabra y ejecución, de acuerdo con los resultados presentados.

La encuesta fue realizada entre el 12 y el 18 de febrero de 2026, con una muestra de 1,200 salvadoreños con teléfono celular. El estudio tiene un margen de error de ±3 puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95 %, según detalla la ficha metodológica.

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Centroamérica

Bukele asegura que El Salvador pasa de expulsar migrantes a recibirlos por mejora en seguridad

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró que el país está transitando de ser un emisor de migrantes a convertirse en receptor, atribuyendo este cambio a las mejoras en materia de seguridad pública.

La declaración fue realizada al compartir un video difundido por CNN en el que ciudadanos de Guatemala exponen la situación de violencia que enfrenta su país y consideran la posibilidad de migrar hacia territorio salvadoreño.

“El Salvador está pasando de ser un país emisor de migrantes a un país receptor de migrantes”, escribió el mandatario al citar el material audiovisual, en el que algunos guatemaltecos manifestaron su interés en que se implementen medidas similares a las adoptadas por el gobierno salvadoreño para combatir la criminalidad y las pandillas.

En el reportaje, varios entrevistados señalaron que perciben a El Salvador como un destino más seguro en comparación con su país, donde —según medios locales e internacionales— persiste un repunte de la violencia. “Tal vez la mejor decisión, y he escuchado a algunos amigos, sería El Salvador [para migrar]”, expresó Jasel López en el video.

Por su parte, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, anunció esta semana la declaración de un estado de prevención por 15 días, en sustitución del estado de sitio que estuvo vigente durante 30 días y finalizó el 17 de febrero. La medida busca contener la violencia atribuida a pandillas, tras el asesinato de 11 policías en enero.

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No obstante, algunos ciudadanos consideran que las acciones adoptadas no han sido suficientes para frenar la crisis de seguridad. “Como guatemalteco yo esperaría que el gobierno accionara y tuviera un control como el señor Bukele. Me gustaría que llegáramos hasta esas medidas, pero va a ser un poco difícil con las políticas que tenemos aquí en ciudad de Guatemala”, afirmó Edy Rodríguez, taxista capitalino.

Mientras tanto, el gobierno guatemalteco ha reiterado su compromiso de esclarecer los hechos violentos y mantener operativos conjuntos entre la Policía y el Ejército en distintos barrios de la capital.

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