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Centroamérica

AmCham reúne a líderes para discutir cumplimiento legal en la era digital

La Cámara Americana de Comercio de El Salvador (AmCham) celebró ayer la segunda edición del Legal Summit 2025, un evento que congregó a líderes del ámbito jurídico, político y empresarial en el Hotel Sheraton Presidente. El encuentro se centró en los retos regulatorios que enfrentan las organizaciones en un contexto marcado por la transformación digital.

Uno de los paneles más relevantes fue “Fintech & Compliance en El Salvador: Innovar sin romper las reglas”, moderado por el periodista Kevin Rivera, especialista en tecnología financiera y activos digitales. El panel reunió a expertos como Fernando Montano y Mario Lozano, socios de la firma legal Arias, y Erick Chacón, presidente de Asafintech y de la Alianza Fintech Iberoamérica.

Durante el panel, los expertos coincidieron en la necesidad de que las fintech incorporen el cumplimiento normativo desde las etapas iniciales de sus productos y servicios. Se abordaron temas como el registro obligatorio como Proveedores de Servicios Digitales ante la Superintendencia del Sistema Financiero, las políticas de prevención de lavado de dinero y el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales.

El marco legal que ha posicionado a El Salvador como un referente en la región también fue parte de la discusión, con énfasis en la Ley Bitcóin, que reconoce esta criptomoneda como de curso legal, y la Ley de Emisión de Activos Digitales, que regula la emisión de tokens digitales y establece parámetros claros para emisores, custodios y plataformas.

Para Erick Chacón, este es un momento estratégico para el ecosistema: “En El Salvador estamos viviendo un momento clave donde los reguladores están más abiertos al diálogo, y eso nos obliga como fintechs a ser proactivos en la construcción de confianza jurídica”. También resaltó que el país cuenta con uno de los ecosistemas fintech más grandes de la región, con cerca de 200 empresas activas.

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Centroamérica

Daniel Ortega cierra la puerta a nuevos comicios en Nicaragua tras décadas de concentración política

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, anunció que en el país no volverán a celebrarse elecciones, una decisión que profundiza el control político que su gobierno ha consolidado desde su regreso al poder en 2007 y que ha sido cuestionado por organismos internacionales y sectores de la oposición.

Durante el acto conmemorativo por el 47 aniversario de la Revolución Sandinista, el mandatario afirmó que Nicaragua no volverá a realizar procesos electorales que, según sus palabras, permitan a la oposición “atrapar el Gobierno” o “atrapar el poder”.

“En Nicaragua no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos atrapar el Gobierno, atrapar el poder”, declaró Ortega durante su discurso.

El gobernante nicaragüense, de 80 años, dirige el país junto a su esposa Rosario Murillo, quien asumió el cargo de copresidenta en febrero de 2025 tras una reforma constitucional que modificó la estructura del poder ejecutivo.

El retorno de Ortega a la Presidencia fue posible luego de una reforma electoral derivada de un acuerdo político alcanzado en 1999 con el expresidente Arnoldo Alemán. Ese cambio redujo del 45 % al 35 % el porcentaje mínimo de votos requerido para ganar en primera vuelta, permitiendo que Ortega triunfara en las elecciones de 2006 con el 37,99 % de los sufragios.

Otro punto clave en su permanencia en el poder ocurrió en 2009, cuando magistrados de la Sala Constitucional declararon “inaplicable” el artículo de la Constitución que prohibía la reelección presidencial consecutiva. Esta decisión abrió el camino para que Ortega buscara nuevamente la Presidencia en 2011, un proceso que posteriormente fue señalado por denuncias de irregularidades.

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Más recientemente, en enero de 2026, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) concluyó que la falta de integridad del proceso electoral favoreció la continuidad de Ortega en el poder.

El anuncio de suspender futuras elecciones representa un nuevo giro en la política nicaragüense y aumenta las críticas de sectores opositores y organizaciones internacionales que señalan un deterioro de las instituciones democráticas del país.

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Centroamérica

PNC de Guatemala detiene a salvadoreño acusado de robo tras salir de prisión

La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala informó la captura de un ciudadano salvadoreño identificado como Douglas Estrada, de 30 años, alias “Zapatón”, señalado por el delito de robo de equipo terminal móvil (celular).

La detención se realizó en el asentamiento La Línea, zona 4 de Escuintla, en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida por un caso de robo, según detallaron las autoridades guatemaltecas.

La PNC indicó que Estrada había recuperado su libertad en febrero pasado, luego de cumplir una condena en la Granja Penal Canadá de Escuintla, también por un delito relacionado con robo de equipo terminal móvil.

Además, las autoridades señalaron que el detenido cuenta con antecedentes por ebriedad, escándalo y faltas contra las buenas costumbres.

Tras su captura, el acusado será puesto a disposición de un juzgado de Escuintla, donde deberá enfrentar el proceso penal correspondiente por el nuevo caso de robo. Mientras avanza la investigación de la Fiscalía guatemalteca, permanecerá bajo custodia.

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Centroamérica

Tres sudamericanos reciben 15 años de prisión por tráfico ilícito de drogas en El Salvador

Tres ciudadanos sudamericanos fueron condenados a 15 años de prisión por el delito de tráfico ilícito de drogas, luego de una vista pública realizada por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador.

Los sentenciados fueron identificados como Rubén Darío Acevedo Cedeño e Hipólito Perlaza Moreno, ambos de nacionalidad ecuatoriana, y el colombiano Nolberto Valencia Arroyo.

De acuerdo con las autoridades, los tres hombres fueron capturados cuando se movilizaban a bordo de una Embarcación de Bajo Perfil (LPV), también conocida como semisumergible, utilizada para el traslado de drogas por organizaciones criminales.

La embarcación fue interceptada por un equipo de la Fuerza de Tarea Naval Tridente (FTNT) de la Marina Nacional, a unas 600 millas náuticas al suroeste de la Bocana El Cordoncillo, en el Estero de Jaltepeque, departamento de La Paz.

Las autoridades explicaron que los LPV son naves modificadas empleadas por estructuras dedicadas al narcotráfico para evadir los sistemas de detección marítima, debido a que navegan a poca altura sobre el nivel del agua y mantienen expuesta únicamente una pequeña parte de su estructura.

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La condena forma parte de las acciones contra el tráfico internacional de drogas y el uso de rutas marítimas para el traslado de sustancias ilícitas en la región.

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